La Comisión investigadora concluyó que el Presidente actuó de forma reiterada y coordinada en la promoción de un esquema fraudulento. El documento, que se presentará la próxima semana, sostiene que los elementos reunidos podrían fundamentar un juicio político, aunque el nuevo escenario parlamentario complica su viabilidad.
A pocos días de la finalización de sus labores, la Comisión del Criptoescándalo celebró su sesión definitiva, cerrando una investigación marcada por la resistencia del Gobierno y la negativa de sus funcionarios a comparecer. El producto de este extenso trabajo, un informe final que será oficializado el próximo 18 de noviembre, apunta directamente a la responsabilidad política del presidente Javier Milei en la promoción y difusión de una estafa masiva con criptomonedas.
Según pudo conocer este diario, las conclusiones del órgano parlamentario establecerán un elevado nivel de implicación y responsabilidad del mandatario en la operatoria fraudulenta del token $LIBRA. La investigación logró determinar que este episodio no fue un hecho aislado, sino parte de un modus operandi recurrente en el que Milei habría actuado en concierto con los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
El documento revela la dimensión del perjuicio colectivo: de las más de 143.000 billeteras que participaron en el esquema, un abrumador ochenta por ciento registró pérdidas. En un contraste escandaloso, solo treinta y seis cuentas lograron extraer ganancias que superaron el millón de dólares cada una, evidenciando un mecanismo diseñado para beneficiar a un puñado de actores a costa de una mayoría de inversores.
El camino para alcanzar estas conclusiones estuvo plagado de obstrucciones. Desde su creación en abril, la Comisión enfrentó un bloqueo sistemático por parte del oficialismo, la desidia del Poder Judicial y la rebeldía de una decena de funcionarios y empresarios citados que se negaron a prestar declaración. A pesar de este cerco, la investigación avanzó mediante la incorporación de documentación crucial proveniente de exchanges, informes técnicos especializados y el análisis minucioso de las pruebas recolectadas, material que fue sistematizado en un voluminoso expediente.
La secretaría de la Comisión, a cargo del diputado Juan Marino, destacó que el cúmulo de evidencias no solo confirma las hipótesis iniciales, sino que las robustece. Aquel informe preliminar ya señalaba que la conducta del Presidente constituía una colaboración imprescindible para la concreción de una estafa, tal como la define el Código Penal.
Entre los hallazgos más significativos se cuenta la identificación de una maniobra anterior, idéntica en su desarrollo, con el token $KIP, en la que intervinieron los mismos actores. Este descubrimiento consolida la tesis de un patrón de comportamiento deliberado.
Ante la continua falta de colaboración de los poderes del Estado, la Comisión no se disuelve sin presentar batalla judicial. Anunció que interpondrá un recurso ante la Corte Suprema y promoverá denuncias disciplinarias contra el juez y el fiscal que obstruyeron la pesquisa, además de iniciar acciones penales contra los funcionarios que desoyeron las citaciones.
El informe final pondrá sobre la mesa la posibilidad de impulsar un juicio político contra el Presidente, una decisión que ahora recae en los bloques parlamentarios. No obstante, en los pasillos del Congreso se reconoce que la nueva composición de la Cámara, donde el oficialismo aseguró el tercio de bancas necesario, funciona como un blindaje institucional que vuelve casi inviable cualquier sanción, dejando en suspenso la rendición de cuentas por uno de los escándalos financieros más significativos de los últimos tiempos.
