En declaracione a FM del Pueblo, el legislador de Provincia Grande, C.P. Matías Lapadula, analizó los recientes anuncios del Gobierno Nacional sobre la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y los calificó como «confusos» y «poco efectivos». Lapadula, desmitificó varias de las afirmaciones hechas por el Gobierno, especialmente aquellas relacionadas con el supuesto «monopolio» de la revisión técnica y los cambios en los plazos de verificación.
Lapadula criticó la forma en que el Gobierno ha comunicado sus medidas. «Estos anuncios grandilocuentes que nos tienen acostumbrados por Twitter, sin dar muchas especificaciones, realmente confunden a la gente», afirmó. El legislador destacó que, aunque el Gobierno habla de terminar con el «monopolio» de la RTO, la realidad es que todos los talleres de revisión técnica en el país son privados. «En primer lugar, somos particulares. No es un monopolio», aseguró.
Respecto a los cambios en los plazos de verificación, Lapadula explicó que el Gobierno Nacional no tiene jurisdicción para modificar los plazos de la RTO en vehículos particulares, ya que esta competencia recae en las provincias. «Lo que disponen sobre los vehículos particulares es un llamado a quien tiene jurisdicción para legislar sobre el asunto, que son las provincias o las jurisdicciones locales», señaló. Hasta el momento, ninguna provincia ha adherido a estas modificaciones, lo que hace que los anuncios del Gobierno carezcan de efecto real.
El legislador también denunció un «vaciamiento» del sistema de control en materia de transporte. «Lo que vemos es un vaciamiento del sistema donde las auditorías cada vez son menos, no hay firma ni control en la CNRT», afirmó. Según Lapadula, este debilitamiento del control estatal no solo afecta a las empresas de transporte, sino también a los talleres de RTO, que están sujetos a supervisión y posibles sanciones. «Hoy ese contralor está desaparecido», lamentó.
Lapadula desmintió la idea de que la RTO sea un «curro» y explicó que los costos del servicio están justificados por las inversiones necesarias para operar. «Las inversiones son muy importantes. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que adquirir nuevos sistemas de revisión técnica que costaron 10 mil dólares por línea», detalló. Además, señaló que el funcionamiento de un centro de revisión técnica requiere de personal especializado y equipos costosos, lo que se refleja en el precio del servicio.
El legislador comparó el costo de la RTO con otros gastos asociados al transporte, como los seguros y el combustible, y concluyó que la revisión técnica representa una fracción mínima del costo total. «La RTO son 60 mil pesos cada tres años. En comparación con el seguro, el combustible y otros gastos, es ínfimo», afirmó.
Lapadula también defendió la importancia de la RTO para la seguridad vial. «El 20% de los vehículos salen rechazados, y el 82% de esos rechazos son por deficiencias en los frenos o el tren delantero», explicó. El legislador advirtió que extender los plazos de verificación podría aumentar el número de vehículos en mal estado circulando en las calles. «Si prorrogamos la revisión, lo que estamos haciendo es permitir que un 20% del parque automotor circule en condiciones inseguras», alertó.
Finalmente, el contador criticó la forma en que el Gobierno ha comunicado sus medidas, generando confusión en la población. «La gente cree que ya no hay que hacer la RTO, pero eso no es cierto», afirmó. El legislador destacó que, hasta que las provincias no adhieran a los cambios anunciados, las reglas actuales siguen vigentes. «Por ahora, le decimos a las personas que deben hacer la RTO. Es una forma de advertir que su vehículo está o no está en condiciones», concluyó.
En resumen, Lapadula desmontó varios de los argumentos del Gobierno Nacional sobre la RTO, destacando la falta de claridad en los anuncios, el vaciamiento del sistema de control y la importancia de la revisión técnica para la seguridad vial. Además, subrayó que los cambios propuestos no tienen efecto real sin la adhesión de las provincias, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
