La investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos se profundiza con pericias clave en teléfonos, el hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo y la intervención de personajes centrales del poder. La mira también está puesta en el explosivo crecimiento de las contrataciones de una droguería con el Estado.
La pesquisa por las potenciales coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza a un ritmo acelerado, develando una compleja trama que involucra a exfuncionarios, empresarios y nombres cercanos al corazón del Gobierno. El fiscal Franco Picardi conduce una investigación que se despliega sobre múltiples frentes, todos apuntando a desentrañar el mecanismo de supuestos sobornos mencionados en una serie de audios filtrados que conmocionaron a la política.
Uno de los ejes centrales radica en la evidencia digital. Tras un procedimiento forense de alta complejidad, técnicos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) lograron extraer el contenido del teléfono celular del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, a pesar de que el imputado se negó a facilitar las claves de acceso. El informe preliminar revela una cantidad significativa de mensajes eliminados, un dato que la fiscalía analizará minuciosamente para determinar si constituye un intento de destruir pruebas. La identidad de los interlocutores y las fechas de esas comunicaciones serán cruciales. En el ambiente judicial circulan fuertes especulaciones que señalan chats borrados con la propia secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con el influyente operador Eduardo «Lule» Menem, ambos mencionados en las grabaciones como presuntos beneficiarios de los pagos ilegales.
Paralelamente, la investigación avanza sobre los hermanos Emmanuel y Johnatan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, empresa señalada como la pagadora de los sobornos. El operativo del viernes último en sus lujosas viviendas de Nordelta estuvo marcado por la fuga de uno de ellos. Johnatan Kovalivker escapó por un acceso secundario del barrio privado antes de que la policía allanara su domicilio, lo que generó inmediatas sospechas sobre una posible colaboración interna. Su hermano, Emmanuel, fue interceptado dentro de su automóvil, a punto de huir, con 266.000 dólares y siete millones de pesos argentinos en su poder, distribuidos en sobres con anotaciones.
Para esclarecer las circunstancias de esa fuga y los movimientos de los empresarios, el juez Sebastián Casanello ordenó un nuevo allanamiento, esta vez en el centro de monitoreo de Nordelta, con el objetivo de secuestrar las filmaciones de las cámaras de seguridad de ese día. Las imágenes buscan responder interrogantes clave: ¿Cómo logró escapar Johnatan Kovalivker? ¿Qué cargó en su vehículo? ¿Recibió ayuda? En este contexto, ya fue indagado el jefe de seguridad del country, Ariel de Vicentis, sospechado de haber alertado a los empresarios de la llegada de la policía.
Otro frente de la investigación lo constituye el análisis de los contratos públicos. Según datos oficiales, la firma Suizo Argentina experimentó un crecimiento exponencial en sus negocios con el Estado, pasando de facturar 3.898 millones de pesos en 2024 a la astronómica cifra de 108.299 millones en lo que va de 2025, un incremento del 2678%. Si bien el foco actual está en las adquisiciones de la ANDIS, esta expansión descomunal llamó la atención del fiscal Picardi, quien ya le dio intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para un examen exhaustivo de todas las contrataciones, sus reglas y una posible vinculación con esquemas de recaudación ilícita.
La causa, que comenzó con una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, se expande ahora hacia los más altos niveles del poder, con audios que graban acusaciones directas, dinero que aparece en circunstancias sospechosas y una red de contrataciones que se multiplicó de manera inexplicable en tiempo récord.
