A pesar de los esfuerzos por minimizar el caso, nuevas pruebas y testimonios exponen la conexión directa entre el Presidente y la estafa cripto. La excanciller Mondino insinuó responsabilidades, mientras expertos jurídicos cuestionan la falta de indagatorias.
El Gobierno en la mira por el caso $LIBRA
El Ejecutivo nacional despliega una estrategia para mantener en las sombras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, pero cada día surgen nuevos elementos que lo arrastran de vuelta al centro de la escena. La excanciller Diana Mondino, en una entrevista con el periodista Mehdi Hasan de Al-Jazeera, rompió meses de silencio para cuestionar abiertamente la decisión de Javier Milei de promocionar el polémico token.
«Alguien ganó dinero con esto, 250 millones de dólares desaparecieron», señaló Hasan durante el reportaje. La respuesta de Mondino no dejó lugar a ambigüedades: «O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted». La declaración, acompañada por las risas del público, reavivó el debate sobre el rol del mandatario en una operación que dejó pérdidas millonarias a más de 40.000 inversores.
La sombra del tuit presidencial
Las palabras de la exfuncionaria volvieron a poner en evidencia un hecho irrefutable: sin la difusión masiva que le dio el propio Milei al proyecto, el fraude no habría alcanzado tal magnitud. Seis meses después del lanzamiento, la causa judicial en Comodoro Py avanza con lentitud, pese a las denuncias presentadas casi de inmediato. Aunque el Presidente y su hermana, Karina Milei, figuran entre los imputados, ninguno ha sido citado a declarar.
Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, cuestionó esta demora: «No entiendo por qué no se indaga al presidente habiendo prueba directa de su participación». El experto recordó que, bajo los mismos estándares aplicados en el caso Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner —donde primaron pruebas indirectas—, ya existirían motivos suficientes para avanzar con una indagatoria.
Negociaciones incompatibles y transferencias sospechosas
Organizaciones como el Inecip y el Cipce presentaron un informe en el que sostienen que el caso encuadra en el delito de «negociaciones incompatibles con la función pública», una figura penal que no requiere demostrar el enriquecimiento ilícito del funcionario. «Es una de las principales figuras de corrupción», advirtieron. Sin embargo, su pedido para ser admitidos como querellantes fue rechazado, en contraste con la aceptación de grupos afines al oficialismo en otras causas.
Mientras tanto, los damnificados buscan rastrear el destino de las millonarias transferencias realizadas desde billeteras vinculadas a Hayden Mark Davis, creador de $LIBRA. Entre los movimientos detectados, destacan envíos por medio millón de dólares el mismo día que Davis se reunió con Milei en la Casa Rosada, así como otras dos operaciones previas por casi 3,3 millones de dólares.
El enigma del falso CEO
Uno de los aspectos más oscuros del caso es la presencia de un empresario singapurense identificado inicialmente como «Julian Peh», quien participó en el Tech Forum —evento organizado por allegados al Presidente— y fue señalado por el Gobierno como CEO de KIP Protocol. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que ese nombre era falso: su verdadera identidad sería Bai Qihao.
Peh había sido vinculado al proyecto «Viva la Libertad», promocionado por Milei en su tuit, pero luego desmintió cualquier participación activa. Según testimonios, Mauricio Novelli —uno de los organizadores del foro— lo habría presionado para respaldar la iniciativa. La querella de los afectados solicitó al fiscal Eduardo Taiano que investigue los movimientos del singapurense, cuyos vínculos con el círculo presidencial siguen sin aclararse.
Un escándalo que no se apaga
A medida que surgen nuevas pruebas, el Gobierno enfrenta crecientes dificultades para contener el impacto del caso. Las repercusiones ya traspasaron las fronteras: en Estados Unidos, donde se investiga a Davis, el nombre de Milei ha cobrado relevancia. Mientras tanto, en Argentina, la oposición y las víctimas exigen respuestas que, por ahora, parecen lejos de llegar.
La pregunta que flota en el aire es clara: ¿hasta cuándo podrá el Ejecutivo evadir las responsabilidades que, día tras día, se vuelven más difíciles de ocultar?
