El informe anual del organismo interamericano señalan retrocesos preocupantes en independencia judicial, libertad de expresión y políticas de memoria, al tiempo que destaca un aumento de denuncias por violaciones a derechos económicos, sociales y culturales durante el último año.
En un pronunciamiento que sacude las certezas diplomáticas del gobierno libertario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de encender todas las alarmas al describir una combinación letal que impregna la gestión del actual mandatario argentino. Según el último informe anual del organismo, recientemente publicado, el país atraviesa un periodo signado por el retroceso en el acceso a derechos fundamentales, la erosión de la libertad expresiva y el debilitamiento de las políticas orientadas a la construcción de Memoria, Verdad y Justicia. Lo que antaño posicionaba a la nación austral como un faro en la región —por su compromiso con las garantías básicas— ha comenzado a desvanecerse bajo la lógica del ajuste permanente y la desregulación institucional.
El documento, que cada año examina la evolución de la protección de derechos humanos en el continente, revela que Argentina se ubica entre los Estados que concentraron la mayor cantidad de solicitudes de intervención ante la Comisión. La mayoría de esos pedidos, precisa el texto, denuncian quebrantamientos a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, un apartado que el organismo identifica bajo las siglas DESCA. Ya no se trata solo de un malestar doméstico: la inquietud ha cruzado fronteras y se ha instalado en la agenda del sistema interamericano.
Uno de los puntos más candentes que subraya el informe gira en torno a la autonomía del Poder Judicial. La CIDH sostiene que el Estado argentino enfrenta desafíos significativos para sostener la independencia de los jueces y la fortaleza de las estructuras dedicadas a la promoción de derechos humanos, en particular ante el cierre o la reconfiguración de programas orientados a género, diversidad, memoria histórica y pueblos originarios. La decisión presidencial de nombrar a dos magistrados en comisión en la Corte Suprema de Justicia —Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo— generó especial alarma, sobre todo en un contexto donde el Ejecutivo avanza con designaciones discrecionales de fiscales, defensores y jueces, al tiempo que impulsa iniciativas para reducir la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
El organismo interamericano no escatimó en calificativos al describir la situación de los sectores más vulnerables. Se observaron retrocesos en la seguridad social de las personas mayores, aquellas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, mientras se multiplicaron las denuncias por empleo desmedido de la fuerza pública en protestas pacíficas. Además, alertaron que diversas reformas legales e iniciativas en materias de seguridad ciudadana y movilidad humana amenazan directamente la vigencia de los derechos humanos. Cuando los afectados salen a reclamar, señaló el informe, se topan con una estructura represiva que durante gran parte del año pasado estuvo comandada por Patricia Bullrich y que ahora continúa su segunda al mando, Alejandra Monteoliva.
El organismo internacional puso especial énfasis en la jornada del 12 de marzo pasado, cuando el fotógrafo Pablo Grillo estuvo al borde de perder la vida tras recibir un disparo de gas lacrimógeno directo en la cabeza por parte del gendarme Héctor Guerrero. Ese mismo día resultó agredida la jubilada Beatriz Blanco, cuyo caso fue mencionado explícitamente en el informe. Añadió la CIDH que durante aquellas horas también se verificaron ataques directos contra periodistas y trabajadores de la prensa, un síntoma más del clima hostil hacia la libertad de expresión.
La célebre “motosierra” que blande el mandatario como emblema de su gestión no goza, según la Comisión, de buena reputación en el sistema interamericano. El Estado, remarcó el texto, cerró o desarticuló políticas públicas e instituciones vinculadas a los derechos humanos tanto en el nivel nacional como en jurisdicciones provinciales y municipales. Ese desmantelamiento, advirtió, se enmarca en una política deliberada de ajuste social, recorte del gasto público y reorganización estatal por parte del Poder Ejecutivo. La motosierra, leída desde esta óptica, no solo corta gasto: amputa garantías.
En materia de seguridad ciudadana, el informe puso la lupa sobre la reforma por decreto del estatuto de la Policía Federal Argentina, promovida por Bullrich, que creó un Departamento Federal de Investigaciones con pretensiones de emular al Buró Federal de Investigaciones estadounidense. La CIDH advirtió que esa modificación habilita el ciberpatrullaje y tareas de inteligencia en redes sociales, además de otorgar a los efectivos la potestad para detener sin orden judicial —una práctica que organismos locales como el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Provincial por la Memoria y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional vienen denunciando sistemáticamente.
En el capítulo reservado a Memoria, Verdad y Justicia, la Comisión interamericana saludó que Abuelas de Plaza de Mayo lograra restituir la identidad de los nietos número 139 y 140 durante 2025, y también citó estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad que indican que más de 1200 personas fueron condenadas por delitos vinculados al terrorismo de Estado. Sin embargo, la administración libertaria hizo méritos suficientes para obstaculizar esos avances mediante el despido de personal especializado, la clausura de áreas enteras y restricciones presupuestarias severas. El propio Ministerio de Justicia, en un informe remitido al Congreso, afirmó que el país mantiene una posición sostenida en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, pero la evidencia recogida por la CIDH indica lo contrario.
El organismo expresó su preocupación por la delicada situación del Banco Nacional de Datos Genéticos, no solo por el desfinanciamiento sino también por el decreto que buscó quitarle la autonomía y autarquía a esa institución creada en tiempos de Raúl Alfonsín para identificar a los nietos buscados por Abuelas. Ese decreto, vale recordar, fue finalmente rechazado por el Congreso y quedó sin efecto. No menos grave resultó para la Comisión el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, decidido por el entonces secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, quien además nombró a su profesor de bajo como director de la institución mientras el espacio permanecía clausurado. Tampoco fue bien recibida la unificación del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio ESMA bajo la órbita del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, una maniobra que se concretó en mayo del año pasado junto con la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos —un claro mensaje sobre la escasa prioridad que la gestión mileísta asigna a esta agenda.
La alarma más reciente, sin embargo, tiene que ver con el intento de destruir documentación militar relevante para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos. La CIDH se refiere al traslado del archivo de la Armada Argentina y la habilitación de su trituración, todo manejado en secreto, un hecho que derivó en una denuncia penal presentada por el fiscal Félix Crous, quien interviene en los juicios por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. La periodización del informe, centrada en lo ocurrido durante 2025, deja en claro que el deterioro no es una percepción subjetiva sino una constatación documentada que ahora reposa en los anales del sistema interamericano de derechos humanos.
