La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), Laura Montes, confirmó que circulan ofertas falsas de venta de departamentos entregados por el Estado. Las unidades aún no están regularizadas y no pueden ser comercializadas.
En los últimos días, circuló en redes sociales y grupos de WhatsApp una publicación sospechosa: una mujer ofrecía en venta un departamento perteneciente a un complejo habitacional de San Martín Norte, destinado a trabajadores estatales. Ante la denuncia de vecinos que temían ser víctimas de un engaño, el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) salió a advertir que se trata de una estafa, ya que esas propiedades no están disponibles para la venta y aún se encuentran en proceso de regularización.
La presidenta del organismo, Laura Montes, confirmó que el sábado recibieron las primeras denuncias. «Nos han enviado capturas de pantalla y hemos alertado a la población: esas viviendas no pueden ser vendidas, ni siquiera han comenzado a ser abonadas al instituto», explicó.
Viviendas en proceso de regularización
Las 120 unidades en cuestión fueron entregadas en octubre de 2021 bajo un fideicomiso gestionado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Sin embargo, tras la extinción de ese fideicomiso, la documentación pasó al IPVyH, que ahora debe actualizar contratos y verificar la ocupación real de los inmuebles.
Montes detalló que el fin de semana realizaron un relevamiento sorpresa en el barrio y encontraron que cuatro viviendas no estaban ocupadas por los adjudicatarios originales. «Son casos en los que desconocemos quiénes están viviendo allí. El gremio deberá definir ahora a quiénes se les asignarán esas casas», señaló.
Advertencia a posibles compradores
La funcionaria alertó que ninguna transacción comercial es válida en estas viviendas, ya que aún no están regularizadas. «Incluso nos llegó el caso de una persona a la que le mostraron una casa y le pidieron un pago. Es una situación irregular y no hay papeles que respalden esa venta«, remarcó.
Además, Montes aclaró que las familias que sí ocupan legalmente las viviendas no serán desalojadas, aunque deberán ajustarse a las nuevas condiciones contractuales. «El IPVyH no intervendrá para remover a nadie, pero sí regularizaremos la situación para que las casas estén a nombre de quienes corresponda», afirmó.
Nuevos controles en camino
Debido a que en el primer operativo no se logró contactar a todos los adjudicatarios, el IPVyH planea un segundo relevamiento, esta vez con mayores exigencias. «Quienes no abrieron la puerta deberán justificar por qué no lo hicieron. Sabemos que hay denuncias de ocupaciones irregulares, y todo eso se cruzará para garantizar transparencia», sostuvo la presidenta del organismo.
Con la obra pública en un momento crítico, el IPVyH busca asegurar que las viviendas sociales cumplan su fin original: albergar a las familias que realmente las necesitan. Mientras tanto, la recomendación es clara: no caer en ofertas engañosas y denunciar cualquier intento de fraude.
