Hoy comienzan en la Legislatura fueguina las discusiones sobre proyectos acuícolas. Mientras algunos sectores buscan reactivar la actividad bajo estrictos controles ambientales, persisten las dudas sobre su viabilidad y los intereses en juego.
El debate sobre la acuicultura en Tierra del Fuego vuelve a tomar relevancia este miércoles, cuando la Legislatura provincial inicie el análisis de propuestas para habilitar la cría de salmónidos en zonas específicas. La discusión se enmarca en un escenario complejo, marcado por la ley que en 2021 prohibió la salmonicultura en el Canal Beagle y por la búsqueda de alternativas que generen empleo y divisas sin comprometer el ecosistema.
Gastón Roma, representante de empresas interesadas en invertir en el sector, confirmó en declaraciones a FM La Isla, que existen al menos tres grupos extranjeros evaluando oportunidades, aunque advirtió que las condiciones jurídicas y de infraestructura son clave para materializar los proyectos. «Tierra del Fuego tiene un potencial único, pero se necesita claridad normativa y acceso al agua de mar», señaló en diálogo con este medio.
Uno de los puntos centrales es la ubicación de los emprendimientos. El proyecto oficial descarta el Canal Beagle y apunta a zonas del norte de la isla, en el Atlántico, donde el impacto ambiental sería menor. Roma destacó que su grupo propone un sistema en tierra (RAS), que minimiza la contaminación al recircular el agua y reutilizar los residuos como fertilizantes. «No usamos jaulas; es una tecnología distinta a la que criticaron en su momento», aclaró.
Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. Además de los requerimientos técnicos —como energía y logística—, persisten resistencias ideológicas y geopolíticas. Roma cuestionó a «grupos ambientalistas con intereses extranjeros» que, según él, operaron en 2021 para frenar la industria. «Chile y otros actores no quieren competencia en la región», afirmó, al tiempo que reconoció la desconfianza de inversores ante cambios regulatorios abruptos.
La postura del gobierno nacional también es un factor. Aunque el oficialismo ha mostrado apertura a las inversiones, Roma admitió que las empresas que representa no comparten la visión ideológica del Presidente. «Confiamos en que primará la realidad económica: el país necesita dólares y trabajos», sostuvo.
El debate legislativo promete ser intenso. Mientras algunos sectores insisten en prohibir toda forma de acuicultura, otros —incluido el gobierno provincial— buscan un marco que atraiga capitales sin repetir los errores de Chile, donde la sobreproducción generó daños ambientales. «Si se hace bien, esto puede cambiar la matriz productiva de la provincia», concluyó Roma.
La discusión, en definitiva, trasciende lo ambiental: es una pulseada entre desarrollo económico, soberanía y los intereses de quienes ya dominan el mercado. La pregunta es si Tierra del Fuego encontrará su propio modelo o quedará atrapada en la polarización.
