El Gobierno de Milei utiliza una consigna histórica de los derechos humanos con fines políticos, desvirtuando su significado y atacando el consenso construido tras la dictadura.
La democracia argentina se cimentó sobre una promesa inquebrantable: el «Nunca Más». Esta frase, elegida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para titular su informe sobre los crímenes de la última dictadura, se convirtió en un emblema de justicia y memoria. Fue también la expresión con la que el fiscal Julio Strassera culminó su alegato contra los responsables del terrorismo de Estado. Sin embargo, décadas después, el presidente Javier Milei y sus aliados decidieron apropiarse del lema con un propósito diametralmente opuesto: estigmatizar al kirchnerismo y cuestionar los pilares de la reconstrucción democrática.
El pasado 4 de julio de 1984 quedó grabado en la historia argentina. Aquella noche, a través de la pantalla de Canal 13, se transmitió por primera vez el informe de la Conadep bajo el título «Nunca Más». Testimonios de sobrevivientes como Adriana Calvo, Jorge Watts, Estela de Carlotto y «Chicha» Mariani conmovieron a una sociedad que comenzaba a enfrentar los horrores del pasado. La elección de esas palabras, según investigaciones posteriores, fue impulsada por Magdalena Ruiz Guiñazú, miembro de la comisión. Desde entonces, la expresión trascendió su origen para convertirse en un pacto colectivo: la garantía de que los crímenes de lesa humanidad no se repetirían.
La Conadep, creada por Raúl Alfonsín apenas asumió su mandato en 1983, tuvo como misión documentar el sistema de exterminio implementado por la dictadura. Su labor fue fundamental para el histórico juicio a las juntas militares, donde Strassera y Luis Moreno Ocampo presentaron pruebas irrefutables. «Señores jueces: ‘Nunca más'», declaró el fiscal, resignificando la frase como un llamado a la justicia.
Sin embargo, hoy ese legado es objeto de distorsión. La foto de campaña de Milei junto a Patricia Bullrich, Karina Milei y otros referentes de su espacio, sosteniendo un cartel con la leyenda «Kirchnerismo: Nunca Más», no solo trivializa el consenso democrático, sino que busca demonizar a un sector político que hizo de los derechos humanos una bandera. La operación no es casual: forma parte de una estrategia más amplia para erosionar las instituciones surgidas de la lucha por la memoria.
Entre los presentes en la imagen figura Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, conocido por su persecución a personas en situación de calle en Mar del Plata. Paradójicamente, Montenegro fue el juez que llevó a Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone a juicio por crímenes del Plan Cóndor y el robo de bebés. Su participación en esta maniobra revela una contradicción difícil de ignorar.
Victoria Villarruel, vicepresidenta y aliada de Milei, ha reivindicado públicamente a organizaciones como Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS), que cuestionó el informe de la Conadep. Incluso coescribió un libro presentado como el «informe Conadep de las víctimas del terrorismo», intentando equiparar la violencia estatal con la guerrilla, un relato que desdibuja la responsabilidad del Estado en el terrorismo de Estado.
El gobierno de La Libertad Avanza ha dado pasos concretos para desmantelar políticas de memoria: degradó la Secretaría de Derechos Humanos, desfinanció el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio ESMA, y despidió a trabajadores dedicados a preservar la historia. Pero en las últimas horas, el Congreso marcó un límite al rechazar el decreto que intervenía el Banco Nacional de Datos Genéticos, herramienta clave para las Abuelas de Plaza de Mayo.
La democracia argentina, una vez más, demostró su resistencia. El «Nunca Más» no es un eslogan vacío: es la brújula moral que impide el olvido. Su manipulación no solo ofende a las víctimas, sino que pone en riesgo los cimientos de una sociedad que eligió, hace cuarenta años, no repetir el horror.
