El jefe de Gabinete defendió la gestión nacional sin abordar la investigación judicial que lo salpica, pero los gobernadores, incluso aquellos de origen peronista que suelen respaldar al oficialismo, manifestaron su disconformidad con el informe brindado ante el Congreso
En un escenario de creciente tensión fiscal y reconfiguración de responsabilidades entre los distintos estratos del Estado, la administración de Javier Milei avanza a paso firme en su propósito de transferir obligaciones hacia las jurisdicciones provinciales. El mandatario nacional, caracterizado por su postura inflexible, está alcanzando su objetivo: los jefes territoriales ejecutan ajustes en sus propios presupuestos y se hacen cargo de proyectos de infraestructura que fueron interrumpidos por decisión del gobierno central. Este modelo fue explícitamente respaldado por Manuel Adorni durante su presentación en el Parlamento, ocasión en la que el funcionario se centró en los logros de gestión y eludió cualquier mención sobre la pesquisa judicial que lo involucra. No obstante, ya sea por la coyuntura crítica que atraviesa el país, por una mutación en el ánimo colectivo o como señal de cara a los comicios de 2027, son contados los líderes provinciales que salen en defensa del presidente. Y aún más reducido es el número de aquellos que quedaron conformes con la exposición del titular de Gabinete.
El pasado viernes, Raúl Jalil inauguró el período de sesiones ordinarias en la legislatura catamarqueña sin dirigir críticas hacia la Casa Rosada. Esta actitud se constituyó en una rareza entre los aliados de origen justicialista, quienes en su mayoría no escatimaron reproches. Desde la tierra colorada, Hugo Passalacqua realizó un diagnóstico severo sobre la situación general del país, mientras que en Tucumán, Osvaldo Jaldo aconsejó a los asalariados proteger sus fuentes laborales. “Incluso quienes perciben un sueldo no logran cubrir sus gastos hasta fin de mes, aquellos que aún cuentan con empleo no la están atravesando bien”, confesó durante un acto en el que abordó el problema del endeudamiento de los trabajadores argentinos. Además, el mandatario tucumano, que previamente había objetado la reforma laboral por considerarla “un traje a la medida de Milei”, dejó una advertencia contundente: “Cuiden el puesto de trabajo. Quien pierde su empleo en esta Argentina difícilmente pueda conseguir otro”.
Con un tono diferente, Jalil festejó desde su provincia la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un mecanismo que el peronismo rechazó en bloque excepto los representantes del Norte argentino. Con acceso a partidas discrecionales provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al igual que sus pares de Tucumán y Misiones, el catamarqueño evaluó positivamente el impacto de la actividad minera: “En el primer trimestre de 2025, Catamarca exportó 89 millones de dólares pero en el mismo período de 2026 alcanzamos los 177 millones de dólares”. Sin embargo, admitió que debió socorrer al sector textil mediante subsidios que benefician al 93 por ciento de los operarios, al tiempo que celebró la generación de 17 nuevos puestos laborales durante abril, un hecho inédito. No es todo: al resto de las empresas locales destina 622 millones de pesos en un intento por contener una caída más pronunciada del empleo.
Jalil, cuya estrategia se basa en evitar el enfrentamiento con Milei, describió las consecuencias del contexto recesivo nacional sobre el sistema sanitario y el desplazamiento de pacientes desde la medicina privada hacia la pública. En ese marco, anunció el envío de un proyecto legislativo para fomentar el trabajo en el ámbito privado mediante estímulos económicos “para que las personas puedan migrar del sector estatal al sector privado manteniendo y abonando las cargas sociales”. El gasto será compensado con otra norma que favorecerá el retiro voluntario en la administración pública local, una motosierra aplicada sobre el empleo estatal similar a la que Adorni destacó con aplausos frente al Parlamento.
En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua se mostró menos optimista y declaró el cese de la denominada ‘Aduana Paralela’. “Para enfrentar con acciones concretas la crisis derivada de la contracción económica, anuncio la suspensión del pago a cuenta en el Control Fiscal en Ruta”, expresó ante la legislatura provincial. La medida beneficiará a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados. En su caso, y pese a que los legisladores de su espacio suelen alinearse con el oficialismo nacional, responsabilizó a la gestión de Milei por la paralización de obras públicas. Sus diputados actuaron de manera similar durante la exposición de Adorni. “Debido al abandono sobre las rutas nacionales vamos a intervenir con mayor infraestructura la ruta nacional 14”, anticipó, e hizo lo propio respecto al puente que conecta Santa Rita con Colonia Aurora: “una obra suspendida por Nación hace dos años que llevaremos adelante con fondos propios”. También beneficiario de partidas de ATN, Passalacqua cuenta con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo aprobado para septiembre que destinará al mejoramiento de caminos provinciales.
