Un relevamiento obtenido por acceso a la información pública revela que al menos 1.120 créditos de la línea “+Hogares” fueron destinados a personas expuestas políticamente, en un contexto de ajuste feroz y déficit habitacional que afecta a un tercio de las familias argentinas. La justicia ya investiga posibles irregularidades tras la denuncia por los millonarios préstamos otorgados a altos funcionarios cercanos a Luis Caputo y al clan Menem.
Pertenecer al círculo de poder tiene sus réditos, y los integrantes de la administración libertaria parecen conocer bien esa máxima. Mientras el discurso oficial pregoniza el sacrificio y la poda del gasto público con una supuesta motosierra implacable, detrás de escena se teje una trama de beneficios que pocos ciudadanos comunes pueden siquiera soñar. Según un minucioso relevamiento obtenido a través de un pedido de acceso a la información pública, el Banco Nación otorgó entre enero de 2024 y marzo de 2026 un total de 25.391 créditos hipotecarios. De ese universo, 1.120 operaciones fueron a parar directamente a manos de las denominadas “Personas Expuestas Políticamente” (PEP), una categoría que la Unidad de Información Financiera (UIF) reserva para funcionarios, exfuncionarios o individuos estrechamente vinculados a ellos. En términos prácticos, esto implica que aproximadamente uno de cada veintitrés préstamos destinados a la compra de viviendas durante la gestión de Javier Milei terminó engrosando el patrimonio de la casta política, esa misma que el propio Presidente juró combatir.
La magnitud del escándalo adquirió una dimensión mucho mayor cuando se difundió que altos funcionarios del Ministerio de Economía comandado por Luis “Toto” Caputo habían accedido a millonarios créditos del programa “+Hogares” de la banca oficial. Entre los favorecidos figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase, que obtuvo 367 millones de pesos (unos 280 mil dólares); el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor económico Felipe Núñez, con 373 millones; y el director del Banco Central Pedro Inchauspe, que se alzó con 510 millones. A esa nómina se suma el exjefe de gabinete de Capital Humano Leandro Massaccesi, a quien la ministra Sandra Pettovello decidió desplazar tras la irrupción de la controversia, pero que igualmente había logrado embolsar 420 millones de pesos. Sin embargo, el dato más inquietante es que existe una franja de funcionarios que ni siquiera integran la lista PEP, lo que sugiere que pudieron haber accedido a estos créditos VIP sin pasar por los controles habituales.
El programa “+Hogares” del Banco Nación fue concebido originalmente para asistir a trabajadores en relación de dependencia del sector público que percibieran sus salarios en esa entidad. No obstante, en septiembre de 2024, la gestión libertaria modificó la resolución 802, ampliando el espectro de potenciales beneficiarios para incluir a los funcionarios con “cargos políticos designados por resolución o electivos”. Esta decisión, que pasó casi desapercibida en su momento, resultó clave para allanar el camino a los créditos millonarios que hoy se investigan. La ironía no pasa desapercibida: mientras un tercio de las familias argentinas carece de vivienda propia, según el censo nacional de 2022, y el gobierno pregoniza recortes quirúrgicos en todas las áreas del Estado, los funcionarios libertarios se aseguraron el acceso a una línea de financiamiento blando con tasas subsidiadas por el propio erario público.
El clan Menem también supo aprovechar las ventajas de la nueva normativa. Sharif Menem, director de la secretaría privada de la Cámara de Diputados, community manager de su pariente Martín Menem y el elegido por Karina Milei para liderar el armado territorial de la juventud libertaria, accedió junto a su hermana Nazarena Menem a préstamos hipotecarios del Banco estatal que en conjunto casi alcanzan los 600 millones de pesos. Ambos hermanos, jóvenes herederos de una dinastía política que muchos creían enterrada, demostraron que en la nueva era libertaria los apellidos vinculados al poder siguen pesando más que la supuesta austeridad revolucionaria.
Las repercusiones no se hicieron esperar. La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal que actualmente tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. En paralelo, el juez Ariel Lijo solicitó un informe exhaustivo sobre los créditos a la Auditoría General de la Nación. El Poder Judicial será ahora el encargado de determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de estos préstamos VIP, en un contexto donde la propia Unidad de Información Financiera regula con rigurosidad a las Personas Expuestas Políticamente, aunque sorprendentemente su categoría no incluye a subsecretarios nacionales, ni a ciertos directivos de empresas públicas o sociedades con participación estatal, una grieta normativa que podría haber sido aprovechada por los funcionarios que no figuran en los listados oficiales.
Lo que comenzó como un rumor sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni se transformó en una madeja difícil de desenredar, especialmente después de que el sitio “¿Cuánto Deben?”, creado por el especialista en datos Andrés Snitcofsky a partir de información pública del Banco Central, revelara la nómina de beneficiarios de primera línea. Ahora, mientras el gobierno de Javier Milei promete seguir profundizando el ajuste y muchos argentinos luchan por llegar a fin de mes, la imagen de una administración que predica contra la casta mientras otorga créditos millonarios a sus propias filas amenaza con convertirse en el talón de Aquiles del proyecto libertario. La justicia tendrá la última palabra, pero la percepción social ya ha comenzado a escribir su propio veredicto.
