Mientras el Gobierno Nacional ultima los detalles del decreto que reglamentará el nuevo sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), especialistas y talleres autorizados advierten sobre la falta de claridad y los posibles retrocesos en materia de seguridad vial. Fernando Lapadula, titular de un taller habilitado en Tierra del Fuego, analiza los impactos y las contradicciones de una medida que, según él, genera más incertidumbre que soluciones.
El Gobierno Nacional se encuentra en la etapa final de redacción del decreto que reglamentará el nuevo sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), un cambio que promete modificar el esquema actual de controles técnicos para automóviles en todo el país. Sin embargo, la falta de detalles concretos y la posible injerencia en jurisdicciones provinciales han generado críticas y preocupaciones entre los actores directamente involucrados en el sector.
Fernando Lapadula, titular del Taller Regional Austral, una de las plantas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Tierra del Fuego, expresó su escepticismo respecto a la implementación de este nuevo sistema. «El gobierno nos tiene acostumbrados a anuncios grandilocuentes que, en el corto plazo, no cambian nada. Lo único que generan es confusión en los usuarios», afirmó Lapadula en diálogo con FM La Isla.
Uno de los puntos más controvertidos es la modificación de artículos de la Ley Nacional de Tránsito, que afectaría a los vehículos de uso particular. Sin embargo, Lapadula destacó que estas modificaciones no pueden aplicarse sin la adhesión de las provincias, ya que la regulación de los automóviles particulares es competencia de cada jurisdicción. «Hasta que las provincias no adhieran, lo cual no parece probable en el mediano plazo, la situación seguirá igual que antes», explicó.
Además, el decreto propone la habilitación de nuevos talleres para realizar las verificaciones, incluyendo la posibilidad de que concesionarias de automóviles puedan ofrecer este servicio. Sin embargo, Lapadula cuestionó la viabilidad de esta medida. «Todos los talleres que funcionan en el país ya son de privados. La competencia ya existe, y los requisitos para habilitar un taller son muy exigentes y costosos», señaló. También destacó que las concesionarias, enfocadas en la venta y el mantenimiento de vehículos, no están preparadas para realizar revisiones técnicas rigurosas.
Otro aspecto que genera controversia es el costo de la verificación técnica. Lapadula desmitificó la idea de que la VTV sea un gasto significativo en comparación con otros costos de mantenimiento de un vehículo. «La RTO hoy cuesta 60 mil pesos cada dos años, mientras que un seguro puede salir 100 mil pesos por mes y el combustible, 200 mil pesos mensuales. Hablar del costo de la RTO como un problema mayor es exagerado», afirmó.
Sin embargo, el titular del taller criticó los costos adicionales que deben afrontar los talleres autorizados, como la calibración de equipos y la implementación de nuevos software, que son impuestos por el organismo regulador. «Nos obligan a invertir en equipos y sistemas que son muy costosos, y luego nos acusan de ser parte de un ‘curro’. Eso es injusto», expresó.
Respecto a la posición de las provincias, Lapadula adelantó que, según información extraoficial, ninguna jurisdicción estaría dispuesta a adherir a las modificaciones propuestas por el Gobierno Nacional. «Las provincias no ven con agrado estas modificaciones. En materia de seguridad vial, siempre se exige más, no menos», afirmó. Además, recordó que el sistema actual de RTO fue diseñado para garantizar estándares de seguridad, y cualquier relajación de los controles podría representar un retroceso.
Finalmente, Lapadula criticó la falta de consulta a los especialistas en la materia. «Hay ingenieros mecánicos que diseñaron el sistema y conocen cómo funciona, pero no los llaman para opinar. En cambio, se toman decisiones que generan confusión y no aportan soluciones reales», concluyó.
Mientras tanto, se espera que el decreto sea publicado en los próximos días, aunque su aplicación efectiva dependerá de la adhesión de las provincias y de la capacidad del Gobierno Nacional para consensuar con los actores involucrados. Por ahora, la incertidumbre y las críticas dominan el escenario.
