La Vicepresidenta Villarruel se defiende y marca su rol institucional, mientras la oposición multiplica sus cuestionamientos y exige respuestas. El silencio del Ejecutivo y las acusaciones cruzadas agravan el escándalo que involucra a familiares del Presidente y altos funcionarios.
A menos de cuarenta y ocho horas de estallar un presunto caso de corrupción al interior de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el gobierno nacional enfrenta una tormenta política de imprevisibles consecuencias. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio del palpable distanciamiento que mantiene con el Presidente Javier Milei, fue la primera en romper el silencio oficial para referirse a un contexto que calificó como “complejo y bastante confuso”. Subrayó que su prioridad absoluta es ejercer con responsabilidad la función institucional que le confiere la Constitución. “La historia nos acostumbró a vicepresidentes que eran una mera figura decorativa. Este no es mi caso”, afirmó, remarcando que presidir la Cámara Alta y recorrer el país forman parte indelegable de sus obligaciones. Consultada sobre su vínculo con el primer mandatario y su hermana, Karina Milei, la mandataria fue contundente: describió una relación “estrictamente institucional”, despojada de confianzas políticas.
La polémica escaló rápidamente a un tono áspero cuando la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la señaló como integrante de una “banda de corruptos” y la acusó de filtrar conversaciones que la ligarían al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. La réplica de Villarruel no se hizo esperar: “Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación”. La respuesta de Mendoza redobló la apuesta con insultos graves y referencias al pasado político de Villarruel, evidenciando una grieta profunda e irreconciliable.
Frente al vendaval, el resto del oficialismo optó por una estrategia de minimización o mutis. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó restar entidad al asunto, sugiriendo que “tiene mucho que ver con el período preelectoral”. En un giro llamativo, horas después de admitir que no ponía “las manos en el fuego” por nadie, insinuó que se trataba de “algo armado”. Aseguró que no le temen a la Justicia y que, de comprobarse los hechos, el responsable “debería estar preso”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuyo entorno familiar también está bajo sospecha, eludió cualquier declaración directa. Su única intervención fue un elocuente reposteo en redes de un análisis del politólogo Julio Burdman, que reflexionaba sobre el “momento óptimo” para lanzar una operación política contra adversarios, en una clara alusión al escándalo.
La presión opositora, sin embargo, no cesa y proviene de todos los frentes. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner interpeló directamente a Milei a través de la red social X, preguntándole si alegaría ignorancia y cargando las tintas contra su hermana y su entorno: “Las coimas del 3% que recibe tu hermana (…) son infinitamente peores (…) en términos de responsabilidad penal”. Desde la Coalición Cívica, la diputada Marcela Campagnoli acusó al gobierno de colocar “funcionarios sin idoneidad que se dedicaron a hacer negocios a costa de las personas más vulnerables”, tildando los actos de “corrupción en su estado más cruel”.
La legisladora porteña Graciela Ocaña lo definió como “una estafa a la confianza de los argentinos” y alertó sobre el grave silencio oficial: “No lo desmienten, no dicen que sea mentira, simplemente no dicen nada”. Advirtió que si el Presidente estaba al tanto y no actuó, podría configurarse un hecho pasible de juicio político. El diputado Ricardo López Murphy lo consideró una “prueba de fuego” para la administración, destacando que “el silencio es la peor respuesta” y que no puede haber “zonas grises” en la lucha contra la corrupción.
En un movimiento concreto, bloques del Frente de Izquierda Unidad presentaron formalmente en el Congreso un pedido de interpelación a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, exigiendo el “total esclarecimiento” de los hechos, la separación de todos los involucrados y “un castigo ejemplar” para los responsables de un esquema que pone en riesgo la vida de personas en situación de vulnerabilidad. El escándalo, lejos de apaciguarse, se instaló como el mayor desafío ético y político de la gestión Milei.
