En medio de una tormenta cambiaria, escándalos de corrupción y el riesgo país en máximos, operaciones anónimas agitan la posible salida del ministro Caputo, mientras el Gobierno navega en aguas inexploradas de inestabilidad.
En las últimas cuarenta y ocho horas, un rumor meticulosamente orquestado recorrió los pasillos del poder financiero y político. Entre las cuatro y las seis de la tarde, mediante mensajes anónimos de WhatsApp, voces del mercado e incluso funcionarios de la Casa Rosada, se esparció con precisión casi ensayada el presunto anuncio de la dimisión del ministro de Economía, Luis Caputo. Al igual que en marzo, cuando el dólar amenazaba con despegar, el nombre de Pablo Quirno, secretario de Finanzas, surgió como su potencial reemplazo.
Ante el hermetismo oficial que reina en las áreas económicas por decisión gubernamental, estos misiles lanzados por los detractores de Caputo impactaron con fuerza, dejando un eco de incertidumbre sin desmentidas desde el Palacio de Hacienda. El propio ministro solo negó los rumores en un reducido grupo de WhatsApp que, según se comenta, mantiene con sus periodistas de mayor confianza; un círculo que no supera las tres personas.
El trasfondo del problema, no obstante, es considerablemente más profundo. Estas pugnas internas estallan en un contexto envenenado por el escándalo de presuntas coimas en ANDIS, una divisa que no cesa de presionar al alza, restricciones ampliadas para contener los pesos dentro del sistema y unos niveles de actividad económica que se mantienen en territorio negativo. En este escenario, las operaciones políticas destinadas a socavar al Ministerio de Economía merecen una mirada más atenta y preguntas más incisivas.
Fuentes allegadas a la cúpula ministerial revelaron que el nombre de Quirno no emerge por casualidad. Dicho funcionario es quien recibe a empresas e instituciones bancarias para transmitir un mensaje de calma y continuidad, asegurando que el plan económico se mantendrá incólume pese a la turbulencia. Paradójicamente, de esas mismas reuniones privadas brotaron los primeros indicios de un posible cambio. En uno de esos encuentros, un empresario interrogó a Quirno sobre la voluntad de Caputo de permanecer en el cargo. La respuesta del secretario fue elíptica: «Si Toto quiere irse, nosotros nos quedamos». Esta frase, según el cristal con que se mire, admite dos interpretaciones diametralmente opuestas: para los alineados con el Gobierno, es una garantía de continuidad; para los más escépticos, una sutil advertencia sobre un futuro inmediato incierto.
Esta postal retrata a la perfección el estado de sitio que se vive en el quinto piso de Hacienda, convertido en blanco de ataques internos y externos durante el momento más delicado e inestable del plan económico libertario. La administración actual parece haber perdido la brújula de manera tan manifiesta que esta deriva la llevó a una disputa sin precedentes con el JP Morgan, el banco que formó a muchos de sus actuales funcionarios. El dato que aporta la entidad es demoledor: con 830 puntos básicos, el riesgo país de Argentina ya supera al de Ecuador (759 puntos), una nación sumida en la violencia narcocriminal y una crisis profunda. Además, esta cifra coloca al país a menos de 400 puntos del tope del ranking de riesgos, actualmente ocupado por Bolivia.
Un segundo dato alarmante es que este indicador se situaba en 650 puntos en enero y había tocado los 600 antes de que Cristina Kirchner fuera encarcelada. La desesperación dentro del ministerio es palpable, con allegados a Caputo preguntando al Morgan: «Nos están matando… ¿qué pasa?». La elegante respuesta de los analistas fue que la solidez del plan económico dista de ser convincente y la calificación crediticia simplemente refleja esa realidad.
El malestar se extiende también al sector bancario. «Nos están provocando», le espetó un banquero a un colaborador cercano al ministro al conocerse que el Banco Central elevaba por tercera vez el encaje legal –los fondos que los bancos deben mantener inmovilizados– hasta un 53,3% en un intento por evitar que utilicen pesos para comprar dólares. El temor del sector es que este «corralón» se expanda a otros instrumentos. Mientras el Gobierno lo niega, la intervención sobre el tipo de cambio continúa; se rumorea que ayer, además de emplear tasas récord y futuros, se operó con fondos de la ANSES para contener una suba mayor. La divisa tocó los 1370 pesos, a solo 30 pesos del techo de la banda de flotación acordada con el Fondo Monetario Internacional, un esquema que, según confiaron fuentes de Hacienda a este diario, será eliminado tras las elecciones. De hecho, se admite que esas bandas ya no existen en la práctica y que la cotización se mantiene artificialmente por debajo de los 1400 pesos.
Ante esta encrucijada, el Gobierno aplica una política económica de difícil execution, pero se arguye que, de no hacerlo, el poder económico devoraría al país con una inflación impulsada por una devaluación masiva. Muestra de ello son los aumentos de precios que empresas como ARCOR ya comunicaron a los supermercados, con subas de entre 5% y 8%, una señal que anticipa una nueva oleada inflacionaria.
Todos estos factores se potencian por la incertidumbre electoral. Aunque desde el mercado se vocea un resultado parejo o incluso favorable para La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en privado se reconoce que se trata de una exageración arriesgada. Las encuestas serias que manejan los bancos y el propio Gobierno muestran una diferencia de cuatro puntos a favor de la oposición. Los más realistas advierten que la brecha podría ser mayor, sustentada en una abstención significativa de votantes decepcionados con Milei, cuyo ausentismo perjudicaría al oficialismo.
Más allá de la timba electoral, existe un consenso sobre un punto crucial: sea cual sea el resultado, no se esperan cambios significativos en la política económica. La disputa real no es la llegada de una oposición ultraestatista, sino la continuidad de un régimen económico que se ha convertido en su propio principal enemigo. Milei aparece como el responsable último tanto del caso de supuestas coimas como del fracaso relativo de su plan. Una anécdota sintomática tuvo lugar durante la cena por los 50 años de la Copal en La Rural: en un mar de quejas por los malos negocios, los productores arriesgaron que el 2026 «será un año con caída del consumo». Otro año más.
