La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reformó la normativa que regula el acceso a los estadios e incluyó un artículo que abarca manifestaciones públicas. Este miércoles, jubilados, gremios y barras bravas se movilizarán al Congreso para exigir mejoras previsionales y en la cobertura médica. Las autoridades advierten con sanciones y restricciones a quienes alteren el orden público.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó cambios en la legislación que regula el derecho de admisión en los estadios de fútbol, ampliando su alcance para incluir eventos masivos como manifestaciones y protestas. La modificación, que entrará en vigencia de inmediato, busca restringir la participación de individuos con antecedentes penales o conductas violentas en espectáculos deportivos y actos públicos.
Este miércoles, la medida cobrará relevancia ante una nueva movilización convocada por la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL), que reunirá a organizaciones sociales, sindicatos y grupos de hinchadas de fútbol en las inmediaciones del Congreso Nacional. Los manifestantes exigirán la prórroga de la moratoria previsional y la restitución del 100% de la cobertura de medicamentos por parte del PAMI, en el marco de una serie de protestas que el sector viene realizando contra las políticas del gobierno de Javier Milei.
La convocatoria, que comenzará a las 17 horas en la Plaza Congreso, contará con el respaldo de la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y diversas hinchadas de clubes como River Plate, Boca Juniors, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez, Huracán, Lanús, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otros. La participación de estos grupos se intensificó luego de que la hinchada de Chacarita acompañara la protesta del miércoles pasado, donde se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Detalles de la reforma
La nueva normativa establece que se podrá prohibir el acceso a eventos deportivos y públicos a personas que:
- Estén imputadas, procesadas o condenadas por delitos cometidos en el marco de la Ley 23.184 (Ley de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos).
- Hayan sido acusadas o condenadas por delitos dolosos con penas de reclusión o prisión, siempre que la Autoridad de Aplicación considere que representan un riesgo para el orden público.
- Presenten antecedentes por actos violentos o contravencionales en espectáculos deportivos, ya sea antes, durante o después de los partidos, incluyendo concentraciones y traslados.
- Hayan participado en conductas violentas que afecten la seguridad, el tránsito vehicular o el orden público, ya sea de manera individual o en el marco de manifestaciones.
- Utilicen servicios de transporte no autorizados o alteren el orden público en el traslado hacia o desde los estadios.
Bullrich calificó la próxima protesta como una «marcha de barras bravas» y advirtió que quienes cometan disturbios serán detenidos y se les aplicará la «Restricción de Concurrencia Administrativa», lo que implica la prohibición de ingresar a cualquier estadio del país. «El Ministerio de Seguridad implementará medidas estrictas para garantizar el orden y la seguridad pública», señaló la cartera en un comunicado oficial.
Reclamos y respuestas insuficientes
Los jubilados y pensionados reclaman, además del aumento de haberes, una respuesta concreta por parte del gobierno nacional. Hasta el momento, las autoridades solo han anunciado un bono de 70 mil pesos, medida que los manifestantes consideran insuficiente. «Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los compañeros jubilados y exigimos el cese de la represión a sus manifestaciones legítimas. Es imprescindible que las autoridades escuchen y atiendan sus demandas», expresaron desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
La participación de hinchadas como las de Tigre, Deportivo Merlo, Ferro y Motoqueros Unidos, entre otras, ha generado preocupación en el gobierno, que teme que la protesta derive en incidentes violentos. Sin embargo, los organizadores insisten en que la movilización será pacífica y apuntan a visibilizar las demandas de un sector históricamente postergado.
Mientras tanto, las calles aledañas al Congreso ya se preparan para recibir a miles de personas, en una jornada que promete ser clave para el futuro de las políticas sociales en el país.
