La central obrera optó por no convocar un cese de actividades contra el fallo de la Corte, aunque respaldará una eventual protesta impulsada por la exmandataria. Mientras tanto, mantiene un frágil equilibrio entre la lealtad kirchnerista y sus vínculos con el Poder Judicial.
La Confederación General del Trabajo (CGT) descartó la posibilidad de impulsar un paro nacional en repudio a la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema. Sin embargo, la conducción sindical manifestó su disposición a acompañar una eventual movilización de protesta convocada por la ex presidenta. La decisión se tomó tras intensas presiones de gremios afines al kirchnerismo, entre los que sobresalen los sindicatos industriales, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Mecánicos (Smata).
Ante el histórico fallo judicial, la central obrera emitió un comunicado en el que advirtió sobre los riesgos que enfrenta la democracia y cuestionó irregularidades en el proceso. «Cualquier decisión que ponga en jaque las reglas democráticas altera el normal funcionamiento de las instituciones», señaló el texto, en el que además se denunció una «manipulación informativa» y una «embestida mediática» contra la Justicia. Pese a las críticas, el documento evitó señalar directamente al máximo tribunal y, en cambio, expresó «solidaridad y apoyo incondicional» hacia la exmandataria.
Un equilibrio político delicado
La postura de la CGT refleja una estrategia cuidadosa. Por un lado, no puede distanciarse de la figura de Fernández de Kirchner, especialmente cuando medio centenar de sindicatos se congregó en la sede del Partido Justicialista para acompañarla durante la lectura del veredicto. Por otro, la conducción gremial busca preservar sus vínculos con la Corte Suprema, donde se definen causas cruciales para el movimiento obrero, como la validez de los decretos que afectan el derecho a huelga o el destino de los fondos de las obras sociales.
En círculos internos, algunos dirigentes especularon con un escenario alternativo: de haber logrado el ingreso de Ariel Lijo a la Corte —un intento frustrado del gobierno de Javier Milei, pero apoyado en secreto por sectores sindicales—, el resultado judicial podría haber sido distinto. Sin embargo, estas reflexiones quedaron en el plano de las conjeturas, mientras la cúpula gremial evalúa sus próximos pasos.
Sin clima para un nuevo paro
Mientras un grupo de sindicatos más combativos presiona por una respuesta contundente, el triunvirato que conduce la CGT consideró que no existen condiciones para un cuarto paro general contra el gobierno. Fuentes cercanas a la conducción admitieron que «no hay clima» entre los trabajadores para una medida de fuerza que implique perder un día de salario y, al mismo tiempo, no modificaría la situación judicial de la ex presidenta.
Entre los gremios que reclaman una acción más enérgica se encuentran la UOM, el Smata y la Asociación Bancaria, seguidos por organizaciones más pequeñas como los gráficos (FGB) y los judiciales (Sitraju). Sin embargo, la ausencia de los Camioneros, liderados por Hugo y Pablo Moyano, marcó una notable diferencia en el alineamiento kirchnerista.
De esta manera, la posibilidad de una escalada de conflicto quedará en manos de los sindicatos industriales agrupados en la Confederación de Sindicatos Industriales (Csira), cuyos líderes, Ricardo Pignanelli (Smata) y Abel Furlán (UOM), podrían optar por medidas propias si la CGT mantiene su posición cautelosa. Por ahora, la central obrera prefiere evitar una ruptura institucional, pero el respaldo a una eventual movilización callejera podría reavivar la tensión política en las próximas semanas.
