Legisladores de todos los bloques, excepto el oficialismo, respaldaron a la prensa en una sesión informal de la comisión clave, paralizada hace 18 meses. Denuncian un «ataque anticonstitucional» y un «modus operandi» del Gobierno para silenciar investigaciones sobre corrupción y un cruel mecanismo de recorte de subsidios a discapacidad.
Una medida judicial de carácter urgente, utilizada para imponer la censura previa, desató una inmediata reacción en el Congreso de la Nación, encendiendo las alarmas sobre un precedente extremadamente peligroso para los pilares de la democracia. La decisión, que prohibió la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue interpretada por amplios sectores políticos y de derechos humanos como una afrenta directa a la libertad de expresión.
En respuesta a esta ofensiva, y ante la parálisis deliberada de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados —cuya presidenta, la libertaria Emilia Orozco, no la convoca desde hace un año y medio—, legisladores de la oposición decidieron autoconvocarse de manera informal. La cita, impulsada por el vicepresidente del cuerpo, Cristian Castillo, contó con una amplia representación de todos los bloques políticos, con la única y notable ausencia de los integrantes del oficialismo y sus aliados. El encuentro funcionó como un contundente respaldo a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, blancos de pedidos de allanamiento tras revelar los audios, y como un claro gesto de que el Parlamento intenta erigirse como contrapeso frente a los excesos del Poder Ejecutivo.
Mientras esta reunión de urgencia tenía lugar, la presidenta de la comisión, Emilia Orozco, se encontraba en Salta dedicada a su campaña política, donde publicó en sus redes sociales imágenes de su recorrida por Iruya. La situación no pasó desapercibida, evidenciando lo que Castillo denunció como un «modus operandi del oficialismo» para clausurar los espacios de control.
El clima de denuncia se replicó en el Senado, donde la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, Carolina Moisés, calificó la avanzada gubernamental como un «ataque anticonstitucional a la libertad de prensa». Desde su perspectiva, el Gobierno intenta «naturalizar la censura previa», un mecanismo que erosiona las bases del sistema republicano. Moisés confirmó que convocará formalmente a su comisión para analizar los pasos a seguir frente a lo que consideró el cruce de «líneas rojas» que ponen en riesgo la esencia democrática.
En la reunión de Diputados, los periodistas invitados fueron contundentes. Jorge Rial desmintió las acusaciones del Ministerio de Seguridad y aseguró que su único delito es «informar sobre corrupción en el Gobierno». Relató episodios de amedrentamiento, incluyendo la presencia de un Falcon verde frente a su domicilio, y reveló que durante una reunión en la Casa Rosada un funcionario llegó a expresar que «querían a Rial preso». Lejos de amedrentarse, el conductor advirtió que es un «punto de quiebre» y que al día siguiente mostraría nuevas pruebas. «Si nos llevan puestos a nosotros, se van a llevar puestas todas las libertades», sentenció.
Estas pruebas, según adelantó, consisten en capturas de pantalla de WhatsApp que exhiben un cruel mecanismo de premios y castigos dentro de la administración pública, mediante el cual se incentivaba de manera aleatoria a empleados a recortar subsidios destinados a personas con discapacidad. Un sistema de recompensa por aplicar la motosierra sobre los más vulnerables.
Por su parte, Mauro Federico negó cualquier vínculo con servicios de inteligencia extranjeros o con el abogado Franco Bindi, señalado por el Gobierno como el supuesto autor de las filtraciones. «Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias», remarcó. Con visible emoción, describió la situación como la «punta de un iceberg» de un «saqueo» a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y se preguntó: «Si retirar 280 mil pesos a una persona que no le alcanza para comer no es un genocidio planificado, ¿qué es?».
El mensaje final de los periodistas y de los legisladores presentes fue uno solo: la investigación periodística sobre los presuntos actos de corrupción no se detendrá. Frente a una cautelar que saben es un «placebo de corta duración» pero que busca ganar tiempo y frenar filtraciones, la respuesta desde el Congreso y la prensa fue unísona: más democracia y más información.
