La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió la ejecución de la cautelar que obligaba a actualizar salarios y becas, mientras el oficialismo gana tiempo en medio de un entramado de apelaciones y quejas
La Sala integrada por los magistrados Fernández, Morán y López Castiñeira volvió a tenderle una mano al Poder Ejecutivo nacional. En esta oportunidad, el tribunal otorgó un plazo adicional a la administración que encabeza Javier Milei para continuar dilatando el acatamiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. La decisión de los camaristas consistió en frenar la ejecución de la medida cautelar que exigía la actualización de haberes y becas, al admitir una presentación contra una resolución del juez Martín Cormick.
El beneficio procesal no fue el único que los jueces de la Cámara le dispensaron al espacio político de La Libertad Avanza. La admisión de la queja también habilitó que los funcionarios Carlos Torrendell, secretario de Educación, y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, pudieran sostener que se encontraban en regla durante su comparecencia ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. De este modo, los responsables del área educativa pudieron argumentar formalmente que su situación se ajustaba a derecho pese al incumplimiento de la manda judicial.
La controversia en torno al financiamiento de las casas de altos estudios ingresó en un verdadero dédalo de recursos y presentaciones que se intensificó a partir de que el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal comenzara a intimar al Ejecutivo para que acatara la orden cautelar dictada en diciembre del año pasado. Aquella resolución judicial había dispuesto la obligación de recomponer los salarios docentes y las ayudas económicas destinadas a los estudiantes, aspecto central del conflicto que enfrenta al Gobierno con el sistema universitario.
En ese marco, la presentación del senador Diego Santilli en el expediente sumó un nuevo capítulo de tensión. El legislador se hizo parte para manifestar su malestar porque había sido sancionado con una multa debido al incumplimiento de la medida judicial, situación que evidencia el grado de complejidad que alcanzó la disputa y la multiplicidad de actores involucrados en ella.
La decisión de los camaristas implica, en los hechos, una nueva bocanada de oxígeno para la gestión libertaria, que de esta manera evita por ahora ejecutar las actualizaciones dispuestas por la Justicia. El expediente continúa su curso entre recursos y contra recursos, mientras las universidades aguardan la definición de un conflicto que afecta directamente a docentes y estudiantes de todo el país.
