Un informe final de diputados detalla presuntas responsabilidades políticas del Primer Mandatario y su hermana en la promoción de una criptomoneda fraudulenta, revelando transferencias sospechosas, reuniones sin justificación y un patrón de conducta que borra los límites entre lo público y lo privado.
El Presidente Javier Milei se encuentra en el ojo del huracán tras la divulgación de un exhaustivo informe de la Comisión $LIBRA, que lo señala como promotor central de una operación considerada una estafa criptográfica. El documento, ya en poder del fiscal Eduardo Taiano, sostiene que el Jefe de Estado comprometió la investidura presidencial al publicar en su cuenta oficial de X el contrato de un token que no era de acceso público, sin haber explicado hasta la fecha cómo obtuvo dicha información. Este acto fortalece la presunción de un vínculo directo y previo con los creadores de la controversial moneda digital.
La investigación probó la existencia de nexos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales. El rastreo técnico en la blockchain permitió detectar flujos de dinero entre estos actores, cuyos montos y fechas coinciden con lo estipulado en un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del Presidente. Lejos de tratarse de un hecho aislado, la maniobra se inscribe en un patrón repetitivo, ya que en diciembre de 2024 se registró una operación similar con el KIP Protocol, proyecto que también contó con el aval público de Milei.
Frente a estas evidencias, las declaraciones del Mandatario, quien afirmó desconocer los pormenores del proyecto y alegó haber simplemente compartido información pública, son consideradas por la Comisión como carentes de todo sustento. Esta conclusión se ve reforzada por la falta de un motivo fundado que justifique las dieciséis reuniones registradas entre los involucrados y el Presidente en la Casa Rosada y Olivos.
El informe es terminante al atribuir responsabilidad política a Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, por la sucesión de hechos ligados a la criptomoneda. Además, se resolvió denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo que obstruyeron la investigación, incurriendo en un posible incumplimiento de sus deberes.
La promoción presidencial presentó la operación como un instrumento de inversión legítimo, cuando en realidad se trataba de una «memecoin» diseñada para un «rug pull» o estafa, orquestada por un grupo con información privilegiada. Las consecuencias fueron devastadoras: análisis técnicos recibidos por los diputados indican que 114.410 billeteras virtuales registraron pérdidas, con 498 de ellas perdiendo más de cien mil dólares. Estas cifras desmienten rotundamente la versión del Presidente, quien minimizó el alcance afirmando que no habrían sido más de cinco argentinos los afectados.
La gravedad institucional es subrayada con énfasis. El informe considera que, al utilizar su cuenta verificada institucionalmente para promocionar $LIBRA, Milei desdibujó los límites entre lo público y lo privado en una conducta sostenida. La reiteración de este modus operandi en otras maniobras financieras irregulares, donde reaparecen los nombres de Novelli y Terrones Godoy, sugiere una voluntad deliberada de evadir los controles institucionales.
El entramado se complejiza con la incorporación de un nuevo partícipe: Matías Mario Mudry, responsable administrativo de la Fundación Bitcoin Iberoamérica. El rastreo de las billeteras digitales reveló que Mudry habría recibido aproximadamente 1,2 millones de dólares en fechas cruciales para la operatoria bajo investigación.
Expertos que colaboraron con la Comisión, como Fabricio Molina, han alertado sobre movimientos recientes y sospechosos de fondos vinculados al caso, los cuales coinciden con la presentación del informe final y un nuevo pedido de la fiscalía para congelar esos activos. Asimismo, la diputada nacional Sabrina Selva expuso durante la presentación cómo las transferencias de grandes sumas a cuevas cripto identificadas por la justicia se produjeron en días posteriores a tuits presidenciales o reuniones con Karina Milei, estableciendo una inquietante correlación temporal que la Comisión continúa investigando.
