El arco combativo del movimiento obrero eligió sendas jornadas de protesta para trazar una hoja de ruta propia, desmarcándose del rumbo dialoguista de la CGT, mientras las dos centrales sindicales mayoritarias definieron un paro nacional para el próximo 22 de mayo.
En una jornada atravesada por la fragmentación política y sindical, la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores adquirió ayer un tinte predominantemente crítico hacia la administración de Javier Milei, aunque con marcadas diferencias de estrategia entre las diversas corrientes del arco gremial. Mientras las conducciones tradicionales del movimiento obrero organizado optaron por un acto conjunto en territorio bonaerense, las vertientes más beligerantes del sindicalismo y la izquierda parlamentaria aprovecharon la fecha para instalar la necesidad de escalar las medidas de fuerza y transitar de una fase defensiva a una etapa de «ofensiva popular» contra el programa de ajuste fiscal y desregulación económica impulsado por el Ejecutivo nacional.
El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) concentró sus fuerzas en la emblemática Plaza de Mayo, desde donde sus principales referentes parlamentarios y dirigentes sociales lanzaron encendidas proclamas contra el rumbo económico del Gobierno, al que calificaron como un plan sistemático de entrega del patrimonio nacional y de sometimiento a los designios del capital financiero internacional. En paralelo, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que también integra el FIT aunque con una dinámica política propia, escogió el estadio de Ferrocarril Oeste como escenario para su celebración, congregando a decenas de trabajadores provenientes de fábricas recuperadas, cooperativas y sindicatos de base en conflicto.
La fractura de la izquierda en dos actos diferenciados evidenció las tensiones internas que atraviesan al espectro trotskista argentino, aunque ambas facciones coincidieron en un diagnóstico central: la administración de Milei representa una avanzada sin precedentes contra los derechos laborales, el salario y las conquistas históricas del movimiento obrero. Desde el palco montado frente a la Casa Rosada, los oradores del FIT arremetieron contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y contra la Ley Bases aún en discusión parlamentaria, señalando que ambos instrumentos normativos buscan desguazar el Estado, flexibilizar el régimen de contrataciones y allanar el camino para una privatización salvaje de las empresas públicas.
Por su parte, el PTS puso el acento en la necesidad de articular un plan de lucha nacional que conecte los reclamos sectoriales con una perspectiva anticapitalista, y cuestionó el acompañamiento de los gobernadores peronistas a ciertos artículos del paquete de leyes enviado por el Poder Ejecutivo. Los discursos en ambos escenarios estuvieron salpicados de consignas como «ni un derecho menos» y «que se vayan todos», en clara alusión no solo a la figura presidencial sino también a las dirigencias sindicales que, a juicio de los oradores, han optado por la negociación en lugar de la confrontación directa.
El contrapunto más relevante de la jornada, sin embargo, no se dio exclusivamente en el terreno de la izquierda partidaria, sino en el seno mismo del sindicalismo combativo, nucleado en torno al Frente de Sindicatos Unidos (FRESU). Esta articulación gremial, que reúne a más de 140 organizaciones de base y seccionales disidentes de poderosos sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el gremio de Aceiteros, celebró su propio acto en la localidad bonaerense de Pilar, donde sus delegados redactaron lo que denominaron un «programa de los trabajadores» destinado a superar la lógica de la resistencia y dar paso a una fase ofensiva.
El documento surgido de aquel cónclave plantea desconocer la institucionalidad paritaria impuesta por el Gobierno, rechazar cualquier techo salarial y avanzar hacia una coordinación nacional de acciones directas que incluya ocupaciones de fábricas, cortes de rutas y paros renovables por tiempo indeterminado. La consigna que unificó a las bases presentes en Pilar fue la necesidad de «ponerle el cuerpo» a las políticas de ajuste y no delegar en las cúpulas gremiales tradicionales la definición de los tiempos y las modalidades de la protesta, en una clara diferenciación con la estrategia implementada hasta ahora por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Mientras estos sectores pugnaban por radicalizar los métodos de confrontación, las dos centrales sindicales más importantes del país —la CGT y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)— realizaron una convocatoria unificada en la ciudad de Ensenada, donde anunciaron formalmente una Jornada Nacional de Lucha para el próximo 22 de mayo. Dicha jornada incluirá un cese total de actividades y movilizaciones convergentes hacia los centros de las principales urbes del territorio nacional, en lo que constituirá la primera medida de fuerza nacional contra la gestión de Milei con el respaldo explicito de las burocracias sindicales mayoritarias.
Los secretarios generales de ambas centrales evitaron sin embargo pronunciarse a favor de un plan de lucha abierto y prefirieron enmarcar el paro en un esquema de negociación paulatina, con la esperanza de forzar al Gobierno a reabrir las discusiones paritarias y a revisar algunos de los puntos más lesivos del mega DNU. Esta posición fue interpretada por los gremios combativos como una claudicación táctica y una suerte de «paro anunciado sin vocación de triunfo», tal como lo expresaron desde el escenario del FRESU, donde se reclamó a los dirigentes de la CGT que «dejen de pedir audiencias en el Ministerio de Capital Humano y empiecen a organizar la toma de los lugares de trabajo».
La fragmentación del campo opositor gremial no implicó, sin embargo, una atenuación del clima de confrontación política. Por el contrario, los discursos en todas las jornadas coincidieron en diagnosticar una crisis de representación del sindicalismo tradicional y en exigir medidas de fuerza de mayor envergadura que las habituales protestas callejeras sin costo efectivo para el poder económico. El eco de aquella exigencia resonó con particular intensidad en el cierre del acto de Plaza de Mayo, donde una columna de trabajadores de la economía popular y de servicios públicos degradados —como salud y educación— corearon consignas que vinculaban la suerte del Gobierno con la continuidad de un plan de ajuste que, advirtieron, «no hará más que profundizar la pobreza y la desigualdad».
En el extremo opuesto del arco sindical, algunos dirigentes dialoguistas prefirieron no asistir a ninguno de los actos o enviaron representantes de segunda línea, en una señal de que la conmemoración del 1° de Mayo encontró al movimiento obrero argentino más dividido que en años recientes pero, paradójicamente, unificado en torno a un diagnóstico negativo del rumbo económico y social. Resta ahora saber si aquel diagnóstico compartido será capaz de traducirse en una estrategia común de movilización o si, por el contrario, las diferencias tácticas y las disputas por la representación terminarán diluyendo la potencia de un reclamo que, juzgado por la temperatura discursiva de ayer, parece destinado a escalar en las próximas semanas.
