La administración de Milei atribuye la divulgación de conversaciones de su hermana a una maniobra de inteligencia no institucional, mientras Moscú desmiente categóricamente cualquier vínculo con el episodio.
Una grave denuncia por supuestas maniobras desestabilizadoras sacude al Gobierno nacional tras la divulgación de registros sonoros que capturaron conversaciones privadas de Karina Milei, hermana del Presidente, presuntamente obtenidas en el interior de la Casa Rosada. El oficialismo respondió de inmediato con una presentación judicial formal a través del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, en la que se caracteriza el hecho como un intento “golpista” destinado a alterar el orden público y condicionar el proceso electoral.
La presentación legal, efectuada por el representante jurídico de la cartera de Seguridad, Fernando Soto, ante el Juzgado Federal N.º 10 a cargo de Julián Ercolini, sostiene que la filtración busca perjudicar los indicadores económicos clave e influir en el ánimo de la ciudadanía en un momento político particularmente sensible, en vísperas de comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires y con miras a las próximas elecciones nacionales.
Según el documento oficial, la difusión de las grabaciones constituye un ataque directo contra una de las figuras centrales del Gobierno, ejecutado mediante una operación de inteligencia no institucional —actividad expresamente prohibida por la Ley 25.520—. La sola posibilidad de que se haya registrado conversaciones dentro de la sede gubernamental otorga a este episodio una gravedad institucional mayúscula.
Las repercusiones del caso traspasaron rápidamente el ámbito político y expusieron tensiones dentro de la administración libertaria, donde se hicieron evidentes desalineaciones entre sectores allegados a Karina Milei y funcionarios cercanos a Santiago Caputo. Al mismo tiempo, la oposición kirchnerista capitalizó el episodio para cuestionar la solidez del Gobierno.
En medio de la polémica, la embajada de Rusia en Argentina emitió un comunicado oficial desmintiendo cualquier participación en los hechos, luego de que surgieran versiones mediáticas que especulaban con la intervención de servicios de inteligencia extranjeros. La legación diplomática expresó su pesar ante las menciones infundadas y rechazó de manera categórica las acusaciones, calificándolas como carentes de todo sustento probatorio.
“El deseo recurrente de ver espías rusos en cada esquina resulta irracional y destructivo”, señaló la embajada, al tiempo que reafirmó el compromiso de Moscú con la cooperación bilateral y con la celebración —en octubre— del 140.º aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países, lejos de lo que denominó “ficciones espías”.
Aunque el Ministerio de Seguridad intentó vincular la filtración con posibles intentos de intervención en procesos electorales internacionales, no logró demostrar conexiones concretas en esa dirección. Lo cierto es que la crisis irrumpió en un escenario ya complejo, marcado por señales de debilidad económica y alta volatilidad política.
Desde algunos sectores oficialistas admiten inquietud por un posible efecto dominó: una derrota electoral en Buenos Aires podría acelerar la inestabilidad y condicionar aún más la gobernabilidad en el corto plazo. Mientras tanto, Rusia insistió en su rechazo a toda forma de intromisión y pidió que se abstengan de circular especulaciones sin evidencia, subrayando la solidez y la historia positiva de las relaciones ruso-argentinas.
