A un mes de la difusión de las gravísimas acusaciones, el Presidente Milei intenta desacreditarlas con una teoría insostenible sobre inteligencia artificial, mientras las pruebas y testimonios que las corroboran siguen acumulándose en la causa judicial.
Un mes después del estallido del escándalo que vinculaba a la Casa Rosada con presuntas coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente Javier Milei optó por una defensa desconcertante. Durante un acto en Córdoba, el mandatario tildó a los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo de “chimentos de peluquería, hechos con inteligencia artificial”. Al día siguiente, radicalizó su postura al afirmar que, de haberle escuchado semejantes dichos, le “habría volado la cabeza”.
Esta reacción, calificada por los analistas como burda y extemporánea, llega con un mes de retraso, en un contexto donde los contenidos de esas grabaciones ya han encontrado eco en testimonios clave bajo juramento. La estrategia presidencial choca frontalmente con las declaraciones de Fernando Cerimedo, exasesor del gobierno y propietario de La Derecha Diario, y del productor Agustín Rodríguez, socio de Alejandro Fantino. Ambos confirmaron ante la Justicia que Spagnuolo les relató idénticos pormenores: un sistema de cobro de coimas que beneficiaba a la empresa La Suizo, con el tres por ciento del dinero dirigido a la Casa Rosada y con Eduardo «Lule» Menem como operador central.
La inconsistencia de la teoría oficial salta a la vista cuando se recuerda que, en su momento, ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al denunciar un supuesto “complot”, ni la propia hermana del Presidente, Karina Milei, quien exigió inicialmente que no se difundieran, pusieron en duda la autenticidad de las grabaciones. La demora de treinta días para elaborar una respuesta tan peregrina alimenta las dudas sobre la solidez de la posición gubernamental.
El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, ve cómo la causa se expande con nuevos flancos de indagación. Las próximas medidas incluyen la posible citación a declarar de Natalia Basil, esposa de Cerimedo y exempleada de la Andis, quien, según versiones, manejaría un dossier con pruebas de las irregularidades. También se evalúa llamar al periodista Alejandro Fantino, cuya entrevista a Spagnuolo revela un conocimiento previo de los hechos. Un elemento crucial es la reconstrucción de los mensajes que Spagnuolo borró de su teléfono antes del allanamiento, aunque presuntamente transfirió a otros dispositivos, entre los que se contarían sus intercambios con Karina Milei.
La omisión de la ministra Sandra Pettovello constituye otro punto de extrema gravedad. Spagnuolo alega haberla informado de las irregularidades, lo que, de ser cierto, la habría obligado a realizar una denuncia penal. Su silencio sobre el tema, incluso en su defensa pública del gobierno, resulta elocuente. El fiscal Picardi deberá decidir si la cita como testigo o, dado su posible incumplimiento de deberes, como imputada.
Mientras tanto, la delirante comparación del Presidente con “chimentos de peluquería” no hace más que exhibir la profunda desorientación y la falta de argumentos sólidos en el núcleo del poder para enfrentar una acusación tan demoledora. La brecha entre la narrativa oficial y los avances de la investigación judicial se profundiza, dejando al descubierto una crisis de credibilidad que el gobierno no logra contener.
