El fiscal Eduardo Taiano solicitó que el cabo primero Héctor Jesús Guerrero enfrente al tribunal oral por “lesiones gravísimas agravadas por abuso de función” y “abuso de armas” en cinco ocasiones. El agente efectuó disparos horizontales y antirreglamentarios que impactaron en el cráneo del reportero, quien aún arrastra severas secuelas cognitivas.
En un paso decisivo que acerca al imputado al banquillo de los acusados, el gendarme Héctor Jesús Guerrero, señalado como el responsable directo de haber acribillado gravemente al fotorreportero Pablo Grillo durante una movilización de ancianos en marzo de 2025, quedó al borde del juicio oral tras una contundente resolución elevada por el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano. El representante del Ministerio Público sostuvo que el uniformado, de apenas treinta años, debe ser enjuiciado por la presunta comisión de “lesiones gravísimas agravadas por el abuso de sus funciones” en su calidad de miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con “abuso de armas agravado” llevado a cabo en cinco oportunidades distintas.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que patrocina legalmente a la víctima, se alzó un reclamo explícito: “Exigimos que la magistrada María Servini derive a juicio oral al autor material del proyectil que puso en vilo la existencia de Pablo Grillo”, enfatizaron los letrados querellantes. En su dictamen, el fiscal Taiano fue lapidario al aseverar que la conducta desplegada por Guerrero “constituyó un peligro tangible para la vida y la integridad corporal de los manifestantes”, y provocó heridas de máxima gravedad en el reportero gráfico.
Los antecedentes del caso revelan que Grillo sufrió una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica producto del impacto recibido el fatídico 12 de marzo de 2025, jornada en que una protesta en reclamo de mejores haberes para los jubilados derivó en un operativo oficial calificado por la propia fiscalía como “brutal, desproporcionado e irracional”. La instancia investigativa concluyó, tras una pesquisa minuciosa, que los agentes policiales obraron al margen de toda lógica de contención, y que en ese marco se inscribieron los disparos efectuados de manera antirreglamentaria por el cabo primero de Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, los cuales impactaron en la humanidad del fotorreportero Pablo Nahuel Grillo.
Las pericias técnicas y los dictámenes de especialistas fueron concluyentes: Guerrero accionó su pistola lanzagases marca ‘FM’ en seis ocasiones “sin que mediara un contexto de agresión legítima” y utilizando un ángulo horizontal prohibido por los manuales, desde la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís, en dirección hacia los ciudadanos que se manifestaban. El fiscal dio por acreditado que, entre las 17:05 y las 17:25 de aquella tarde, el gendarme efectuó seis lanzamientos que implicaron “un riesgo concreto para la vida e integridad física de todas las personas allí presentes”, y puntualizó que el disparo de las 17:18 fue el que hirió en la cabeza al reportero gráfico causándole lesiones gravísimas. A consecuencia de esas heridas, Grillo permaneció hospitalizado durante meses y hoy exhibe “un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas”, lo que los especialistas prevén que derive en “secuelas permanentes en su esfera neurológica y en una incapacidad laboral extensa”.
El representante del Ministerio Público subrayó un elemento central: el efectivo contaba, al momento de los hechos, con “la instrucción y el adiestramiento necesarios para aplicar correctamente lo estipulado en el manual técnico del arma que portaba, así como en las normas que regulan el empleo legítimo de la fuerza en el ejercicio de su cargo”. Sin embargo, lejos de ajustarse a esos preceptos, Guerrero “ejerció de manera abusiva las potestades conferidas por su investidura”, realizando disparos horizontalmente contra un camarógrafo que no encarnaba amenaza alguna y contra manifestantes que tampoco suponían un peligro real para nadie.
El procesamiento del gendarme Guerrero se encuentra firme, confirmado por instancias superiores, por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso funcional en concurso real con abuso de armas agravado –reiterado en cinco oportunidades–. A comienzos de marzo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja presentado por la defensa y respaldó lo resuelto por los tribunales anteriores, desestimando con ello una vez más las excusas esgrimidas desde el poder político. En particular, quedó en evidencia la versión falsa de los hechos que instaló desde el primer día la entonces ministra de Seguridad y hoy senadora, Patricia Bullrich, quien sistemáticamente intentó culpar a la víctima mientras el sumario interno de Gendarmería se cerraba sin señalamientos internos.
La reconstrucción visual efectuada por diversas organizaciones agrupadas en el Mapa de la Policía, basada en imágenes de múltiples cámaras, documentó sin fisuras la mecánica de los sucesos: se observa al gendarme efectuando disparos en línea recta a unos cincuenta metros del reportero, quien se hallaba en cuclillas captando imágenes, y el momento exacto en que cae desplomado tras ser alcanzado. Pese a la contundencia de esas pruebas, Bullrich mantuvo su relato, cara visible del cuestionado protocolo anti-protestas del gobierno nacional, y desfiló por los medios de comunicación endilgando responsabilidades a la víctima.
En octubre pasado, la jueza María Servini dictó el procesamiento de Guerrero, determinando que fue el autor del disparo y que actuó de manera deliberada contradiciendo todos los protocolos sobre el uso de armas menos letales. Las peritaciones demostraron además que el gendarme realizó otras cinco descargas prohibidas, poniendo en riesgo a más personas, y que ninguno de sus jefes intervino para frenar ese accionar antirreglamentario. En diciembre, la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, confirmó el procesamiento, descartó los argumentos exculpatorios de la defensa sobre una supuesta falta de representación de las consecuencias, y el propio juez Boico pidió profundizar la investigación sobre la cadena de mandos que alcanza a Bullrich.
La querella de la familia de Grillo, patrocinada por el CELS y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y a la que en febrero pasado se sumó la propia víctima, exige que se investigue a los jefes de Gendarmería que por acción u omisión facilitaron el obrar homicida de Guerrero. Los querellantes sostienen que “si los funcionarios con deber de supervisar y controlar a los agentes en el terreno hubieran tomado una intervención efectiva ante el primer, segundo o tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo”.
Entre los mandos que integraron el Comando Unificado de Fuerzas Federales –responsables de la planificación, conducción y habilitación del uso abusivo de la fuerza– figuran en un primer nivel los jefes de grupo Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, quienes estuvieron próximos a Guerrero durante gran parte del operativo impartiendo indicaciones. Las cámaras registraron a Kozak dando palmadas en la espalda al gendarme en señal de aprobación. También aparece fiscalizando en el terreno el comisario inspector de la Policía Federal Gerardo Ariel Perillo Scampini. En la cadena jerárquica de Gendarmería, en tanto, se menciona al comandante principal Néstor Germán López, jefe del Destacamento Móvil 6 interviniente, y al alférez Gonzalo Gabriel Goulart, jefe del Primer Escuadrón Antidisturbios, quien dio órdenes tanto a Héctor como a Daniela Guerrero –ambos armados con pistolas lanzagases aquella jornada–. En los escalones superiores se ubican el comandante general Claudio Miguel Brilloni, director nacional de Gendarmería, y la propia exministra Bullrich. La justicia ya tiene en su mira a todos ellos.
