La senadora desafía el liderazgo de Javier Milei al negarse a acatar una orden presidencial, expone las fisuras internas de La Libertad Avanza y aviva especulaciones sobre su futuro electoral, mientras el Gobierno intenta capear el temporal entre cruces, renuncias en oferta y una sesión legislativa en vilo.
El tablero político argentino amaneció una vez más con sus piezas en movimiento y un vértigo que ya resulta familiar, aunque nunca deja de sorprender. El engranaje del proyecto electoral de Patricia Bullrich no solo se mantiene activo, sino que avanza con paso firme al compás de la creciente descomposición interna de La Libertad Avanza. Por segunda ocasión en menos de un mes, la exministra de Seguridad ha puesto en evidencia la frágil cohesión que ata al espacio gobernante y los serios inconvenientes de conducción que aquejan a la figura de Javier Milei. En un gesto calculado que combina lealtad exhibida y autonomía estratégica, la senadora puso a disposición del mandatario su dimisión al frente de la bancada libertaria en la Cámara alta, acto seguido de comunicarle que no obstaculizaría el pliego de la jueza María Verónica Michelli. El destino de esa postulación judicial estaba previsto para ser discutido en el Congreso en la jornada de mañana, pero el propio Presidente ordenó su retirada argumentando el vínculo familiar de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon. La sesión quedó así en un compás de espera, y la desobediencia de la legisladora no hizo más que recrudecer el malestar en la Casa Rosada, ahondando la desconfianza hacia una Bullrich que ya había recibido correctivos la semana anterior por exigir la salida de Manuel Adorni y por filtrar a la prensa detalles confidenciales de las reuniones de gabinete.
El malestar dentro del bloque libertario no se limita a la figura de la senadora. Entre los propios legisladores oficialistas crece un profundo fastidio dirigido al Gabinete nacional por la impericia demostrada en el manejo del pliego de Michelli. La pregunta que circula de boca en boca en los pasillos del Senado es contundente: ¿por qué no se frenó el proceso antes de que la candidatura llegara a la cámara? Y la factura se la endosan directamente a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, considerados los artífices políticos de la cartera de Justicia y responsables de examinar los antecedentes de quienes aspiran a cubrir vacantes en el Poder Judicial. Mientras tanto, el entorno del influyente asesor Santiago Caputo aprovecha la coyuntura para subrayar cómo la torpeza de los operadores más cercanos a Karina Milei ha desembocado en un nuevo episodio de ruido interno.
Bullrich justificó su postura bajo el ropaje de la “objeción de conciencia”, anticipando así que no acataría la directiva del Poder Ejecutivo en el caso Michelli. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la exfuncionaria deslizó una declaración de principios que apunta al corazón de la disputa simbólica: sostuvo que “respetar los valores republicanos” también es “parte del cambio”. Bajo ese argumento, la senadora busca desmarcarse de los hermanos Milei y erigirse como una garante del mismo modelo de transformación, aunque con una diferencia no menor: el estilo, los modales, el arte de la política institucional. Esa distinción no es casual. Todo el gesto constituye un mensaje cuidadosamente dirigido a dos auditorios clave. Por un lado, el establishment económico, al que el Presidente suele calificar con desdén de “prebendario”. Por el otro, el antiguo electorado macrista, esa franja del voluntariado de centroderecha que en las últimas elecciones optó por la boleta violeta con reservas, prevenciones y cierto malestar, y que ahora podría encontrar en Bullrich una voz que reconcilia el anhelo de cambio con las formas republicanas tradicionales.
Antes de hacer pública su posición, la senadora mantuvo una comunicación directa con Milei para comunicarle su determinación y ofrecerle su renuncia como jefa de la bancada. El mandatario, según pudo reconstruirse, rechazó la dimisión sin mayores aspavientos. La propia Bullrich se encargó de bajar el tono al día siguiente, durante una aparición en Mendoza: “Toda persona de bien, cuando tiene que darle al Presidente una posición quizá distinta, pone su renuncia a disposición. El Presidente siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración”. Sin embargo, en las oficinas gubernamentales interpretan la maniobra de otro modo: creen que la legisladora está jugando en el límite de lo tolerable y que, además, se asegura de que cada uno de sus movimientos trascienda al periodismo. Sostienen que la misma estrategia se desplegó en el affaire Adorni: primero exigió su cabeza a puertas cerradas, y luego hizo públicas sus discrepancias respecto al modo de abordar la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que pesaba sobre el portavoz.
Los gestos de autonomía de Bullrich no solo evidencian el desorden en las filas libertarias, sino también la falta de autoridad presidencial. Los cuestionamientos mediáticos de la senadora al jefe de Gabinete, a principios de mayo, forzaron a Milei a una intervención de urgencia: llamó a un canal de televisión para salir al aire desde Estados Unidos y prometer que la presentación de la declaración jurada era solo una “cuestión de días”. “Ya tiene los papeles listos”, juró entonces para intentar cerrar la herida. Un mes después, la promesa sigue incumplida, y a la senadora la dejaron afuera del Cabildo durante el acto del 25 de Mayo, un desplante que en su entorno leyeron como un castigo explícito.
