El Dr. Renan Uribe, presidente del Colegio de Abogados de Río Grande, alertó sobre el impacto económico y social que tendría la modificación de los beneficios fiscales. Criticó la «improvisación» del Gobierno nacional y la falta de debate sobre la estrategia geopolítica de la región.
En medio de la polémica generada por los decretos que flexibilizan las restricciones de venta directa al continente y revisan los beneficios arancelarios para Tierra del Fuego, el Dr. Renan Uribe, presidente del Colegio de Abogados local, expresó su «extrema preocupación» por lo que considera un ataque al status quo de la provincia. En diálogo con el periodista Guillermo, Uribe advirtió que estas medidas podrían ser el primer paso hacia la derogación de la Ley 19.640, norma que desde hace décadas sostiene la economía fueguina.
«Estamos muy preocupados, en vilo», afirmó Uribe, remarcando que la incertidumbre afecta no solo a las empresas electrónicas –principalmente las ensambladoras de teléfonos–, sino a toda la estructura productiva y social de la provincia. Según datos mencionados en la entrevista, unas 7.000 personas empleadas en el sector generarían un movimiento económico mensual de $9.000 millones, dinero que, de desaparecer, tendría un efecto dominó en comercios y servicios, incluidos los profesionales.
Críticas a la «improvisación» del Gobierno
Uribe cuestionó la falta de claridad en los decretos y reveló un dato alarmante: la Secretaría de Industria de la Nación habría sido la última en enterarse del anuncio. «Es gravísimo que se improvise en temas tan delicados», sostuvo, tildando de «ambiguas» las resoluciones que dejan en manos de esa cartera la definición sobre qué productos podrán venderse fuera de la isla.
La omisión del debate geopolítico
Más allá del impacto fiscal, el abogado enfatizó un aspecto ignorado en la discusión pública: Tierra del Fuego como enclave estratégico para la proyección antártica y la soberanía marítima. «¿Casualidad que no se hable de esto?», preguntó, insinuando que detrás de las medidas habría una intención de reducir la población fueguina, alineada con exigencias de organismos internacionales.
Solidaridad nacional vs. «costo fiscal»
Frente al argumento oficial de que el régimen fueguino representa un «gasto», Uribe recordó que todos los argentinos subsidian servicios en regiones que quizás nunca visiten, como el transporte en el sur continental. «Esto es solidaridad, empatía con el otro. Al Gobierno nacional le falta eso», sentenció.
El Colegio de Abogados aún no ha tratado formalmente el tema, pero Uribe anticipó que el debate se instalará en los próximos días. Además, alertó sobre un posible aumento de conflictos laborales: despidos, suspensiones y demandas judiciales podrían agravar la crisis.
«Cuando hablan de números, olvidan a las personas», cerró Uribe, instando a la comunidad a movilizarse. Su mensaje resonó fuerte: la Ley 19.640 no es solo un beneficio económico, sino un pilar de identidad y supervivencia para los fueguinos.
