La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional no consiguió el respaldo necesario en el Senado y su tratamiento fue postergado hasta agosto. Legisladores de Tierra del Fuego y La Rioja alertaron sobre las consecuencias que tendría la flexibilización de la normativa vigente, denunciaron la comercialización de inmuebles públicos de alto valor geopolítico y sostuvieron que la reforma representa un riesgo para la soberanía nacional.
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, promovido por el Gobierno nacional, no logró este jueves el respaldo necesario en la Cámara de Senadores y su tratamiento quedó postergado hasta el próximo 6 de agosto. La iniciativa, que propone modificar aspectos centrales de la legislación vigente sobre la propiedad de la tierra, abrió un intenso debate político debido a que facilita la adquisición de terrenos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, endurece los mecanismos para futuras expropiaciones y elimina restricciones sobre predios afectados por incendios, medidas que distintos sectores consideran un retroceso en materia de protección del patrimonio nacional.
La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, confirmó que solicitarán un cuarto intermedio para retomar la discusión en agosto, luego de que la resistencia de distintos espacios opositores impidiera reunir los consensos necesarios para avanzar con la aprobación del proyecto.
En ese contexto, la diputada nacional por Tierra del Fuego, Andrea Freites, y el senador riojano Fernando Rejal expresaron una firme oposición a la propuesta durante una entrevista en Radio 750. Ambos coincidieron en que la iniciativa pone en riesgo el control sobre territorios considerados estratégicos y denunciaron que ya existen antecedentes de venta de inmuebles públicos que generan preocupación en distintas provincias.
Freites advirtió que el oficialismo intentó impulsar el tratamiento de la ley mientras gran parte de la atención pública estaba concentrada en la semifinal disputada entre las selecciones de Argentina e Inglaterra. Según sostuvo, el proyecto abre la puerta a una mayor participación de capitales extranjeros en la compra de tierras rurales y de relevancia geopolítica, una situación que, a su entender, afecta especialmente a la región patagónica.
«La Patagonia es donde están poniendo el ojo los grandes capitales del exterior», afirmó la legisladora, quien aseguró que la provincia fueguina ocupa un lugar central dentro de ese interés debido a su ubicación estratégica y a la riqueza de sus recursos naturales.
La diputada también reveló que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya inició el proceso de subasta de dos terrenos ubicados en Ushuaia y otro en Río Grande. Explicó que los predios de la capital fueguina se encuentran junto a la planta YPF Orión y cuentan con salida directa al Canal Beagle, una ubicación que calificó como de enorme importancia para la defensa de los intereses nacionales.
«Lo verdaderamente preocupante no es solamente la venta, sino el carácter estratégico de esos terrenos. Poseen una salida inmediata al Canal Beagle», subrayó Freites, quien cuestionó además la legitimidad de la operación impulsada por el Estado nacional.
En esa misma línea, sostuvo que el debate excede una simple operación inmobiliaria y planteó interrogantes sobre la titularidad de esos espacios. «El Gobierno nacional está vendiendo algo que no le pertenece. No estamos discutiendo únicamente una transacción comercial, sino si la Nación tiene la facultad de disponer de esos terrenos», expresó.
La dirigente fueguina también vinculó la discusión sobre la soberanía territorial con el renovado interés que despertó la causa Malvinas tras la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra. Destacó la repercusión que tuvo la bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas», exhibida por los jugadores luego del encuentro, y consideró que ese gesto volvió a colocar el reclamo soberano en el centro de la agenda pública.
Freites, nacida en Tucumán pero radicada desde hace casi treinta años en Tierra del Fuego, describió a la provincia como «profundamente malvinera» y explicó que el vínculo permanente con los excombatientes mantiene viva la memoria y el compromiso con la causa de las islas.
Durante la entrevista también hizo referencia a las versiones que indican una posible instalación de una representación diplomática de Israel en Ushuaia. Sobre ese punto aseguró que distintas organizaciones y referentes políticos siguen la situación con preocupación y manifestó su rechazo a cualquier decisión que, según consideró, pueda alterar el equilibrio geopolítico de la región.
Por su parte, el senador nacional Fernando Rejal apeló a un antecedente ocurrido en La Rioja para fundamentar la necesidad de preservar la actual Ley de Tierras. Recordó un conflicto originado hace varios años, cuando unas 200 mil hectáreas fueron rematadas luego de que un particular utilizara como garantía para acceder a un crédito terrenos que, según explicó, no eran de su propiedad.
El legislador señaló que, frente a esa situación, el Estado provincial intervino mediante una expropiación para restituir las tierras a quienes históricamente las ocupaban y desarrollaban actividades productivas. A su juicio, ese episodio constituyó uno de los principales fundamentos que impulsaron la sanción de la Ley de Tierras durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Para Rejal, la modificación impulsada por el Gobierno representa una política de cesión del patrimonio nacional. «Lo que buscan es una entrega lisa y llana del territorio argentino», afirmó con dureza.
El senador recordó además que la legislación ya había sido objeto de intentos de flexibilización durante la administración de Mauricio Macri y, posteriormente, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y de la denominada Ley Bases, iniciativas que, según sostuvo, fueron debilitando las herramientas de control sobre la propiedad rural.
Otro de los puntos que despertó fuertes cuestionamientos es la eliminación de las restricciones para modificar el destino de los terrenos afectados por incendios forestales. Rejal advirtió que ese cambio facilitaría emprendimientos inmobiliarios o productivos sobre superficies que hoy cuentan con protección legal, favoreciendo procesos especulativos y generando un impacto ambiental de gran magnitud.
«Se entrega nuestra riqueza, nuestras fuentes de agua y las zonas de frontera», manifestó el legislador, quien consideró que la reforma compromete recursos estratégicos esenciales para el futuro del país.
Finalmente, el representante riojano sostuvo que el oficialismo intentó avanzar con el tratamiento del proyecto en un momento de alta atención deportiva con el objetivo de disminuir el impacto político y mediático del debate. Sin embargo, destacó que la iniciativa no consiguió reunir el respaldo suficiente y concluyó con una fuerte crítica: «No se puede ser tan antipatria para aprobar esta ley. Ninguno de sus capítulos favorece a los argentinos».
El tratamiento de la reforma quedó ahora diferido para el próximo 6 de agosto, fecha en la que el Senado volverá a debatir una iniciativa que promete profundizar la confrontación política y reabrir la discusión sobre la protección de la soberanía territorial, la administración de los bienes públicos y el alcance de las inversiones extranjeras en tierras consideradas estratégicas para el país.
