Elisa Carrió, acompañada por otros dirigentes, presentó una grave denuncia ante el Consejo de la Magistratura solicitando la remoción del juez federal Alejandro Maraniello. La querella aleja violaciones a la libertad de expresión, acumulación de expedientes por violencia de género y tráfico de influencias.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a Marcela Campagnoli y Hernán Reyes, formalizó una seria denuncia ante el Consejo de la Magistratura en contra del magistrado Alejandro Maraniello. El pedido exige la apertura de un proceso de remoción, su suspensión inmediata del cargo y la correspondiente formulación de cargos, acusándolo de “mal desempeño” en sus funciones.
Los denunciantes sostienen con firmeza que se está ante un juez que ha quebrantado abiertamente su deber de imparcialidad, ejerciendo un abuso de autoridad que perjudicó a subalternos y que, en consecuencia, ha deteriorado gravemente la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Este hecho, según su perspectiva, representa un ataque directo a los pilares de la democracia.
El núcleo de la crítica se centra en una reciente decisión del juez en la causa que involucra a Karina Milei, donde se decretó la prohibición de difundir material audiovisual y conversaciones de la secretaria general de la Presidencia. Para la fuerza política que conduce Carrió, esta determinación judicial equivale a una práctica de censura previa en perjuicio de la prensa, vulnerando de manera flagrante derechos constitucionales fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
En declaraciones concedidas a este medio, voceros del espacio opositor enfatizaron que la falta de estabilidad en las reglas institucionales no solo erosiona la democracia, sino que además actúa como un factor disuasivo para la inversión, tanto extranjera como local, fracturando las bases de la confianza social necesaria para el progreso. Aunque reconocen que salvaguardar la libertad de prensa no resuelve por sí solo la compleja crisis institucional, lo consideran un paso fundamental e ineludible.
El escrito judicial también incorpora otros flancos de cuestionamiento. Se menciona la existencia de cinco expedientes previos radicados en el mismo Consejo contra Maraniello, los cuales lo acusan de abuso moral, sexual y violencia de género, presentados por empleados de su propio juzgado. Estas acusaciones llevaron a su inclusión en el Registro Público de denuncias contra magistrados por violencia de género.
Paralelamente, se pone bajo la lupa su rol como presidente y socio fundador de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. La denuncia alega que esta entidad operaría como un nodo dentro de una extensa red de tráfico de influencias al interior del Poder Judicial, señalando como prueba la participación de auspiciantes privados, incluyendo laboratorios, una situación que consideran abiertamente incompatible con la necesaria neutralidad de un funcionario judicial.
A estos señalamientos se suma la presencia de presuntas irregularidades en la concesión de cartas de ciudadanía argentina durante su gestión. Para los querellantes, este cúmulo de incidentes configura un patrón reiterado de incumplimiento de los deberes públicos que justifica plenamente su destitución. Si bien la acción se concentra por ahora en el ámbito del Consejo de la Magistratura, desde la Coalición Cívica no descartan extender las acciones al ámbito legislativo en el futuro cercano.
