El diputado socialista Esteban Paulón presentará una denuncia penal contra el ex presidente de la empresa Demian Reidel, el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras revelarse gastos en discotecas, peluquerías, ropa femenina y free shops con la tarjeta corporativa de la firma. Mientras el gobierno pregona austeridad, los registros oficiales exhiben erogaciones en playas privadas, hoteles de lujo y tiendas internacionales.
A cada nueva jornada, emergen pruebas contundentes que retratan una práctica instalada en la gestión del presidente Javier Milei: la utilización de recursos estatales para satisfacer anhelos y caprichos personales. El último episodio de esta trama tiene como escenario a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa pública encargada de las centrales atómicas del país, cuyos plásticos corporativos reflejan desembolsos en ámbitos tan disímiles como discotecas, salones de estética, alquiler de sombrillas en la costa, tiendas libres de impuestos y comercios de indumentaria femenina. Esta catarata de operaciones financieras terminará desembocando en los estrados judiciales.
El diputado socialista Esteban Paulón confirmó en exclusiva a este diario que impulsará una querella por malversación de fondos públicos contra el entonces presidente de NASA, Demian Reidel; el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo; y el vocero presidencial y jefe de ministros, Manuel Adorni. “En paralelo a los despidos y al disciplinamiento fiscal dentro del sector nuclear argentino, los directivos de la compañía se hallaban festejando cumpleaños”, enfatizó el legislador con visible indignación.
Según pudo reconstruir Página/12, la denuncia se sustentará en el anexo que el propio Adorni entregó a los diputados, donde quedan al desnudo erogaciones que Paulón califica como “hurto hormiga” mediante las tarjetas empresariales. El parlamentario, perteneciente al bloque Provincias Unidas, subrayó que este nuevo capítulo evidencia una fachada de rigurosidad económica que el gobierno de Milei esgrime mientras en simultáneo incurre en conductas propias de la casta que prometió erradicar. “Resulta paradójico ese discurso de terminar con los privilegios, recortar hasta las medialunas o racionalizar salarios, cuando la conducta efectiva al ejercer el poder revela que conciben los bienes de todos como extensiones de su patrimonio privado”, sentenció el socialista.
El texto que llegará a la Justicia este martes pondrá el acento en la respuesta número 859 del informe oficial brindado por el jefe de Gabinete ante la Cámara Baja, documento que surgió a raíz de un cuestionario formulado por la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano. Paulón solicitará al tribunal que investigue con lupa presuntos desembolsos personales en rubros como perfumería, artículos cosméticos y peluquería, así como compras en tiendas duty free —localizadas principalmente en aeropuertos españoles— que acumulan un total de 5.957 dólares estadounidenses y 1.100.000 pesos argentinos.
La nómina de gastos cuestionados también señala consumos registrados los días 18 de enero, 7 y 11 de febrero del corriente año en el establecimiento denominado “Pub El Pirata” y en el servicio playero “Mar y Sombra SL”, donde se facturaron sombrillas, sesiones de masajes, cócteles y aperitivos. A ello se suman erogaciones en cadenas internacionales como “Decathlon Ortega y Gas”, “Adidas India” y “Adidas Istanbul” en diversas locaciones como Río de Janeiro, Punta Cana, Angra dos Reis y Salamanca. El detalle incluye compañías aéreas con consumo a bordo —Air Europa, American Airlines y United Airlines— junto a hoteles de alta gama y alquileres transitorios como el Hotel Mayorazgo de Madrid, el Facade Hotel Amsterdam, el Hotel Du Parc Baden AG en Suiza, el St. Regis Hotel Singapur, el Hotel Meliá Castilla, el Gale Miami Hotel and Resort, el Windsor Leme Hotel, el Vienna Marriott Hotel y el Meliá Vienna.
El denunciante aclaró que la documentación proporcionada por el Ejecutivo no especifica qué funcionario realizó cada operación, y que actualmente alrededor de un centenar de personas poseen tarjetas corporativas activas. Por ello, en esta primera instancia la acusación se dirigirá contra Caputo, Adorni y Reidel, aunque Paulón anticipó que “posteriormente habrá que determinar quiénes específicamente efectuaron esos consumos”. Nucleoeléctrica, históricamente controlada por el Estado, tiene al Ministerio de Economía como accionista mayoritario con el 79% de las acciones, seguido por la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina S.A. (1%). Todo esto ocurre mientras la empresa transita un proceso de privatización parcial que busca transferir el 44% de su capital al sector privado mediante licitación pública.
La diputada Florencia Carignano, por su parte, subrayó que esta revelación adquiere especial relevancia dado el contexto de desinversión estatal, y adelantó que solicitará que el expediente sea analizado también en la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, donde tiene asiento. La legisladora explicó que, ante la parálisis legislativa de las comisiones conducidas por La Libertad Avanza —que nunca dieron tratamiento a un pedido de informe que ella misma había impulsado—, optó por recurrir a una herramienta al alcance de toda la ciudadanía: el acceso a la información pública. “Con los antecedentes de estos dos años, donde apenas se tratan los pedidos en comisiones oficialistas, decidí avanzar por otra vía. Presenté un requerimiento de acceso a la información, donde existen plazos y obligación de responder, y finalmente obtuvimos una respuesta que hoy es de público conocimiento”, escribió la diputada en su cuenta de la red social X.
El anuncio de Paulón no se detiene allí. El legislador adelantó que también impulsará un nuevo pedido de acceso a datos públicos para conocer la nómina de trabajadores que viajaron al extranjero, los lugares donde se hospedaron y los viáticos asignados. Asimismo, solicitará esclarecer si esos gastos fueron rendidos conforme a la normativa, puesto que le resultan especialmente llamativos “los montos excesivos en las extracciones” que figuran en el informe de Adorni. “Solamente en enero de 2025 se registraron retiros por un valor total de 50 millones de pesos”, remarcó el diputado socialista.
El trasfondo de este escándalo adquiere dimensiones dramáticas si se considera que Nucleoeléctrica atraviesa un período de ajuste feroz con proyecciones de despidos masivos. El responsable de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, solicitó hace apenas unos días reducir la dotación de la compañía a solo 600 trabajadores, argumentando que con ese número sería suficiente para su funcionamiento. Actualmente la firma emplea a 3.000 personas, por lo que la estabilidad laboral de 2.400 familias pende de un hilo. Todo ello mientras la empresa estatal sigue siendo la operadora de las tres centrales nucleares que generan electricidad en Argentina —Atucha I, Atucha II y Embalse— y comercializa la energía producida en el Mercado Mayorista Eléctrico (MEM).
En medio de la tormenta, el nuevo presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos, salió al cruce de las acusaciones a través de sus redes sociales. Campos informó que resolvió cancelar de inmediato todas las tarjetas corporativas y argumentó que “cada desembolso efectuado que no fue considerado justificado fue oportunamente detectado, y se solicitó la devolución de los montos correspondientes”. El directivo intentó desligarse de la gestión de su antecesor Demian Reidel al destacar que, tras la renuncia de este último en febrero de 2026, una de sus primeras medidas consistió en “ordenar un análisis pormenorizado de los consumos en el extranjero realizados con las tarjetas empresariales”. “Dado que el esquema cambiario ha vuelto a ser libre, he dispuesto modificar este sistema obsoleto, discontinuando el uso de crédito corporativo para viajes, con el propósito de simplificar, transparentar y centralizar la administración de los recursos del canon diario en desplazamientos al exterior”, concluyó Campos. Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si las excusas y los cambios sobre la marcha alcanzan para disipar el olor a abuso de poder que emana de los comprobantes.
