El ministro Federico Sturzenegger promueve la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes, una vieja aspiración de investigadores locales, pero en medio del ajuste a la ciencia, los principales beneficiarios serían los laboratorios estadounidenses, según advierten especialistas.
En las últimas semanas, el funcionario a cargo de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha puesto en marcha una iniciativa que promete modificar profundamente el entramado de la propiedad intelectual en el país. Se trata del impulso decidido para que la Argentina se incorpore al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT, por su denominación en inglés), un mecanismo internacional que simplifica y centraliza los trámites para proteger invenciones en múltiples naciones mediante una sola solicitud.
Aunque esta medida ha sido presentada como una respuesta a un antiguo reclamo del colectivo científico local, que durante años demandó herramientas más ágiles para resguardar sus desarrollos en el exterior, el contexto actual genera serias dudas sobre sus reales beneficiarios. La profunda retirada del respaldo estatal a la actividad científica y tecnológica, evidenciada en la desfinanciación crónica del sistema de investigación, torna el escenario particularmente asimétrico. Mientras los creadores nacionales luchan por sostener sus laboratorios con recursos menguantes, las grandes corporaciones trasnacionales cuentan con departamentos legales y económicos listos para aprovechar cualquier ventana normativa.
El corazón del cambio reside en que la eventual aceptación del PCT por parte del Congreso argentino —tal como aspira el oficialismo— allanaría el camino para que tanto los científicos del Conicet como los inventores foráneos puedan patentar sus creaciones en el territorio nacional con una burocracia reducida. No obstante, en la práctica, serían los grandes laboratorios extranjeros, especialmente los estadounidenses, los más posicionados para capitalizar esta facilidad. Estas firmas vienen presionando desde hace años para expandir sus negocios en la región y ven en la Argentina un mercado potencialmente lucrativo, siempre que las barreras regulatorias a la propiedad intelectual se rebajen.
La administración de Javier Milei ha hecho de esta adhesión una de sus metas regulatorias prioritarias. El plan incluye no solo la suscripción del tratado, sino también una modificación a la Ley de Patentes vigente, sancionada a mediados de la década de 1990, para alinearla con los estándares internacionales exigidos por el sector privado más concentrado. Detrás de este movimiento se advierte la fuerte influencia de los reclamos históricos de Estados Unidos, que hasta hace muy poco tiempo incluía a la Argentina en una lista oficiosa de naciones “que no respetan cabalmente la propiedad intelectual”. Para el gobierno libertario, mantenerse al margen de esa demanda del poderoso socio del norte conllevaría un costo político y comercial que considera inasumible.
De esta manera, lo que se presenta como una modernización del sistema de patentes es interpretado por numerosos especialistas como una concesión estratégica al poder corporativo global, en un momento en que la ciencia doméstica atraviesa una de sus horas más críticas en cuanto a financiamiento y autonomía. La discusión, que deberá saldar el Parlamento, promete encender las alarmas entre quienes defienden un desarrollo tecnológico con arraigo local y soberanía sobre los frutos del conocimiento.