En este escenario de tirones expuestos y rencores crecientes, Bullrich cuenta con una ventaja ostensible: sabe que la tolerancia de Milei será más amplia que en otros conflictos, porque desplazarla implicaría un costo político altísimo para el Gobierno. “No hay posibilidad de que eso suceda”, confiesan sus allegados. Recuerdan que la senadora forma parte de la alianza que permitió ganar el balotaje, y que el mandatario le valora, al menos en apariencia, que le plantee sus diferencias de frente. Karina Milei, la hermana y secretaria general de la Presidencia, no piensa lo mismo; su círculo considera que la legisladora cruza líneas rojas con frecuencia creciente. Además, en el entorno de Bullrich subrayan que una eventual expulsión pondría en riesgo el funcionamiento del Congreso, no solo porque tensaría aún más el vínculo con los aliados parlamentarios, sino porque alrededor de siete diputados de origen PRO le responden directamente. Hay otro punto que nadie dice en voz alta pero que flota en el ambiente: apartarla, en un contexto de desgaste interno y crisis económica, podría catapultarla inmediatamente como candidata presidencial de una alternativa de centroderecha.
En el despacho de la senadora leen con entusiasmo las encuestas que la posicionan por encima del Presidente. El último relevamiento de Management & Fit, por ejemplo, la ubica como la funcionaria con mejor valoración: 36,3 por ciento de imagen positiva frente a 47,4 por ciento de negativa. Milei, por debajo, cosecha un 31,7 por ciento de positiva y un 53,8 por ciento de rechazo. Son números magros que, aun así, en el bullrichismo celebran como una señal de que el tablero electoral puede mutar con rapidez. En el Gobierno, sin embargo, optan por restar importancia a los intentos autonomistas y descartan una posible ruptura traumática. La lectura interna es que una crisis de gobernabilidad arrastraría a todos los actores por igual, y que cualquier aventura divisionista terminaría por dañar más a quien la protagonice. Además, están convencidos de que el rumbo económico mejorará en los próximos meses, y que entonces cualquier maniobra de Bullrich, de Mauricio Macri o del peronismo quedará sepultada por el arrastre de los números. “Yo no compito contra otros. Yo compito contra mí mismo. Si hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección”, sostuvo Milei la semana pasada. Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, repitió el mismo argumento con una dosis de seguridad notoria: “La economía va a llevarse puesta cualquier tentativa de desestabilización política”, afirmó, y pronosticó que “2027 va a ser un año muy diferente de lo que se espera”. “El Presidente va a ganar por paliza. No hay margen para que las cosas salgan mal”, completó.
Más allá del protagonismo acaparado por Bullrich, el conflicto por el pliego de la jueza Michelli la trasciende. Senadores oficialistas y aliados le reprochan al Gabinete que la postulación haya ingresado al Congreso en primer lugar. “Si el pliego llegó no es una responsabilidad nuestra. ¿Quién lo examinó? Pasó por el Consejo de la Magistratura, después por el Ministerio de Justicia”, se quejó Luis Juez en declaraciones a Argentina/12. El enojo del cordobés se extiende a otros integrantes del panoficialismo y podría complicar la aprobación de futuros pliegos en un clima ya de por sí enrarecido.
La suerte de la sesión programada para mañana quedó atada a la decisión que se adopte en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para hoy a las once de la mañana. En ese ámbito se debatirá el temario con los bloques opositores. Si bien ya estaba acordado tratar setenta pliegos e incluir el proyecto de pago a dos fondos buitres junto con la ley sobre propiedad privada, todo podría modificarse a partir de la desobediencia de Bullrich. El veto presidencial a Michelli también encendió el enojo de los aliados del Gobierno que habían avalado la postulación. El dictamen de la jueza contaba con las nueve firmas necesarias para ser tratado, y el PRO ya anticipó que sostendrá su candidatura. “La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, afirmó el jefe del bloque macrista en la Cámara alta, Martín Goerling Lara, uno de los firmantes del dictamen. La senadora Carolina Losada, por su parte, confirmó que el radicalismo votará “en contra” de retirar el pliego. “No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza”, expresó sin ambages.
Desatado el conflicto en toda su dimensión, todas las miradas apuntan ahora al círculo de Karina Milei. La cartera de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, se mueve bajo la órbita política de los primos Martín y Eduardo Menem. Sobre ellos recae la responsabilidad de examinar el recorrido de los candidatos a ocupar las vacantes del Poder Judicial. En el entorno del asesor Santiago Caputo aprovechan para exhibir cómo la impericia de los laderos de la secretaria general de la Presidencia derivó en otro escándalo interno. Uno más, y seguramente no el último, en una gestión que parece transitar de polémica en polémica mientras la oposición observa, los mercados esperan y la ciudadanía asiste, una vez más, a la crónica de una fragmentación anunciada.
