La preceptora de la adolescente cordobesa lo dijo con desesperación y rabia: “Nos desaparecen las chicas”. El hallazgo del cuerpo de la joven de 14 años remite al caso de Chiara Páez, ocurrido en 2015. Organizaciones feministas denuncian un contexto de negación oficial, discursos de odio y desmantelamiento de políticas de prevención, mientras convocan a una movilización masiva este miércoles en el Congreso.
A pocas horas de confirmarse lo que ya se temía, la preceptora de la escuela a la que asistía Agostina Vega no pudo contener la desesperación. Con la voz quebrada pero firme, alertó sobre una realidad que se repite con escalofriante exactitud: “Nos desaparecen las chicas, hay muchísima violencia de género y el miércoles se cumplen 11 años del Ni Una Menos”. La mujer hablaba con furia contenida, porque el sufrimiento que atravesaba era idéntico al que estalló en mayo de 2015, cuando Chiara Páez, también de 14 años, fue hallada sin vida en la vivienda de su novio en la localidad santafesina de Rufino. En aquel entonces, el fiscal Raúl Garzón llegó a felicitar a los perros adiestrados que dieron con el cuerpo. Once años después, la escena se repite con escalofriante similitud.
La coincidencia etaria entre ambas víctimas, la crudeza de los hallazgos y la indignación popular que vuelve a desbordar las calles evidencian que la herida del primer Ni Una Menos sigue abierta. Por eso, la concentración convocada para este miércoles 3 de junio a las 17 horas en la Plaza del Congreso adquiere un significado aún más urgente: se trata de un escenario marcado por el retroceso total de las políticas destinadas a prevenir y erradicar la violencia por razones de género, en medio de una avanzada antifeminista que tiene como principal exponente al gobierno libertario.
Este lunes, diversas agrupaciones feministas, sindicatos, partidos políticos y amplios sectores de los feminismos locales brindaron una conferencia de prensa para realizar una lectura política organizada del femicidio de Agostina y para insistir en la necesidad de una respuesta masiva en las calles. Lo explicó con claridad Luci Cavallero, integrante del Colectivo Ni Una Menos, al señalar que se trataba de volver a convocar desde el movimiento organizado ante lo sucedido.
Una de las intervenciones más contundentes fue la de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien remarcó que por primera vez en cuatro décadas la Argentina carece de un mecanismo nacional destinado a abordar la violencia vinculada al género. Pero advirtió que el problema es aún más profundo: desde las máximas esferas del poder, comenzando por la Presidencia y sus funcionarios más cercanos, se despliega una sistemática negación de la violencia machista, acompañada de discursos de odio que fomentan la estigmatización, la crueldad y la impunidad patriarcal.
La diputada Romina del Plá, por su parte, puso el foco en el incumplimiento de la alerta Sofía, ese mecanismo nacional que debe activarse ante la desaparición de una persona menor de 18 años. A pesar de que la madre de Agostina realizó la denuncia días atrás, la alerta recién fue activada el miércoles, una demora que la legisladora calificó como inaceptable. Denunció que las leyes vigentes no se cumplen a discreción: cada funcionario decide si activa o no los protocolos, si convoca la alerta Sofía o la ignora. Por ello, subrayó que el Estado y los gobiernos son responsables directos cuando omiten las medidas que les corresponden.
La senadora y exministra de seguridad Patricia Bullrich, en cambio, eligió las redes sociales para difundir un mensaje que generó un fuerte rechazo. El mismo día en que Agostina desapareció, publicó que Argentina había logrado reducir un 12,3% los femicidios por segundo año consecutivo, citando un informe de la Corte Suprema que indica una víctima directa cada 44 horas en 2025. La diputada Del Plá desmintió de inmediato esa afirmación: no es verdad que los femicidios hayan disminuido, aclaró, sino que muchos casos dejaron de caratularse como tales. En el caso de Agostina, recién este lunes se imputó a Claudio Barrelier por el delito de femicidio, luego de que los movimientos feministas exigieran con fuerza el cambio de carátula.
Luci Cavallero fue aún más lejos al advertir que el gobierno busca deliberadamente desconocer la realidad de las violencias, reduciéndola a porcentajes fríos cuando se trata de vidas concretas. Porque además de los femicidios, existen innumerables situaciones de agresión contra mujeres, lesbianas, travestis y trans que, lejos de cesar, no paran de multiplicarse bajo esta gestión. Y concluyó con una definición tajante: este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado que ataca y promueve la violencia y la crueldad como único lazo social posible.
La bronca también tiene su epicentro en Córdoba. Allí, Pilar, integrante del Colectivo Ni Una Menos local, describe una sociedad golpeada y furiosa, no solo con el fiscal sino también con la inacción del ministro de Seguridad. Ambos, sostiene, son reconocidos por su postura antifeminista, por poner obstáculos sistemáticos y por amenazar con reprimir al movimiento de mujeres. La indignación creció aún más el sábado, el día en que apareció el cuerpo de Agostina, cuando se desató una represión contra las mujeres de los barrios, un hecho calificado como inaudito. A ello se suma la pertenencia política y el encubrimiento del femicida: no es la primera vez en Córdoba que el poder protege a los suyos, incluso a asesinos y femicidas.
Once años han pasado desde aquel 3 de junio en que el hartazgo se transformó en consigna política. Ese día inaugural abrió una experiencia feminista de profunda politización, especialmente arraigada entre las juventudes, y cuya continuidad se mantiene viva pese a los embates de la extrema derecha y su batalla cultural. La organización feminista se desplegó de maneras diversas y capilares: en barrios, organizaciones sociales, casas, familias, escuelas, trabajos y universidades. Se instaló una forma de narrar y discutir públicamente las estructuras desiguales, históricas y transversales que ordenan el trabajo, la familia y la economía, sin que el feminismo sea tratado como una mala palabra.
Como escribió estos días la escritora Gabriela Borrelli en las redes, llamando a marchar este miércoles: “No nos pasamos tres pueblos, somos el pueblo”. En estos once años ha quedado claro que la violencia de género no es un asunto exclusivo de mujeres. De hecho, en la conferencia de prensa se subrayó que esta movilización es de todas, todes y todos. Yamile Socolosky, secretaria de Género y Diversidad de la CTA de los Trabajadores, enfatizó que las manifestaciones deben articularse como una interpelación capaz de poner en crisis a un gobierno que arrasa con todo lo común y que aspira a convertir la sociedad en una jungla despiadada. Para Socolosky, el modelo económico del gobierno libertario es radicalmente antifeminista, porque su éxito depende de disciplinar y someter a las mayorías al orden de la desigualdad. El feminismo, en cambio, es lo opuesto a la resignación: desafía la doctrina que pretende educarnos para el sufrimiento y la esclavitud.
A más de una década de aquel grito rabioso que transformó vidas concretas, la respuesta social ante el horror sigue convirtiendo la bronca en organización. La movilización de este miércoles vuelve a apostar todo a la calle, demostrando que la memoria colectiva continúa siendo el único escudo capaz de frenar el descarte de las vidas.
