El intendente Daniel Harrington anunció medidas judiciales contra la empresa Leolabs por incumplir la normativa municipal. El Centro de Veteranos de Guerra y el municipio de Río Grande respaldan la decisión y se presentarán como amicus curiae. La disputa reaviva el debate sobre soberanía y seguridad nacional.
Tolhuin avanza judicialmente para exigir el desarme del radar en tierras municipales
En una conferencia de prensa conjunta con el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas de Río Grande y el intendente de Río Grande Martín Perez y el secretario de Gobieno Gastón Díaz, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, detalló las acciones legales emprendidas para lograr el desmantelamiento del radar instalado por la empresa Leolab en terrenos de su jurisdicción. La medida, basada en el incumplimiento de la ordenanza municipal 392, marca un hito en el conflicto que involucra intereses extranjeros y reclamos de soberanía.
Harrington explicó que, desde el inicio de la construcción del radar en 2023, el municipio realizó inspecciones, multó a la empresa por falta de permisos y exigió su desarme. Tras un recurso de reconsideración presentado por Leolax —rechazado por el municipio—, se inició un proceso de ejecución fiscal para cobrar la multa (1,000 unidades punitorias) y asegurar el desmontaje de la estructura.
«No es solo una multa pecuniaria; es el desarme, porque la obra no tuvo autorización», enfatizó Harrington, comparando el caso con cualquier construcción irregular en el ejido urbano. El abogado municipal, Dr. Solís, destacó que las acciones tienen sustento en la ley provincial 1167, que amplía las facultades de Tolhuin sobre su territorio.
Apoyos y contexto político
El Centro de Veteranos de Malvinas —que desde 2023 impulsó protestas como el «banderazo» hacia el sitio— calificó la medida como «la primera acción concreta para defender la soberanía». Martín Pérez, intendente de Río Grande, anunció que su municipio y los veteranos se presentarán como amicus curiae (terceros interesados) en la demanda: «Acompañamos esta decisión que el pueblo fueguino esperaba», afirmó.
La polémica se enmarca en denuncias previas sobre los vínculos de Leolab con capitales británicos y la falta de controles estatales. Harrington aclaró que el proceso no juzga el uso del radar —cuyo funcionamiento desconoce—, sino el incumplimiento normativo. Sin embargo, subrayó: «Permitir esto sería avalar que cualquiera instale lo que quiera en nuestro territorio».
Silencio de la empresa y próximos pasos
Leolabs no respondió a las notificaciones municipales tras el rechazo a su recurso. Harrington desconoció si el radar opera actualmente, pero confirmó que la justicia deberá resolver en un proceso sumario, más ágil que un juicio ordinario.
Pese a que el gobierno provincial fue informado —según manifestó el secretario legal de Tolhuin, Alexis Soliz—, no hubo pronunciamiento oficial. Los veteranos, por su parte, instaron a «todos los niveles del Estado a sumarse».
Un mensaje claro
La conferencia cerró con un llamado a priorizar la soberanía y la ley local. «Si el gobierno nacional quiere que el radar funcione, que cumpla las normas municipales», sentenció Harrington. Pérez añadió: «En Río Grande exigimos lo mismo cuando se instaló el radar del Cabo Domingo: papeles en orden».
El caso sigue su curso judicial, pero ya logró unir a municipios y veteranos en una pulseada que trasciende lo administrativo para convertirse en un símbolo de la defensa territorial.
