Miles de trabajadores, educadores y vecinos se unieron en una demostración de fuerza contra el posible fin de los beneficios industriales que sostienen la economía local. El intendente Pérez denunció la indiferencia del Gobierno Nacional y advirtió sobre el peligro de postergar medidas clave.
La ciudad de Río Grande, se convirtió este miércoles en el escenario de una manifestación multitudinaria, donde sindicatos, maestros, empleados estatales, trabajadores del sector privado y ciudadanos comunes alzaron su voz en rechazo al posible desmantelamiento del régimen de incentivos industriales, pilar fundamental de la actividad económica fueguina. La convocatoria al paro provincial obtuvo una respuesta masiva, consolidándose como una de las movilizaciones más relevantes de los últimos tiempos.
El intendente Martín Pérez no escatimó elogios al calificar la jornada como «una demostración rotunda de unidad y conciencia colectiva». En declaraciones a la prensa, enfatizó el apoyo abrumador al paro y arremetió contra el Ejecutivo Nacional, acusándolo de «atacar sin tregua los intereses de la provincia». «Esta unión es un mensaje claro para quienes, desde Buenos Aires, subestiman el sacrificio y el porvenir de miles de familias fueguinas», sostuvo con vehemencia.
Uno de los blancos predilectos de sus críticas fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien días atrás había restado importancia a la posible pérdida de empleos en la provincia con una frase que generó indignación: «¿Qué representan 2.000 puestos de trabajo frente a los 6,5 millones del país?». Pérez replicó sin vacilar: «Los derechos de Tierra del Fuego están por encima de cualquier cálculo mezquino».
El mandatario local también alertó sobre la posible eliminación de los aranceles protectores que resguardan a la industria fueguina, insinuando que el Gobierno Nacional retrasaría las medidas más drásticas hasta después de los comicios de octubre. «Esconden lo más cruel para más tarde», denunció, sugiriendo una táctica calculada para eludir el costo político en plena contienda electoral.
Sin embargo, más allá de las demandas urgentes, Pérez centró su discurso en un tema irrenunciable: el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP). «Renunciar al FAMP en cualquier negociación es condenar a la provincia al estancamiento», afirmó, remarcando que cualquier acuerdo que lo ponga en peligro sería una puñalada al progreso económico local.
La protesta no solo expresó el descontento con las políticas del Gobierno Central, sino también la firmeza de una provincia que se siente excluida de las decisiones nacionales. Con calles desiertas y comercios con persianas bajas, Tierra del Fuego envió un mensaje inequívoco: la protección de su industria y sus fuentes laborales no tolera ambigüedades.
Al concluir su intervención, Pérez sintetizó el sentir colectivo con una frase contundente: «El arancel cero no puede ni debe ser avalado desde nuestra tierra. Luchamos por el presente y el futuro de las próximas generaciones». Una declaración que, más allá de su tono político, deja al descubierto el temor de una comunidad que ve amenazado su modo de vida.
