Mediante una decisión administrativa, la administración nacional reasignó partidas presupuestarias para reforzar hospitales de alta complejidad, en especial aquellos dedicados a la niñez, aunque la normativa que declara la emergencia en el sector sigue paralizada por cuestionamientos fiscales.
En un movimiento que busca paliar la crítica situación del sistema sanitario, el Gobierno nacional decidió incrementar los recursos destinados a hospitales y centros de salud de alta complejidad, con un foco especial en los establecimientos pediátricos. Esta medida se adopta en un contexto particular, ya que la Ley de Emergencia Pediátrica, sancionada por el Congreso, permanece suspendida en su aplicación por decisión del propio Ejecutivo.
La resolución fue formalizada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de la publicación de la Decisión Administrativa 29/2025 en el Boletín Oficial. Desde la Casa de Gobierno se aclaró que, si bien la partida específica contemplada en la ley parlamentaria aún no ha sido habilitada, existe una clara intención de la gestión de convertir a la salud en un sector prioritario. El documento oficial establece textualmente la modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el año en curso, precisando que la alteración únicamente afectará al área sanitaria, manteniéndose sin cambios los fondos para los demás ámbitos desde 2023.
Según los detalles proporcionados por Francos, este reforzamiento financiero beneficiará al Ministerio de Salud, destinándose a cubrir gastos operativos, salariales y de recursos en instituciones clave. Entre los nosocomios incluidos se encuentran el emblemático Hospital de Pediatría “Profesor Dr. Juan Pedro Garrahan”, el Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce”, y los hospitales “El Calafate”, “René Favaloro” y “Presidente Néstor Kirchner”. La medida también se extiende a otros organismos descentralizados de relevancia nacional.
Esta acción contrasta con el congelamiento de la Ley de Emergencia Pediátrica, promulgada en mayo pasado, la cual exigía una asignación prioritaria e inmediata de fondos para el sector y una recomposición salarial integral para todo el personal. El Poder Ejecutivo justificó la suspensión argumentando que la normativa no especificó el origen de los fondos necesarios para su aplicación sin poner en riesgo el equilibrio fiscal.
Las autoridades calcularon que el costo de implementar la ley ascendería a una suma colossal, que según su visión, excede ampliamente la capacidad presupuestaria actual de la cartera de Salud, la cual ya arrastra un significativo déficit. Alertaron que una reasignación de tal magnitud consumiría una porción sustancial de los subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria, además de afectar gravemente programas esenciales como el de prevención del VIH-Sida. Por este motivo, la aplicación de la ley se mantendrá en pausa hasta que el Congreso nacional defina una fuente de financiamiento concreta e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto.
A pesar de esta postergación, el jefe de Gabinete enfatizó que el Gobierno optó por reorientar recursos ya existentes para suplir, en la medida de lo posible, las necesidades que el Congreso tuvo en vista al sancionar la ley. Subrayó la voluntad del Ejecutivo de atender estas urgencias dentro de los límites de las disponibilidades actuales. Paralelamente, recordó que el sistema de salud público nacional continúa formalmente en estado de emergencia por un año.
La ampliación del presupuesto sanitario se materializará mediante una reducción proporcional de los créditos asignados a la Jurisdicción 91, que comprende las obligaciones a cargo del Tesoro. La norma oficial fundamenta que “es necesario readecuar las partidas presupuestarias” según el análisis técnico realizado por el Ministerio de Salud, permitiendo así al Ejecutivo un reordenamiento interno sin depender de una nueva asignación legislativa.
