El proyecto oficial enviado al Congreso otorga al Poder Ejecutivo la facultad discrecional de definir los aumentos. La medida impactaría directamente en los ingresos de más de nueve millones de personas que dependen de estos beneficios sociales.
En una decisión que marca un cambio estructural en la política social, el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2026, remitido por el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación, propone la derogación de la movilidad automática de las asignaciones familiares. Esta modificación implica que el valor de las prestaciones y los umbrales de ingresos para acceder a ellas dejarán de ajustarse según la variación de los precios, quedando supeditados a incrementos definidos de manera exclusiva por el Gobierno nacional.
La iniciativa oficial, a través de su artículo 73, deroga expresamente los artículos de la Ley 27.160 que establecían el carácter móvil de estos beneficios administrados por la ANSES. Con esta medida, el Ejecutivo se reserva la potestad de conceder aumentos a su discreción, rompiendo con un mecanismo que garantizaba, al menos teóricamente, que las prestaciones no perdieran valor adquisitivo frente a la inflación.
El alcance de esta potencial modificación es vasto, ya que afecta a un conjunto de prestaciones que incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones por hijo con discapacidad, por embarazo, por nacimiento, por adopción y la ayuda escolar anual, entre otras. Más de 9,4 millones de personas, entre niños, adolescentes y adultos a cargo de estos beneficios, verían sus ingresos sujetos a la voluntad del gobierno de turno, sin un parámetro previsible de actualización.
Este movimiento se enmarca en la búsqueda de garantizar el rumbo fiscal anunciado por el mandatario, lo que podría traducirse en un recorte real de las partidas sociales. La estrategia evoca la aplicada en gestiones anteriores, caracterizada por una expansión relativa de la inversión en la primera infancia acompañada de una fuerte contracción en los programas destinados a jóvenes, adultos y adultos mayores.
La inversión social no contributiva ya registró en 2024 una reducción del 14,19%, el ajuste más significativo del presente siglo en Argentina, incluso superior al de la crisis de 2018-2019. Si bien el gobierno de Milei otorgó un aumento inicial del 100% para la AUH, otros instrumentos clave, como la Tarjeta Alimentar, sufrieron caídas reales en su poder de compra, estimadas en un 15,23% promedio, a pesar de haberse ampliado la cantidad de beneficiarios.
Los datos del propio proyecto presupuestario refuerzan la proyección de un escenario contractivo: se prevé una disminución del 0,42% en la cantidad de perceptores de la AUH para el próximo año. La combinación de una posible merma en la cantidad de beneficiarios y la eliminación del ajuste automático configura un panorama de incertidumbre para millones de familias que dependen de estas transferencias del Estado para su subsistencia. El debate ahora queda abierto en el ámbito legislativo, donde se definirá el destino de esta crucial política pública.
