Periodistas, activistas y representantes de organismos defensores de los derechos fundamentales declararon ante el fuero legislativo tras los violentos episodios suscitados en la reciente movilización contra la normativa de extranjerización territorial. Los comparecientes alertaron sobre la letalidad encubierta de los dispositivos antidisturbios y la inquietante presencia de agentes de civil carentes de identificación oficial.
En una jornada que quedará grabada en la memoria institucional del palacio legislativo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja convocó a una audiencia pública de carácter extraordinario con el propósito de esclarecer los acontecimientos acaecidos durante la protesta social del jueves precedente. Aquella manifestación, que reunió a millares de ciudadanos en el perímetro del Congreso Nacional para expresar su férreo rechazo al proyecto de ley sobre la extranjerización de las tierras productivas, derivó en un escenario de confrontación que ha encendido todas las alarmas en el espectro político y social. El cónclave, que se extendió por más de cuatro horas en el salón de audiencias, contó con la participación estelar de cronistas gráficos, reporteros de prensa escrita, lentes de fotoperiodismo, activistas de derechos civiles y delegados de las más prestigiosas asociaciones defensoras de las libertades públicas, todos ellos damnificados directa o indirectamente por la actuación de las fuerzas del orden.
La reunión fue inaugurada por el presidente del organismo parlamentario, Horacio Piertragalla, quien de inmediato puso sobre la mesa una cuestión procesal de extrema gravedad que condicionó el desarrollo de la audiencia. El legislador informó a los presentes que los ciudadanos que habían sido aprehendidos durante el operativo policial y que posteriormente recobraron su libertad, se hallaban imposibilitados de comparecer ante la comisión debido a una restricción judicial que les prohíbe aproximarse a un radio inferior a los quinientos metros del edificio del Congreso. Esta medida cautelar, que los expertos en jurisprudencia han calificado como un acto de prejuzgamiento inadmisible en un estado de derecho, impidió que aquellas voces que sufrieron en carne propia la dureza del accionar estatal pudieran ofrecer su testimonio directo sobre los pormenores de la detención y los maltratos sufridos. Piertragalla no ocultó su malestar ante esta traba burocrática y jurídica, subrayando que la restricción atentaba contra la esencia misma de la búsqueda de la verdad que motivaba la convocatoria.
A lo largo de la extensa sesión, los oradores fueron desgranando un relato coral que pintó un cuadro sombrío y alarmante de lo que calificaron como la deriva autoritaria del actual gobierno. Los denunciantes coincidieron en señalar que la respuesta estatal ante la movilización ciudadana no fue simplemente desproporcionada, sino que evidenció un modus operandi sistemático de criminalización de la protesta social. Las declaraciones giraron en torno a dos ejes principales de crítica que concitaron la atención y preocupación de los legisladores presentes.
El primer punto de inflexión en las exposiciones fue el uso táctico de los denominados implementos de disuasión no letales. Lejos de ser empleados como una herramienta para la dispersión controlada de la multitud, los comparecientes manifestaron su estupor y su repudio ante lo que describieron como una aplicación aberrante de estos artefactos. Los periodistas gráficos, que se encontraban en la primera línea de fuego cumpliendo con su deber de informar, mostraron impactantes registros fotográficos donde se evidenciaba que los agentes habían efectuado disparos de proyectiles de goma y botes de gas lacrimógeno a escasa distancia y apuntando directamente a zonas vulnerables del cuerpo humano, como el rostro, el cuello y el torso. Esta praxis, arguyeron los expertos en seguridad, convierte a estas armas, concebidas en principio para minimizar el daño, en elementos de alto poder lesivo que pueden ocasionar traumatismos severos, pérdida de visión o incluso el deceso del afectado. La naturalización de esta violencia, advirtieron, es un síntoma preocupante de la progresiva erosión del respeto por la vida y la integridad física de los ciudadanos.
El segundo núcleo de las acusaciones, que generó un profundo malestar entre los asistentes, estuvo vinculado con la actuación de efectivos vestidos de civil que se infiltraban entre la masa de manifestantes. Los denunciantes subrayaron la total ausencia de identificación visible en estos agentes, lo que constituye una violación flagrante de los protocolos estándar de actuación policial y una vulneración del derecho a la legítima defensa de los ciudadanos. La imposibilidad de distinguir a un funcionario público de un provocador o de un delincuente común crea un clima de zozobra e incertidumbre que, según los relatos, fue hábilmente aprovechado para sembrar el caos y justificar posteriormente una represión aún más feroz. Los activistas de derechos humanos denunciaron que esta metodología de camuflaje no es un hecho aislado o fortuito, sino que responde a una estrategia deliberada destinada a desmovilizar y atemorizar a quienes ejercen su derecho constitucional a la manifestación pacífica.
El clima de la audiencia se tornó especialmente tenso cuando los representantes de los organismos de derechos humanos tomaron la palabra para realizar una ponderación global de la situación política actual. En sus intervenciones, no dudaron en catalogar al mandato vigente como la administración más feroz y represora desde el retorno del sistema democrático a la nación. Esta afirmación categórica, que resonó con fuerza en el recinto, se basó en un análisis comparativo de los índices de conflictividad social, el número de detenidos en jornadas de protesta, las denuncias por torturas y malos tratos en comisarías, y la creciente militarización de los espacios públicos. Los oradores hicieron hincapié en que la violencia estatal ya no es una excepción, sino una regla que se repite con alarmante frecuencia, vulnerando sistemáticamente los principios básicos del Estado de Derecho y los tratados internacionales suscritos por el país en materia de garantías individuales.
Al cierre de la jornada, el presidente de la comisión, Piertragalla, tomó nota de todas las exposiciones y se comprometió a elevar un informe detallado al pleno de la Cámara de Diputados, solicitando además la revisión de las medidas cautelares que impiden la comparecencia de los detenidos liberados. Los legisladores de la oposición, por su parte, anunciaron que solicitarán la citación del ministro del Interior y del jefe de la Policía Federal para que ofrezcan su versión de los hechos y expliquen los protocolos de actuación en el marco de las movilizaciones sociales. La audiencia concluyó con un llamado unánime a la reflexión y a la necesidad imperiosa de frenar lo que consideran una escalada represiva inaceptable en una sociedad que se precia de ser libre y democrática. Las organizaciones sociales, entretanto, ya han convocado a nuevas concentraciones para la próxima semana, advirtiendo que la lucha contra la normativa de extranjerización y contra la violencia institucional no cesará hasta que se garanticen plenamente los derechos constitucionales.
