Una comisión bicameral votó por unanimidad un dictamen que exige la reformulación del Plan de Inteligencia Nacional, al considerar que sus lineamientos contradicen la ley y podrían habilitar la vigilancia de manifestantes, periodistas y referentes opositores.
En un revés significativo para el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación emitió una severa advertencia al gobierno de Javier Milei respecto de la dirección de su política de inteligencia. De manera unánime, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) exigió la reformulación integral del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), argumentando que su formulación actual se encuentra en abierta contradicción con la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y representa una amenaza potencial para las garantías democráticas.
El dictamen de la Bicameral, presidida por Martín Lousteau, sostiene que los lineamientos estratégicos presentados por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) podrían transformar al organismo en un instrumento de espionaje dirigido a actores legítimos de la sociedad civil. Según la evaluación legislativa, bajo la ambigua redacción del plan, periodistas críticos, sindicalistas, organizaciones sociales que defienden los derechos de jubilados y personas con discapacidad, y referentes opositores podrían convertirse en blancos de vigilancia.
Esta preocupación parlamentaria coincide plenamente con las denuncias judiciales presentadas meses atrás por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que alertó sobre los riesgos de que la estructura estatal de inteligencia sea utilizada para monitorizar y analizar la conversación pública en medios y redes sociales, en lugar de focalizarse en amenazas reales a la seguridad nacional.
El conflicto en torno al PIN se arrastra desde su presentación a finales del año pasado, durante la gestión de Sergio Neiffert al frente de la SIDE. Las críticas se reavivaron con fuerza en mayo, cuando publicaciones periodísticas de investigación analizaron el documento y revelaron que activistas ambientales y economistas disidentes podían ser considerados objetivos bajo criterios excesivamente amplios y vagos.
A pesar de los enérgicos desmentidos oficiales, que aseguraron ser la primera administración en décadas en no espiar adversarios políticos, la comisión –integrada incluso por oficialismo y aliados– encontró fundamentos sólidos para su rechazo. Uno de los puntos más sensibles detectados fue una supuesta falta de doctrina de inteligencia clara, lo que deja la interpretación de las órdenes en manos de los operativos, abriendo la puerta a abusos discrecionales.
Además, se cuestionó que el plan presente a la protesta social como un ataque a las instituciones, un concepto que, según la Bicameral, podría utilizarse para justificar la vigilancia de manifestaciones y reclamos legítimos. Asimismo, se alertó sobre la injerencia de la SIDE en funciones que la ley expresamente le prohibe, como tareas de índole policial –persecución de prófugos– o la participación en custodia y logística de viajes presidenciales, una práctica que en el pasado sirvió para justificar espionaje ilegal.
El pronunciamiento del Congreso no sólo expone una nueva fractura institucional, sino que también proyecta una sombra sobre la operatividad real del gobierno, sugiriendo que el Presidente delega decisiones cruciales en su círculo íntimo. El dictamen subraya que, contrariamente a la ley, el PIN se presentó como “consensuado” con Milei, lo que para varios legisladores evidencia un desentendimiento presidencial de la gestión, dejando el sistema en manos de influyentes asesores no oficiales como Santiago Caputo.
Hasta el momento, la causa judicial impulsada por el CELS ante el juzgado de Sebastián Casanello, y a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, no registra avances significativos, al igual que otras denuncias por presunto monitoreo ilegal de actividades opositoras. La pelota, ahora, queda en el campo del Gobierno, que deberá decidir si acata el mandato del Congreso y redefine los fundamentos de su política de inteligencia o profundiza el conflicto institucional.
