La injerencia de asesores trumpistas y la campaña electoral diluyen los intentos de control parlamentario al Gobierno, que vuelve a dar la espalda al Congreso.
Un encuentro reservado en un departamento del microcentro porteño terminó por confirmar las crecientes presiones externas que atraviesan la escena política local. El radical Rodrigo De Loredo admitió el diálogo que, junto a los diputados Cristian Ritondo y Miguel Ángel Pichetto, mantuvo con el operador del expresidente Donald Trump, Barry Bennet, y el asesor no oficial Santiago Caputo. Sin ambages, el legislador cordobés reconoció que en la cita “hubo un pedido de acompañamiento”, dejando al descubierto la abierta injerencia de intereses norteamericanos en los asuntos internos.
La influencia de ese lobby comenzó a materializarse apenas un día después. Durante un plenario de comisiones, De Loredo desestimó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El argumento del legislador fue que la iniciativa resultaba “desproporcionada” y con un tinte “destituyente”. Pese a este rechazo, la oposición logró firmar dos dictámenes para interpelar a Francos, aunque la ofensiva perdió fuerza, enfriada por el cabildeo de la Embajada y la proximidad de los comicios.
Mientras estas tensiones se procesan en el recinto, el Poder Ejecutivo prepara una nueva demostración de desdén hacia el Parlamento. Autoridades del Gobierno libertario volverán a negarse a concurrir al Congreso, incumpliendo con el pedido de explicaciones sobre el escándalo de coimas en la Andis. Tampoco asistirá el ministro de Economía, Luis Caputo, exigido por detalles sobre el nuevo salvataje financiero estadounidense. El propio Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, notificó a los bloques opositores la ausencia de los citados.
La justificación para esta nueva evasión es el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos. Tanto Caputo como Karina Milei integran la comitiva que, por decimotercera vez, acompañó al mandatario en el extranjero. La gira, que pretendía coronar la campaña con un respaldo explícito de Trump, concluyó sin anuncios concretos y con un apoyo condicionado al triunfo en las urnas, dejando una estela de ambigüedad y frustración.
En el Senado, la situación no fue más alentadora para la oposición. Se frustró la posibilidad de sesionar para tratar la modificación de la ley que restringe el uso de los decretos presidenciales y para frenar la venta de Nucleoeléctrica. A pesar de los esfuerzos del jefe del bloque peronista, José Mayans, no se consiguió el apoyo necesario. El cese del fuego parlamentario acordado por los gobernadores de Provincias Unidas le otorgó un nuevo respiro a la Casa Rosada.
El pulso político parece haberse suspendido. En ambas cámaras existe un consenso generalizado: probablemente no volverá a haber sesiones con peso legislativo hasta después de las elecciones del 26 de octubre. La especulación con los resultados electorales y el cierre de campaña han paralizado la actividad, sumiendo al Congreso en un letargo estratégico mientras las influencias externas y las ausencias deliberadas marcan el compás de una pulseada que, por ahora, el Gobierno lleva ganada.
