Mediante un decreto de necesidad y urgencia, la administración de Javier Milei declaró esencial el transporte fluvial y marítimo, redujo la injerencia gremial y permitió que buques extranjeros operen con bandera argentina. La medida busca dinamizar el sector, aunque genera críticas por su impacto en la industria local.
El Poder Ejecutivo modificó este miércoles, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 340/2025), las normativas que regulan el transporte marítimo y fluvial de cabotaje, declarándolo servicio público esencial. La disposición, publicada en el Boletín Oficial, impulsa una mayor flexibilización del mercado, reduce la participación de los sindicatos en la conformación de las tripulaciones y autoriza a embarcaciones foráneas a operar con matrícula argentina.
La decisión, rubricada por el presidente Javier Milei, se fundamenta en la necesidad de «profundizar la libertad de mercados», promoviendo un sistema económico basado en «decisiones libres y en la interacción espontánea entre oferta y demanda». Esta visión se alinea con el modelo de desregulación que caracteriza al gobierno de Libertad Avanza, el cual sostiene que la competencia mejora los precios y la eficiencia. Sin embargo, la estrategia genera resistencias en diversos sectores productivos y laborales, debido al posible ingreso de mercancías extranjeras que compitan con la producción nacional y al estancamiento de los salarios, que afecta el consumo interno.
Principales Cambios Introducidos
Incorporación de buques extranjeros: Las naves de otros países podrán operar bajo bandera argentina, extendiendo su plazo de actividad en aguas locales de 30 a 60 días. Flexibilización laboral: Las tripulaciones ya no estarán obligadas a regirse exclusivamente por la legislación laboral argentina, pudiendo adaptarse a normas internacionales durante el período de suspensión de bandera. Reducción de trabas burocráticas: Se simplifican los requisitos para inscripción en el Registro Nacional y se habilita a las empresas a registrar sus embarcaciones en banderas de conveniencia por hasta 10 años. Menor intervención sindical: Los armadores (dueños de los barcos) tendrán libertad para elegir a la tripulación, eliminando la exigencia de aprobación gremial previa.
Reacciones y Controversias
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en sus redes sociales, afirmando que el cabotaje recuperará dinamismo: «Una embarcación paraguaya, por ejemplo, podrá matricularse en Argentina y operar como una nave local». Además, aclaró que, aunque el 75% de la tripulación deberá estar compuesta por argentinos o extranjeros residentes, los contratos se regirán por las leyes del país de origen del buque.
No obstante, desde el sector empresarial y los gremios navales advierten sobre los riesgos de la medida. Argumentan que la desregulación excesiva podría perjudicar a la industria marítima nacional, generando pérdida de empleos y dependencia de operadores foráneos.
Exclusiones y Alcances
La normativa no aplica a embarcaciones pesqueras, turísticas o de pequeño porte, ya que su objetivo principal es agilizar el transporte comercial. Además, establece beneficios fiscales y excepciones legales para incentivar la inversión en el sector.
El gobierno insiste en que la urgencia de la medida se justifica por el «riesgo de desaparición» de la Marina Mercante Nacional, debido a los altos costos operativos y las trabas regulatorias. Sin embargo, el debate sobre sus consecuencias a largo plazo recién comienza.
Conclusión:
Con esta reforma, el Ejecutivo apuesta a reactivar el comercio exterior y abaratrar los fletes marítimos, aunque enfrenta cuestionamientos por su posible impacto en la soberanía naval y el empleo local. El tiempo dirá si la liberalización del mercado cumple con sus promesas o profundiza las tensiones en el sector.
