La magistrada Loretta Preska desestima un nuevo recurso de la defensa argentina, permitiendo a los fondos buitre investigar un amplio espectro de bienes del país para eventualmente ejecutar una millonaria condena.
NUEVA YORK.— En una decisión que incrementa la presión jurídica sobre la República Argentina, la jueza federal Loretta Preska denegó este martes una petición crucial presentada por la defensa del país sudamericano dentro del extenso litigio por la expropiación de la petrolera YPF en 2012. El rechazo, confirmado a esta agencia por fuentes oficiales, representa un nuevo revés para la estrategia legal argentina en los tribunales neoyorquinos.
La magistrada del Distrito Sur de Nueva York resolvió no acoger el pedido formulado por los abogados del Estado, quienes buscaban restringir severamente el alcance de la información sobre activos nacionales que se ve obligado a divulgar. Argentina argumentaba que solo debía proporcionar datos de bienes considerados potencialmente ejecutables. No obstante, la jueza ha avalado la solicitud de los fondos de inversión demandantes, quienes podrán ahora acceder a un inventario más extenso de propiedades, allanando el camino para una eventual ejecución forzosa de la monumental sentencia en su contra.
Este pronunciamiento se produce apenas una semana después de que Preska desestimara otra moción argentina que pretendía que la propia jueza reconsiderara una orden previa, emitida a finales de julio. Dicha disposición compelía al gobierno a entregar comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios vinculadas al caso, obtenidas desde sus dispositivos y cuentas personales.
Ambas resoluciones forman parte de la fase de “descubrimiento de pruebas”, un procedimiento legal destinado a recabar documentación para hacer efectivo el laudo que beneficia a las firmas Burford Capital y Eton Park. Estas compañías, especializadas en litigios financieros, adquirieron los derechos de demanda del antiguo accionista minoritario Grupo Petersen y luego llevaron al Estado argentino a juicio.
Desde la Procuración del Tesoro, el órgano de abogados del Estado, calificaron las determinaciones de la magistrada como “equivocadas” y adelantaron que analizan las “vías procesales adecuadas para su impugnación dentro de la estrategia general del juicio”. Las fuentes oficiales subrayan que los requerimientos judiciales contravienen, a su juicio, tanto la jurisprudencia estadounidense como la legislación argentina.
El conflicto judicial tiene su próxima cita este jueves, con una audiencia de seguimiento del proceso de descubrimiento de pruebas programada en Nueva York. El trasfondo de esta pulseada legal es la colosal condena de 16.100 millones de dólares que la jueza Preska dictó en 2023 contra Argentina. En un intento por asegurar el pago, llegó incluso a ordenar a principios de año la cesión del 51% accionario de YPF, medida que fue apelada y logró una suspensión temporal.
Mientras la apelación de fondo sigue su curso, la jueza Preska avanza implacable en la fase de identificación de activos, manteniendo en vilo al principal productor de hidrocarburos del país, cuya propiedad y destino son el centro de esta batalla legal transnacional.
