El contratista Matías Tabar declaró bajo juramento en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni. Las mejoras en la vivienda ubicada en un exclusivo club de campo duplicaron el valor declarado de la propiedad, mientras el funcionario evitaba desmentir en conferencia de prensa el pago de sobresueldos en el Estado.
En una jornada que prometía ser polémica desde el amanecer, un nuevo capítulo se sumó a la investigación judicial que sacude los cimientos del poder ejecutivo nacional. El contratista Matías Tabar, socio activo del estudio Alta Arquitectura, confirmó este lunes ante la magistratura que percibió la suma de 245.000 dólares en moneda corriente y de manera completamente opaca para ejecutar una serie de refacciones en el inmueble campestre que posee Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, dentro del afamado barrio cerrado Indio Cua, situado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Citado en calidad de deponente dentro del expediente que investiga el patrimonio del alto funcionario, señalado por el delito de enriquecimiento ilícito, Tabar prestó declaración jurada comprometiéndose a exponer la verdad de los hechos. Su relato, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, resultó demoledor: las tareas llevadas a cabo no fueron menores. Los trabajos abarcaron desde la colocación de solados y revestimientos murales hasta la construcción de un sector destinado a reuniones al aire libre, una piscina y un artificio acuático semejante a una cascada en el jardín trasero de la vivienda.
El monto involucrado en las mejoras resulta particularmente llamativo si se lo compara con el costo original del inmueble, ya que supera con creces los 120.000 dólares que, según constancias previas, Adorni habría abonado para adquirir la propiedad. La residencia en cuestión fue puesta a nombre de Bettina Angeletti, cónyuge del funcionario, en noviembre del año pasado, un detalle que encendió las alarmas del denunciante, el abogado Santiago Pagano, quien amplió la acusación por supuesto enriquecimiento patrimonial.
En un giro aún más perturbador, la declaración del contratista coincidió con la misma fecha en que el Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con una controvertida medida que restringía el acceso de la prensa a la sala de conferencias de la Casa Rosada. Allí, en un clima de tensión contenida, Manuel Adorni dio una conferencia ante los periodistas acreditados. Consultado específicamente sobre una publicación dominical del diario Clarín que daba cuenta de presuntos sobresueldos percibidos por funcionarios y asesores del Ejecutivo al margen de todo registro oficial, el jefe de Gabinete evitó tajantemente desmentir la existencia de esos pagos en negro. A pesar de la insistencia de los cronistas, sus respuestas se mantuvieron en un terreno escurridizo, sin ofrecer una negativa rotunda ni certezas sobre la legalidad de los haberes complementarios.
El contraste entre el flujo de dinero obscuro destinado a reformas suntuarias en su residencia privada y la opacidad deliberada en respuesta a cuestionamientos sobre la ética salarial en la administración pública dejó un reguero de interrogantes que, por ahora, el funcionario prefiere no disipar.
