El juez federal Kreplak confirmó el procesamiento del dueño de los laboratorios involucrados y otros doce imputados por 70 nuevos fallecimientos, mientras los investigadores ahora centran su atención en la cadena de responsabilidades oficiales que no supieron evitar la mayor catástrofe farmacéutica de la última década.
En el centro de la tormenta judicial que sacude al sistema sanitario argentino, el magistrado federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ha dado un paso decisivo que reconfigura por completo el mapa de responsabilidades en la causa por el fentanilo adulterado. Fue a mediados del pasado mayo cuando el juez decidió expandir el procesamiento de Ariel García Furfaro, propietario del conglomerado farmacéutico que incluye a HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, junto a otros doce señalados como partícipes de una de las peores tragedias evitables en la historia de la medicina nacional. La resolución judicial incorporó al expediente setenta nuevas víctimas fatales y cuarenta y cuatro personas que sufrieron lesiones de diversa consideración como consecuencia directa de la administración de sustancias contaminadas con bacterias letales, cifras que se suman a veinte fallecimientos ya documentados en una etapa anterior del proceso.
Sin embargo, lo que ha generado mayor conmoción en los círculos políticos y sanitarios es el viraje investigativo que tomó la pesquisa una vez conocidos estos nuevos números. El foco de atención de los pesquisas ya no se limita exclusivamente a los laboratorios privados y sus directivos, sino que apunta directamente hacia los engranajes del Estado que debieron prevenir la catástrofe y no lo hicieron. En particular, los pesquisas están indagando con lupa el rol que pudo haber ocupado el actual ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en toda esta cadena de fallos institucionales. La pregunta que atraviesa los despachos judiciales es contundente: ¿hasta dónde llegaba el conocimiento de las autoridades sanitarias sobre los riesgos que entrañaba aquel lote maldito?
El nombre de Lugones emerge así en un contexto ya de por sí delicado para su gestión. El titular de la cartera sanitaria venía soportando fuertes críticas por la drástica reducción del presupuesto asignado al PAMI, el instituto que brinda cobertura a millones de jubilados, así como por el desmantelamiento del estratégico Plan Remediar, un programa que durante más de dos décadas aseguró el acceso gratuito a decenas de fármacos esenciales en todo el territorio nacional. Ahora, a esas controversias se suma la posibilidad cierta de que su compromiso judicial se vea afectado por el avance de una causa que acumula, como saldo mínimo constatado, noventa muertes provocadas por fentanilo contaminado.
El nuevo procesamiento dictado el trece de mayo, que ya fue impugnado mediante recursos de apelación y será sometido a revisión por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, no detuvo el avance de otras líneas investigativas paralelas. Paralelamente a la definición sobre los responsables directos de la elaboración y distribución del fármaco letal, los integrantes del ministerio público fiscal están poniendo el ojo en el comportamiento que tuvieron los entes reguladores y la cúpula de la cartera que conduce Lugones. Según fuentes cercanas al expediente, sería inminente la presentación de un dictamen fiscal que podría cambiar radicalmente el rumbo de la causa.
Los organismos sometidos a escrutinio son, principalmente, la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, más conocida por sus siglas ANMAT, y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Si bien la ANMAT se erige formalmente como un ente descentralizado, la realidad institucional indica que su órbita de dependencia última recae en el ministerio de Salud que comanda Lugones, lo que abre interrogantes sobre el flujo de información y las decisiones que se tomaron, o se dejaron de tomar, en los momentos críticos.
EL AVISO QUE LLEGÓ TARDE Y LAS PREGUNTAS QUE NADIE RESPONDE
El origen del expediente judicial tiene una particularidad que no pasa desapercibida para los investigadores: fue la propia ANMAT la que realizó la denuncia inicial. El doce de mayo del año pasado, Adrián Galli Basualdo, en su calidad de Coordinador del Área Asuntos Judiciales del organismo, radicó una acusación ante la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina. En aquel escrito se alertaba sobre “la presunta existencia de casos de contaminación microbiana a raíz del suministro del producto Fentanilo HLB, lote 31202” en dieciocho pacientes del Hospital Italiano de La Plata. La denuncia dio pie a la apertura formal del expediente al día siguiente.
Sin embargo, la cronología de los acontecimientos que ha logrado reconstruir la Justicia revela demoras que resultan, como mínimo, inquietantes. Según consta en el procesamiento rubricado por Kreplak el trece de mayo, la ANMAT había tomado conocimiento de la situación once días antes de presentar la denuncia. Fue el dos de mayo cuando Daiana Martínez, jefa de Farmacia del Hospital Italiano platense, envió un correo electrónico al ente regulador en el que detallaba la existencia de un brote de dos bacterias peligrosísimas: Klebsiella pneumoniae MLB y Ralstonia picketti, detectado en el interior de ese nosocomio. El mensaje era claro y urgente: tras un análisis exhaustivo que buscaba determinar el foco infeccioso, los profesionales del hospital advirtieron que todos los pacientes infectados compartían un único factor común: habían recibido fentanilo. Las pruebas microbiológicas realizadas sobre las ampollas del medicamento de la marca HLB dieron positivo para aquellas bacterias, mientras que las de otra marca comercial no presentaban anomalía alguna.
