Legisladores de La Libertad Avanza visitando a represores en el penal de Ezeiza y, medio año más tarde, la falta de sanciones evidencia una preocupante orientación del gobierno de Javier Milei hacia la impunidad. Organismos de derechos humanos advierten sobre el desmantelamiento de políticas clave y el peligroso avance del negacionismo.
El 11 de julio de 2024 , seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) protagonizaron un hecho que continúa generando conmoción: ingresaron al penal de Ezeiza con sus teléfonos celulares para mantener una reunión amigable con represores condenados por crímenes de lesa humanidad. Los visitantes posaron para una fotografía grupal con los criminales, gesto que los organismos de derechos humanos interpretaron como la confirmación de un plan de impunidad en marcha.
Seis meses después, no ha habido respuestas institucionales contundentes ni judiciales que frenen este avance. Mientras tanto, decisiones judiciales recientes y la política de desmantelamiento de derechos humanos implementada por el gobierno de Javier Milei generan alarmas en sectores sociales y políticos.
Un plano en penumbras
La reunión en Ezeiza expuso un núcleo activo de apoyo a los represores , integrado por figuras como el cura Javier Olivera Ravasi, los abogados Laura Olea y Ricardo Saint Jean, y el exjuez Eduardo Riggi. Según los chats revelados por la diputada Lourdes Arrieta, quien posteriormente se distanció del grupo, esta red buscaba estrategias para lograr la liberación de los detenidos.
El encuentro de julio no fue un hecho aislado. En marzo, dos diputados de la misma agrupación habían visitado la Unidad 34 de Campo de Mayo. Estas reuniones contaron con conexiones directas con figuras como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y el jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez.
Irregularidades y falta de sanciones
El ingreso al penal estuvo marcado por irregularidades administrativas , como informes contradictorios emitidos por el SPF. Una causa penal en Lomas de Zamora , impulsada por el juez Daniel Obligado, apunta contra estas anomalías, pero avanza lentamente.
Para Pablo Llonto , abogado querrellante en causas vinculadas, la falta de sanciones evidencia un preocupante desinterés político y judicial : “Es uno de los actos más antidemocráticos del año, y que aún no haya respuestas refleja una época de desidia institucional”.
Silencios y complicidades
El tema fue perdiendo espacio en la agenda pública y legislativa, mientras actores clave, como la vicepresidenta Victoria Villarruel , evitan pronunciarse. Según Carlos Pisoni, referente de HIJOS Capital, esta pasividad confirma la existencia de un plan deliberado para liberar a los genocidas .
La socióloga Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA, advierte que la estrategia oficial incluye blanquear la imagen de los represores y promover su reivindicación social , junto con la destrucción de políticas públicas dedicadas a la memoria y la justicia.
Retrocesos concretos
Los últimos meses han mostrado un avance sostenido en esta dirección. El gobierno cerró el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y desmanteló la unidad especial de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) , que se dedicaba a buscar a los niños apropiados durante la dictadura.
Para Guillermo Pérez Roisinblit , nacido en la ESMA y nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, estos retrocesos son una afrenta directa: “El ataque a las Abuelas busca justificar lo injustificable, el robo de bebés y el cambio de identidad”.
Un llamado a la resistencia
Desde los organismos de derechos humanos insisten en la necesidad de legislar contra el negacionismo y fortalecer los marcos que protegen la memoria y la justicia. Según la legisladora Victoria Montenegro, es crucial construir una estrategia que enfrente las acciones de odio y siente las bases para revertir este panorama: “Nos toca prepararnos para impedir retrocesos tan violentos como los actuales”.
A medio año de los hechos, lo que queda claro es que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia enfrenta uno de sus desafíos más duros desde el regreso de la democracia.