Su ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, adelantó que se implementará un recorte de gastos y una redefinición de prioridades para equilibrar las cuentas frente a la merma en la recaudación durante el último año, que asciende aproximadamente a 40.000 millones de pesos mensuales. Reconoció que “no se puede compensar, hay que ajustarse” y anticipó que se establecerán prioridades de gestión.
Una provincia contundente en sus críticas fue La Pampa, gobernada por Sergio Ziliotto, un mandatario que apenas logra ser recibido en la Casa Rosada y sin privilegios especiales. Ante una consulta puntual sobre la distribución de los ATN, el jefe de Gabinete negó que existieran solicitudes no atendidas y ejemplificó con el caso pampeano. Desde el entorno de Ziliotto lo desmintieron, exhibiendo los distintos requerimientos elevados a Nación. “La declaración del funcionario nacional genera sorpresa, ya que La Pampa presentó en reiteradas oportunidades pedidos formales de asistencia financiera”, explicaron y detallaron las notas elevadas el 23 de mayo de 2025, el 1 de octubre de 2025, y una tercera misiva más reciente dirigida al ministro del Interior, Diego Santilli, el pasado 19 de febrero.
El desequilibrio financiero es “provocado por decisiones fiscales del Gobierno nacional que redujeron de manera sustancial los recursos coparticipables de las provincias”, consideraron los pampeanos. Reclaman “el incumplimiento en la asistencia para cubrir los déficits previsionales de las cajas jubilatorias no transferidas y la necesidad urgente de acompañamiento económico tras el temporal del 18 de febrero de 2026, que ocasionó importantes daños en Santa Rosa y Toay”. Sin embargo, no solo no obtuvieron respuesta ni siquiera a la nota posterior al fenómeno climático, sino que Adorni negó la existencia de cualquier pedido de auxilio provincial.
De manera similar, se quejaron los cordobeses que tanto en el Congreso como a través de la voz del gobernador Martín Llaryora vienen reclamando por la situación del PAMI y en contra de la suspensión de obras nacionales. El diputado Carlos Gutiérrez, muy cercano a Juan Schiaretti, leyó en forma textual una promesa de Adorni. “Expresó claramente que el Gobierno va a saldar la deuda de Anses con Córdoba”, aseguró sobre un reclamo que llegó a la Corte Suprema. “Hay un compromiso muy claro expresado de que la Nación va a honrar sus deudas y en el caso de Córdoba la deuda por las cajas previsionales está consolidada en 247.000 millones de pesos y más de 1 billón si se actualiza. Por lo tanto, ya no hay excusas, solo nos tiene que decir cómo nos van a pagar”, señaló Gutiérrez sobre fondos que Llaryora destinará al aumento de jubilaciones.
Como el resto de sus colegas, tampoco lo satisfizo la falta de respuesta por el estado de las rutas, entre ellas la Ruta Nacional 158 que une Las Varillas con Río Cuarto. “Es de una enorme caradurez decir que el concesionario de mantenimiento está en funcionamiento cuando todos los que transitamos por esa ruta sabemos que hay un absoluto abandono”, sentenció y pidió modificaciones en la ley de biocombustibles. “Una nueva ley, como la que impulsa la Liga Bioenergética de las provincias es más necesaria que nunca”, subrayó Gutiérrez, quien consideró que la “lamentable” guerra en Oriente “es una oportunidad para aumentar el corte de los biocombustibles y lo que no puede contestar el Gobierno es que el mercado regula en función de lo que cada petrolera define voluntariamente debe ser el porcentaje de corte de biocombustibles”.
Con sabor amargo como el amplio abanico de la oposición, Gutiérrez afirmó que “los reclamos de las provincias, federales, productivos y de infraestructura, no han sido satisfechos por el ministro Adorni”. A idéntica conclusión arribaron los correntinos que aprovecharon –como muchos diputados– para consultar asuntos propios. Adorni reconoció que se detuvieron los trabajos en los 13 kilómetros de la Autovía 2 que estaban en ejecución en Corrientes, aunque no proporcionó ninguna precisión sobre cuándo se reanudarán las tareas. La consulta fue realizada por el diputado correntino Diógenes González, el ganador de la elección general de octubre, legislador que dejó en segundo lugar a una favorita de Milei como Karen Reinhart. Según González existe un “plano inclinado” en detrimento del Norte Grande, una región donde en octubre triunfó La Libertad Avanza.
