La nueva medida, presentada como una «reparación histórica», busca incentivar el ingreso de divisas al sistema, pero genera dudas por su impacto real y posibles riesgos legales.
El Gobierno nacional presentó este jueves el denominado «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos», una iniciativa que, bajo un nombre grandilocuente, persigue un objetivo concreto: captar dólares de la ciudadanía para estabilizar la economía en un contexto de reservas menguantes y a pocos meses de las elecciones de octubre. La estrategia, considerada por muchos como una apuesta arriesgada, implica eliminar una serie de controles fiscales con el argumento de devolver «libertad» a los ahorristas, aunque expertos advierten sobre sus posibles consecuencias.
El anuncio estuvo encabezado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que la premisa será «lo tuyo es tuyo y podés gastarlo como quieras», acompañado del eslogan «Tus dólares, tu decisión». Sin embargo, tras la retórica libertaria, subyace una medida desesperada por oxigenar las arcas estatales, apenas semanas después de que el país recibiera un préstamo de 20 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mercado escéptico, impacto limitado
La respuesta inicial de los mercados fue tibia. Ni las acciones ni los bonos mostraron alzas significativas, y el tipo de cambio se mantuvo estable. Analistas coinciden en que el plan parece insuficiente para generar el efecto que el oficialismo espera, especialmente porque llega poco después de un exitoso blanqueo que ya absorbió unos 20 mil millones de dólares. «¿Qué motivación tendría ahora alguien para ingresar divisas al sistema?», se preguntan en los círculos financieros.
Pero más allá de su efectividad, la medida abre un flanco preocupante: al relajar los controles sobre movimientos financieros, podría facilitar el ingreso de capitales de origen dudoso. De hecho, el Ejecutivo ya prepara proyectos para modificar leyes penales económicas, buscando eximir de responsabilidades a quienes incorporen dinero al sistema bancario. El problema es que la resolución que implementa estas flexibilizaciones entrará en vigor el 1° de junio, lo que deja un margen de tiempo casi nulo para que el Congreso apruebe los cambios legales prometidos.
Una desregulación sin precedentes
La Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA, ex AFIP) confirmó la eliminación de múltiples mecanismos de fiscalización. Entre los más relevantes:
- Fin del reporte de consumos con tarjetas: Las administradoras ya no deberán informar sobre gastos personales realizados con débito, crédito o billeteras virtuales.
- Silencio en operaciones inmobiliarias: Notarios y agentes quedan liberados de declarar compraventas de propiedades.
- Opacidad en autos usados y servicios: Los concesionarios no reportarán transacciones, ni las empresas de utilities (luz, agua, gas) deberán revelar consumos elevados.
Además, se elevan drásticamente los umbrales para reportar movimientos bancarios. Transferencias, extracciones y plazos fijos solo serán monitoreados a partir de montos millonarios, lo que, según críticos, allana el camino para el lavado de activos.
Ganancias: menos controles, más simplificación
El paquete incluye también una reforma al impuesto a las Ganancias, que pasará a centrarse en la facturación y gastos deducibles, dejando de lado el rastreo de consumos personales. Una medida que, aunque aliviaría a los contribuyentes, reduce la capacidad de auditoría estatal.
En definitiva, el Gobierno apuesta a un giro radical en la política financiera, pero lo hace contra reloj y en medio de un panorama económico frágil. La pregunta que flota en el aire es si esta estrategia logrará su cometido o si, por el contrario, profundizará los riesgos en un año electoral clave.
