Mientras la justicia cordobesa calificó el crimen como un femicidio, Alejandra Monteoliva optó por hablar de “verdad completa” y evitar la etiqueta específica, en una presentación oficial donde destacó la caída histórica de los homicidios en el país.
En una jornada atravesada por la conmoción y el reclamo social, la máxima responsable de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, rompió el silencio este lunes para referirse al asesinato de Agostina Vega, un caso que ha sacudido los cimientos institucionales de la provincia mediterránea. Sin embargo, lejos de adherir a la clasificación que horas más tarde sellaría el propio poder judicial cordobés, la funcionaria nacional optó por un lenguaje elusivo y una cuidadosa selección de términos que despertaron inmediatas suspicacias en organizaciones feministas y de derechos humanos. Lo que la justicia provincial definió sin ambages como un femicidio, la ministra lo encuadró en una categoría más genérica y aséptica: el homicidio.
Durante su exposición, efectuada en el marco de la presentación de las Estadísticas Criminales 2025 elaboradas por el Sistema Nacional de Información Criminal, Monteoliva sostuvo que “lo importante es la verdad completa” y defendió la necesidad de que esa reconstrucción de los hechos sea respetada “aunque duela, aunque nos interpele como autoridades, como funcionarios, como sociedad, como familias, padres y madres”. En ningún momento pronunció la palabra que la propia judicatura cordobesa utilizaría más tarde para describir el crimen de la joven mujer. Ese silencio semántico no pasó inadvertido.
La ministra argumentó que “un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante una hora, durante dos horas, durante tres horas, donde sucede el hecho como tal”. Añadió que “una situación como esa refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así”. Con esa afirmación, buscó instalar la idea de que la violencia letal no puede reducirse a un instante ni aislarse de su contexto previo, una noción que en teoría podría aproximarse a las lecturas que el feminismo hace de la violencia de género, pero que en su boca sonó deliberadamente despojada del nombre que la ley y la doctrina han consagrado para crímenes motivados por razones de género.
Monteoliva hizo hincapié en la necesidad de “respetar el alcance del trabajo de la justicia y de quienes somos auxiliares de la justicia”, una frase que muchos interpretaron como un intento de desmarcar al poder ejecutivo nacional de la polémica que ya envuelve a las autoridades cordobesas. Y es que mientras ella hablaba desde la estadística y la cautela política, en Córdoba el colectivo NiUnaMenos redoblaba su embestida contra el gobierno provincial. Esa agrupación exigió la renuncia del ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, denunciando que no se aplicaron los protocolos de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas ni se activó el alerta Sofía, una herramienta clave para localizar personas en situación de alto riesgo. Contra el fiscal Raúl Garzón, además, el mismo movimiento impulsó una moción de juicio político.
En ese contexto de tensión, la aparición de Monteoliva no estuvo exenta de oportunismo estadístico. La funcionaria utilizó la misma tribuna para difundir los números del informe criminal 2025, que trajeron un dato que el gobierno nacional se encargó de resaltar: la Argentina registró la menor tasa de homicidios de su historia, con 3,6 víctimas cada 100.000 habitantes. Según su lectura, esa cifra evidencia una “reducción sostenida de los principales delitos en todo el país” y consolida una “tendencia descendente” que, vale aclarar, se verifica desde antes de la gestión de Javier Milei. Especialistas en seguridad señalaron además que la baja nacional se explica en gran medida por el comportamiento de la provincia de Buenos Aires, cuyo peso estadístico es determinante.
Sin embargo, el foco de la jornada no estaba en las planillas ni en los guarismos fríos. El crimen de Agostina Vega se ha convertido en un test de legitimidad para las políticas de género y para la voluntad política de nombrar la violencia en sus términos exactos. La decisión de Monteoliva de no decir “femicidio” —aun cuando la justicia cordobesa ya lo había hecho— dejó una pregunta flotando en el aire: ¿se trata de un simple cuidado técnico para no interferir con una causa judicial abierta, o hay una decisión política más profunda de desactivar el lenguaje que nombra la especificidad de la opresión patriarcal? El malestar social, por lo pronto, no parece dispuesto a aceptar eufemismos.