Pese a la claridad de aquella advertencia, recién el quince de mayo se ordenó la retirada de circulación del lote contaminado. Es decir, pasaron trece días entre el primer aviso formal y la medida concreta que podría haber evitado decenas de muertes adicionales. Lo que ahora intenta dilucidar la Justicia es si los responsables de vigilar la elaboración y distribución del fentanilo actuaron con la diligencia que la ley y la gravedad de la situación exigían. En esa pesquisa cobrará especial relevancia el papel del ministerio de Salud como cabeza visible del sistema, un sistema que, a todas luces, falló de manera estrepitosa.
El propio juez Kreplak fue contundente en su análisis al sostener que la adulteración del lote 31202 del fentanilo HLB fue consecuencia directa del incremento del riesgo de contaminación derivado de la inobservancia sistemática y generalizada de las Buenas Prácticas de Fabricación en el momento de su producción en el Laboratorio Ramallo SA. Aquel incumplimiento, según el magistrado, implicó la introducción de una peligrosidad concreta en el sistema sanitario argentino. Una vez que la droga en cuestión fue administrada a pacientes internados en salas de terapia intensiva, quirófanos e incluso servicios de neonatología, su aplicación con supuestos fines terapéuticos incrementó de manera dramática el riesgo de muerte. En el caso específico de los setenta nuevos fallecidos que ahora se suman al expediente, Kreplak subrayó que todas esas personas sufrieron un incremento del riesgo letal como consecuencia directa de la infección bacteriana contraída por la aplicación del fentanilo contaminado.
UN PROCESO PRODUCTIVO PLAGADO DE IRREGULARIDADES Y UN AVISO QUE NO SE ATENDIÓ
La investigación judicial ha conseguido trazar con precisión el mapa de la producción letal. El fentanilo contaminado se elaboró íntegramente en la sede de Laboratorios Ramallo, la planta que actuaba como elaboradora exclusiva de la firma HLB, perteneciente al clan García Furfaro. La partida mortal comenzó a gestarse el diecisiete de diciembre de 2024 y el proceso productivo se extendió durante diez jornadas hasta completarse el veintisiete de ese mismo mes. En los primeros días de enero del año pasado, aquellos lotes envenenados ya estaban circulando por el sistema sanitario, distribuyéndose en decenas de establecimientos de salud.
Lo que la Justicia ha podido acreditar es que el proceso productivo del medicamento no fue víctima de un accidente aislado o imprevisible, sino que estuvo atravesado por serias deficiencias estructurales que el Laboratorio Ramallo arrastraba desde mucho tiempo atrás. En su resolución del trece de mayo, Kreplak recordó un dato escalofriante: el veintisiete de noviembre de 2024, es decir, veinte días antes de que comenzara a fabricarse el lote contaminado, se había iniciado una inspección no programada de las instalaciones de Laboratorios Ramallo por parte de la Dirección de Fiscalización del INAME. Las inspectoras que realizaron aquella visita concluyeron que el laboratorio no cumplía con las buenas prácticas de fabricación que garantizan la esterilidad de los productos, tanto para soluciones parenterales de gran volumen como para aquellas de pequeño volumen, dentro de las cuales se encuentra el fentanilo en ampollas plásticas.
Las irregularidades detectadas no eran menores ni se limitaban a aspectos formales. En un procesamiento anterior dictado en septiembre del año pasado, cuando todavía se analizaban apenas las primeras veinte muertes, Kreplak ya había advertido que los registros documentales de los productos elaborados en Laboratorios Ramallo se realizaban ex post facto, es decir, después de concluida la fabricación, y además eran antedatados. Para confeccionar esos documentos se utilizaban datos inexistentes, inventados o fórmulas preexistentes correspondientes a otros medicamentos. Era, en suma, un descontrol absoluto que solo podía desembocar en una tragedia sanitaria.
Para el magistrado no existen dudas razonables acerca de que el proceso productivo de los lotes de fentanilo cuya contaminación resultó probada se desarrolló inmerso en irregularidades y actividades completamente por fuera de las Buenas Prácticas de Manufactura, tanto en las áreas de producción como en las de control y garantía de calidad. Esa constatación permite entender, a esta altura del proceso, el motivo por el cual el producto se contaminó antes de ser distribuido a diferentes jurisdicciones del país.
LOS NOMBRES DETRÁS DE LA TRAGEDIA Y EL PRECIO DE LA IMPUNIDAD
El entramado de responsabilidades individuales que la Justicia ha logrado desentrañar revela una estructura empresarial donde las decisiones claves se concentraban en el núcleo familiar de los García Furfaro. Ariel Fernando García Furfaro fue señalado por el juez como el propietario real que se ocultaba detrás de cualquier formalidad societaria del conglomerado conformado por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA. Era la autoridad con verdadera capacidad de decisión sobre la operación de ambos establecimientos productivos. Su hermano, Diego Hernán García Furfaro, también aparecía como un actor relevante que tomaba decisiones sobre las empresas pertenecientes al clan y ocupaba un puesto de decisión relevante en la operatoria cotidiana de los laboratorios.
