A través de una resolución ministerial, se autorizó la enajenación completa de los paquetes accionarios de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, marcando un nuevo hito en la política de desprendimiento de activos públicos.
En una decisión que consolida la estrategia oficial de transferir al sector privado el control de recursos energéticos clave, el Ministerio de Economía ha dado un paso significativo al habilitar la venta íntegra de cuatro centrales hidroeléctricas de relevancia nacional. La medida, formalizada mediante la Resolución 1569/2025 y publicada en el Boletín Oficial, introduce ajustes sustanciales en el pliego del concurso internacional destinado a licitar estas unidades generadoras.
La iniciativa se inscribe dentro del amplio programa de reformas del sector, impulsado desde la asunción del presidente Javier Milei, que tiene entre sus pilares la retirada progresiva del Estado de la actividad productiva. Con esta determinación, se concreta la oferta total de las sociedades propietarias de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, infraestructuras que fueron concebidas y desarrolladas con inversión pública.
La normativa refuerza el camino emprendido meses atrás con la segmentación de Enarsa, empresa energética estatal, un movimiento que sentó las bases para el actual proceso de desinversión. Las modificaciones introducidas al reglamento del concurso buscan agilizar y hacer más atractivas las condiciones para los potenciales oferentes, allanando el camino para una transferencia definitiva de la propiedad.
Analistas del mercado energático consideran que esta operación representa uno de los desembarques privados más importantes en la generación de energía limpia en las últimas décadas. No obstante, la medida ha generado un intenso debate, con voces críticas que alertan sobre la pérdida de soberanía en un sector estratégico y el impacto a largo plazo en las tarifas para los usuarios finales.
Con esta autorización, el Ejecutivo nacional reafirma su compromiso con un cambio estructural en la matriz económica del país, privilegiando la participación de capitales privados en áreas consideradas vitales. Se espera que el proceso de licitación atraiga el interés de consorcios internacionales y grupos inversores, en un contexto de reconfiguración global del mapa energético.
