Un «evento acústico» registrado horas después del último contacto confirmó lo que muchos temían: una implosión catastrófica. La lucha incansable de los familiares por la verdad choca contra la lentitud judicial y las sombras de las responsabilidades políticas y navales.
Un silencio abrupto sobre las aguas del Atlántico Sur marcó el principio de una de las tragedias más conmovedoras y enigmáticas de la historia naval argentina. Cada 17 de noviembre, el país recuerda la desaparición del submarino ARA San Juan con sus 44 tripulantes, un episodio que no sólo conmueve por la pérdida humana, sino que se ve agravado por un dato crucial y poco divulgado en su momento: apenas horas después de perder comunicación, un mecanismo internacional de vigilancia para pruebas nucleares registró un «evento acústico» compatible con una implosión. Este indicio, reconocido oficialmente meses más tarde, acelera los hechos a un margen de segundos y plantea una pregunta desgarradora que persiste hasta hoy: ¿habría sido posible evitar el desenlace fatal con una decisión diferente minutos antes?
Con esta interrogante flotando en el aire, se reconstruye la historia completa del caso. El ARA San Juan, un submarino de la clase TR-1700 construido en Alemania Occidental, ya arrastraba una trayectoria operativa signada por demoras y crecientes complicaciones en su mantenimiento. Una extensa renovación de media vida, entre 2008 y 2013, había generado críticas por la postergación de trabajos esenciales. Este contexto técnico y presupuestario se erigió como el telón de fondo de la tragedia. Los letrados que representan a la mayoría de las familias, los doctores Fernando Burlando y Valeria Carreras, han sido contundentes al respecto. «A estos 44 héroes los mandaron en un viaje a la muerte», sentenció Burlando, mientras Carreras subrayó que «el submarino salió a navegar en las pésimas condiciones en que lo hizo», un hecho que, aseguran, es inseparable del análisis judicial.
El viaje final comenzó el 8 de noviembre de 2017, cuando la nave zarpó desde Ushuaia con rumbo a su base en Mar del Plata. Siete días después, a las 07:31 horas, el submarino, sumergido en una patrulla entre el Golfo San Jorge y el Atlántico, informó sobre la entrada de agua de mar en el tanque de baterías número 3, lo que provocó un incendio o cortocircuito. Ese fue el último contacto oficial. Tres horas más tarde, a las 10:31, los sensores de la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares captaron un sonido característico de implosión en la misma zona.
Inmediatamente, se desplegó un gigantesco operativo de rescate y búsqueda con la colaboración de varias naciones. No obstante, el 30 de noviembre, la Armada argentina declaró concluida la fase de rescate, extinguidas las esperanzas de hallar sobrevivientes. La angustia de las familias se transformó en una espera desgarradora. Un año más tarde, en noviembre de 2018, la empresa noruega Ocean Infinity, contratada por el Estado, localizó los restos del casco a 907 metros de profundidad. Las imágenes confirmaron la implosión: la estructura estaba fragmentada y dispersa en un área extensa, indicando que la tripulación pereció de manera instantánea.
El análisis técnico posterior señaló que el submarino sufrió una explosión de hidrógeno generada por el cortocircuito en las baterías inundadas. Esto inició un descenso irregular que culminó cuando la presión oceánica quebró el casco, provocando la implosión con una energía liberada equivalente a más de cinco toneladas de TNT. Los abogados querellantes insisten en que la nave fue enviada a patrullar con fallas conocidas y alertas ignoradas. «La nave fue mandada sabiendo que tenía fallas y los avisos internos no fueron atendidos con la urgencia requerida», afirmaron, sosteniendo que no se trató de un accidente inevitable, sino de un «envío al sacrificio».
La batalla jurídica ha sido tan extensa como dolorosa. Después de años de recursos, apelaciones y debates sobre la jurisdicción, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el juicio oral se realizará en la provincia de Santa Cruz. Cuatro oficiales navales —el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, los capitanes de navío Claudio Villamide y Héctor Alonso, y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa— enfrentan cargos por incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado. Paralelamente, la querella impulsa la investigación de las responsabilidades del entonces presidente Mauricio Macri, su ministro de Defensa, Óscar Aguad, y el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur.
Mientras la justicia avanza con lentitud, las familias han transformado su dolor en un ejercicio de memoria colectiva. Fotografías, misas y caravanas mantienen viva la demanda de verdad y justicia. «Que estos muchachos no sean sólo una estadística más, que tengan nombre y apellido y que haya justicia», es el clamor unánime. A ocho años de la tragedia, el hallazgo del submarino en las profundidades abisales no ha cerrado las heridas. La deuda pendiente es desentrañar, en la superficie, las responsabilidades que condenaron a 44 seres humanos a un silencio eterno, y asegurar que el sistema judicial complete su labor con respuestas definitivas que impidan que el olvido se prolongue.
