Los magistrados Alejandro Slokar y Ángela Ledesma consideran prioritario investigar el violento episodio padecido por un ciudadano de 75 años durante la protesta de octubre, al tiempo que alertan sobre un preocupante quiebre institucional.
En un pronunciamiento que sacude los cimientos de la política de seguridad vigente, la Cámara Federal de Casación Penal emitió una resolución que frena en seco el accionar del modelo implementado por la ministra Patricia Bullrich. El máximo tribunal de carácter represivo ordenó, en las últimas horas, que se someta a examen minucioso la violenta carga desplegada contra un grupo de manifestantes de avanzada edad, hecho que tuvo como protagonista a un hombre de 75 años que resultó brutalmente reducido por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) y sufrió una fractura ósea a raíz de los impactos recibidos.
Los hechos se remontan al 22 de octubre pasado, cuando las imágenes recorrieron cada canal de televisión del país: efectivos de la fuerza de seguridad nacional arremetían sin contemplaciones contra una columna de jubilados que transitaba por la intersección de Hipólito Yrigoyen y la avenida Entre Ríos. En ese contexto, el adulto mayor fue derribado por al menos cuatro uniformados, en una escena que generó un repudio generalizado y que ahora la justicia penal considera inaceptable dentro de un estado democrático de derecho.
Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, quienes rubricaron el fallo, subrayaron en sus argumentos que la fuerza pública debe operar exclusivamente para garantizar el libre ejercicio de las garantías constitucionales, y jamás como un instrumento de castigo irracional hacia quienes reclaman mejoras en sus condiciones de vida. En ese sentido, el camarista Slokar, encargado de liderar el acuerdo dentro de la sala, sostuvo que el accionar desplegado aquella jornada evidenció niveles preocupantes de deshumanización y ensañamiento contra personas indefensas. La decisión judicial implica que ahora deberá profundizarse la pesquisa sobre lo ocurrido, apartándose de cualquier intento por clausurar el expediente de forma anticipada.
Un aspecto medular del dictamen judicial radica en la advertencia explícita sobre el deterioro de la calidad democrática que supone naturalizar este tipo de operativos. Los magistrados remarcaron que los efectivos no fueron convocados para obstruir el derecho a la protesta, sino para asegurar que ese reclamo no derivara en bloqueos absolutos a la circulación. Sin embargo, lo que trasciende de las pruebas reunidas hasta el momento —entre ellas las filmaciones televisivas— es que se aplicó una violencia desproporcionada e injustificada, que derivó en lesiones graves para un adulto mayor.
Este giro procesal representa un duro revés para la estrategia de mano dura impulsada desde el Ministerio de Seguridad, que solía presentar estos episodios como simples intervenciones necesarias para preservar el orden público. Ahora, la máxima instancia penal del país exige que se investigue la cadena de mandos, las órdenes impartidas y la eventual responsabilidad de los superiores jerárquicos que avalaron o toleraron la represión. La resolución añade un elemento aún más contundente: no pueden invocarse razones de seguridad interna para encubrir actos que vulneren los derechos humanos elementales.
La causa, de ahora en más, retornará al juzgado de origen con la instrucción precisa de no archivar el caso ni minimizar la gravedad de lo sucedido. Los camaristas fueron taxativos al afirmar que todo intento por dilatar la pesquisa resultaría inadmisible, dado que el estado de derecho se mide también por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables. Para la sociedad civil y las organizaciones defensoras de los derechos de los jubilados, este veredicto constituye una bocanada de aire fresco frente a una gestión que, hasta aquí, había mostrado escasas fisuras judiciales. Queda ahora aguardar la celeridad de las nuevas indagatorias y si, finalmente, los responsables materiales e intelectuales de aquella jornada violenta deberán responder ante la ley.
