El vocal de la Mesa Nacional de la AFIP, Andrés Molina, expresa la preocupación de los empleados tras los recientes anuncios del Gobierno Nacional que estigmatizan el trabajo de la entidad y generan incertidumbre en el sector.
En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Andrés Molina, vocal de la Mesa Nacional de la AFIP y secretario de Finanzas de la seccional Comodoro Río Rivadavia, ha salido a defender la labor de los empleados del organismo luego de que se emitieran declaraciones que los catalogan como “burócratas” que persiguen a los ciudadanos.
Molina expresó su sorpresa ante lo que calificó como una “bomba atómica” lanzada por el vocero presidencial. “No creíamos que se fuera a dar en este momento, en medio de un blanqueo que falta terminar”, comentó, refiriéndose a la reciente campaña del Gobierno para promover la regularización de deudas fiscales. Según Molina, las declaraciones del Gobierno han generado preocupación y enojo entre los trabajadores de la AFIP, que se sienten maltratados y estigmatizados.
La reacción gremial no se hizo esperar; Molina mencionó que se emitió un comunicado titulado “Disolución de la AFIP, un premio a los evasores”, en el que se aclararon varios puntos importantes sobre la situación actual. “Hemos tomado esta determinación porque hay un falso planteo sobre ingresos irregulares que no se sostiene”, afirmó, defendiendo la integridad de los empleados que han ingresado al organismo en los últimos años de acuerdo a los procedimientos establecidos.
El dirigente gremial señaló que el ataque del Gobierno no solo afecta la imagen de la AFIP, sino que también tiene un impacto directo en la capacidad de recaudación del Estado. “El desarme de la AFIP es peligroso, ya que debilita nuestra capacidad de fiscalización y combate al trabajo en negro”, advirtió. Molina también destacó que, a pesar de la digitalización y modernización del organismo, siempre se necesita personal para llevar a cabo las tareas de control.
La situación ha comenzado a tener repercusiones inmediatas. En aeropuertos como Ezeiza, se ha notado una disminución en la cantidad de personal de control, lo que ha generado largas filas y malestar entre los usuarios. “Ya se notó el impacto, en vez de tener 10 escáneres, ahora hay solo 3, lo que afecta la atención al público”, explicó Molina.
Con alrededor de 20.000 empleados en la AFIP, de los cuales 15.000 pertenecen a la Dirección General Impositiva (DGI), la preocupación por el futuro del organismo es palpable. “Estamos en asamblea en todo el país, y estamos evaluando las medidas a seguir”, comentó, señalando que el malestar es generalizado y que se están considerando acciones más contundentes si la situación no mejora.
Molina concluyó enfatizando que el mensaje del Gobierno es confuso y contradictorio, especialmente en un momento en que se necesita fortalecer la contribución para enfrentar el déficit fiscal. “El contribuyente común también se verá afectado, ya que la reducción de personal y recursos impactará en la calidad del servicio que ofrecemos”, sentenció.
Con una clara defensa de la fiscalizadora laboral de la AFIP y un llamado a la reflexión sobre las consecuencias de las decisiones gubernamentales, Andrés Molina se posiciona como una voz firme en la lucha por la dignidad y el reconocimiento del trabajo de los empleados del organismo.