La madre de ambos, Nilda Furfaro, vicepresidente de HLB Pharma Group SA y accionista de la firma, completaba el triángulo familiar en la cúpula del poder económico. Según la descripción judicial, resultaba integrante de gran cantidad de sociedades que conformaban el conglomerado manejado por la familia, convirtiéndose así en beneficiaria directa de los réditos económicos generados por todas aquellas actividades, incluidas las que derivaron en la contaminación letal.
Por debajo de ese círculo íntimo, la investigación identificó a Javier Martín Tchukrán como la persona de máxima confianza de los hermanos García, un sujeto con capacidad de decisión dentro del esquema de conducción de ambas empresas, donde se desempeñaba como Director General. Otros nombres que aparecen en el expediente son los de los directores técnicos y responsables de calidad que, con sus firmas, avalaron la liberación al mercado de los lotes contaminados. José Antonio Maiorano, Director Técnico de HLB desde noviembre de 2024 hasta mediados de mayo de 2025, intervino en los registros de los lotes de fentanilo envenenados. Carolina Ansaldi, Directora Técnica de Laboratorios Ramallo al momento de la producción, tenía a su cargo la supervisión y control de la elaboración, y su intervención quedó acreditada por las firmas insertas en los documentos de producción.
La nómina se completa con María Victoria García, gerenta de Gestión de Calidad; Wilson Daniel Pons, jefe de Control de Calidad; Adriana Iudica, subjefa de Control de Calidad, quien dejó asentado que los análisis microbiológicos del producto no presentaban observaciones cuando en realidad estaban contaminados; Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, jefa de Garantía de Calidad; Rocío del Cielo Garay, supervisora de fisicoquímica; Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, a cargo de la Gerencia de Producción y Mantenimiento; y Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen, quien avaló el proceso productivo de ambos lotes de fentanilo luego de que las órdenes de producción le fueran comunicadas directamente por Diego García.
A todos ellos el juez les atribuye el delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte respecto de veinte personas por la contaminación del lote 31202, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud en relación con la contaminación del lote 31244. Sin embargo, la cifra real de víctimas podría ser sensiblemente mayor a la que hasta ahora se ha podido consolidar judicialmente, según reconoció el propio magistrado en su resolución.
EL METICULOSO TRABAJO DE DETECCIÓN QUE REVELÓ LA MAGNITUD DE LA CATÁSTROFE
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores desplegaron un trabajo detectivesco de enorme envergadura. La estrategia se estructuró a partir de la reconstrucción de la trazabilidad comercial de las ampollas contaminadas, es decir, el rastreo minucioso de todos los sitios por donde habían circulado aquellos frascos letales. El esfuerzo permitió determinar que la sustancia afectada había estado presente en cincuenta y dos establecimientos de salud distribuidos en cinco jurisdicciones diferentes del país.
A partir de ese mapa, el juez Kreplak ordenó el rescate inmediato de las ampollas contaminadas en cada uno de aquellos centros sanitarios, al tiempo que iniciaba una búsqueda activa de víctimas que pudieran haber pasado desapercibidas para el sistema de salud. El método fue sistemático: los investigadores se contactaron con cada institución que había adquirido el lote 31202 del fentanilo HLB y solicitaron un listado completo de los pacientes a los que se les había administrado la sustancia dentro del período de sospecha. La ventana temporal establecida abarcaba desde la fecha de compra del medicamento hasta el quince de mayo de 2025, día en que finalmente se prohibió su uso.
Una vez obtenidos esos listados, desde el juzgado se requirieron las historias clínicas y los informes bacteriológicos de aquellos pacientes que hubieran recibido cinco ampollas o más del fentanilo, criterio fijado como la dosis suficiente para causar daño significativo. Con ese universo de posibles afectados, los peritos procedieron a los rescates microbiológicos de cada caso. En aquellos pacientes donde se advirtió la presencia de las mismas bacterias halladas en las ampollas contaminadas, los investigadores compararon los perfiles fenotípicos para establecer la correlación causal.
Los números finales son escalofriantes: durante el período de sospecha, hubo diez mil quinientos treinta y nueve pacientes que recibieron fentanilo en establecimientos donde circuló el lote afectado. La Justicia aplicó entonces un filtro y se concentró en aquellos que recibieron más de cinco ampollas, lo que redujo el universo a mil trescientos siete personas. Sobre ese grupo trabajaron los especialistas hasta llegar a la conclusión de que hubo, al menos, noventa víctimas fatales y cuarenta y cuatro víctimas no fatales, dos de ellas con secuelas de una gravedad extrema.
Ahora, con esa contundente evidencia sobre la mesa, la Justicia se apresta a dar un nuevo paso. La hora de determinar las responsabilidades de los organismos de control y del ministerio de Salud ha llegado. Quién supo qué, cuándo lo supo y qué hizo con esa información son preguntas que ya no pueden esperar. Las familias de los noventa muertos también aguardan respuestas.
