En una presentación judicial, el ex titular de la ANDIS no desmiente las polémicas conversaciones pero exige la nulidad de la investigación. Señala la falta de pericias sobre las grabaciones y reclama por qué no se investiga a Karina Milei y «Lule» Menem, mencionados en los diálogos.
El exfuncionario Diego Spagnuolo se pronunció sobre los audios que vinculan a la Agencia Nacional de Discapacidad con un esquema de coimas, en una presentación judicial que generó revuelo en los estrados federales. A través de un escrito en primera persona, el extitular del organismo no desmintió el contenido de las grabaciones que lo involucran en supuestas irregularidades, pero exigió la anulación de la causa al considerar que las pruebas carecen de validación técnica y jurídica.
Spagnuolo manifestó su extrañeza porque, según su interpretación, las investigaciones no han alcanzado a las «terceras personas» aludidas en los diálogos, en clara referencia a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo «Lule» Menem. Aseguró que, mientras él enfrenta severas restricciones procesales, sobre esos otros implicados no se ha dispuesto medida alguna.
El escrito presentado complementa los argumentos de su defensora oficial, Florencia Plazas, quien también solicitó la exclusión de las grabaciones y el sobreseimiento de su representado. Ambos recursos fueron presentados ante la Sala II de la Cámara Federal, que convocó a una audiencia para el próximo 4 de noviembre, la cual se desarrollará de forma oral a pedido de la defensa de otros imputados.
En su presentación, Spagnuolo cuestionó la autenticidad de los audios, señalando que no existe pericia acústica que certifique que las voces corresponden a la suya, ni se ha establecido una cadena de custodia que garantice la integridad del material. «¿En qué se funda entonces la atribución? ¿En la simple ocurrencia de alguien que resolvió decir que era mi voz?», expresó en el texto, al que este diario accedió en exclusiva.
El exfuncionario también denunció el «perjuicio tangible» que la investigación le ha generado, incluyendo allanamientos, la incautación de dinero en efectivo no declarado y la prohibición de salir del país. Sostuvo que los fondos secuestrados en su caja de seguridad corresponden a un período anterior a su gestión en la Agencia, y que su participación en la pericias del teléfono confiscado fue limitada.
La defensora Plazas, por su parte, insistió en que las grabaciones fueron obtenidas de manera subrepticia, violando el derecho a la intimidad y el debido proceso. Sin embargo, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ya habían rechazado planteos similares, argumentando que las grabaciones de particulares son admisibles como prueba inicial y que no constituyen la única base de la investigación.
La causa, que actualmente se encuentra bajo secreto de sumario, abarca una compleja trama de contrataciones y presuntos sobornos en la ANDIS. Los próximos días serán cruciales para determinar el curso de las actuaciones judiciales y la validez de las pruebas que hasta ahora sostienen la investigación.
