La industria textil en Tierra del Fuego enfrenta una nueva crisis tras la oficialización del cierre de Barpla. Australtex y Fabrisur, las empresas más grandes del sector en la Provincia, se encuentran en la mira por problemas de documentación ante la Secretaría de Industria, lo que ha generado una serie de suspensiones y controversias. Roberto López, Secretario General de la Asociación Obrera Textil, expresó preocupación por la situación y advirtió sobre la urgencia de resolver estos conflictos.
La reciente confirmación del cierre de Barpla representa un nuevo golpe para la industria textil en Tierra del Fuego, generando gran incertidumbre entre los trabajadores y las autoridades sindicales. Además de esta situación, las empresas Australtex y Fabrisur se encuentran bajo revisión de la Secretaría de Industria, a raíz de incidentes administrativos vinculados con la documentación necesaria para continuar operando bajo los beneficios de la ley de promoción industrial.
Según manifestó Roberto López, Secretario General de la Asociación Obrera Textil, en declaraciones a FM La Isla, ambas compañías presentaron los documentos solicitados dentro del plazo reglamentario de 20 días, aunque ahora deben esperar la respuesta de Industria Nación, la cual cuenta con un plazo de hasta 60 días para emitir una resolución. . “Las empresas aseguraron haber cumplido con todos los requisitos, pero existe una discrepancia en la interpretación del plan de pagos, lo que ha generado esta situación de incertidumbre”, explicó López.
La situación en Australtex es compleja. La planta se encuentra actualmente parada, afectada tanto por el proceso administrativo en curso como por conflictos en la interpretación de las normativas laborales. Según López, los empleados de Australtex recibieron vacaciones compulsivas sin el preaviso legal de 45 días, lo que llevó al gremio a solicitar que estas vacaciones se reconsideren como suspensiones laborales. Tras varias audiencias con la empresa, se logró acordar que las suspensiones serán pagadas al 75% del sueldo bruto, quedando pendientes nuevos encuentros para formalizar estos términos.
Fabrisur enfrenta condiciones similares, con expectativas de resolución en los próximos meses. Ambas empresas, grandes generadoras de empleo en la región, se enfrentan así un futuro incierto que afecta a cientos de familias fueguinas.
El cierre de Barpla ha generado conflicto entre la empresa y sus trabajadores, especialmente en lo que respeta al pago de indemnizaciones. La compañía ha propuesto indemnizar a los trabajadores al 50% de lo correspondiente, aplicando el artículo 247, el cual se usa en casos de fuerza mayor o cierre de empresas por causas justificadas. Sin embargo, López señaló que la empresa no ha presentado justificaciones legales suficientes para aplicar esta modalidad, lo que podría llevar a un conflicto judicial si no se logra un acuerdo en la audiencia final pactada para el lunes próximo.
López afirmó que el sindicato rechazará cualquier indemnización que no sea del 100%, y explicó que, en caso de desacuerdo, los trabajadores podrán recurrir a la justicia provincial. Este tipo de conflictos recuerda el reciente fallo a favor de empleados de otra textil local, que también cerró y había propuesto una reducción de las indemnizaciones.
Incertidumbre en el sector textil de Tierra del Fuego
En medio de este complejo panorama, López advirtió que la crisis de la industria textil fueguina puede verse agravada si no se resuelven prontamente los problemas administrativos con la Secretaría de Industria. Además, señaló la posibilidad de un “lobby” en sectores de poder que buscan influir en las políticas industriales de la región, priorizando el cierre de las fábricas de mayor escala y manteniendo solo aquellas de menor tamaño, como Cordonsed y la hilandería de Ushuaia. , las cuales, según el sindicalista, “no representan una verdadera amenaza para el lobby del continente”.
“Estamos preocupados porque las empresas ya hicieron las presentaciones y lo que se necesita ahora es una respuesta de la Secretaría de Industria. Lo que necesitamos es una resolución rápida para evitar el colapso de un sector que da trabajo a millas de familias en Tierra del Fuego”, concluyó López.