El entramado de fuerzas concentradas en los tribunales de Comodoro Py intensifica el hostigamiento contra Cristina Fernández. Bajo un pretexto formal, imponen restricciones inéditas a sus visitas, en una maniobra que busca su aislamiento político y que parece responder a declaraciones del embajador estadounidense.
El entramado político, judicial y mediático que tiene su epicentro en los tribunales de Comodoro Py ha intensificado su ofensiva contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta, quien hasta ahora no enfrentaba límites numéricos para recibir personas en su residencia de San José 1111 –a diferencia de otros condenados con prisión domiciliaria que no sufren controles–, se ve ahora sometida a un régimen de visitas draconiano y sin precedentes.
El detonante de esta nueva escalada fue un encuentro con nueve jóvenes economistas, autorizado previamente y de manera individual por el juez de Ejecución Penal, Jorge Gorini. Sin embargo, el tribunal consideró que la reunión constituyó una violación porque los asistentes concurrieron de manera simultánea. Con esta excusa, se decidió imponer a la líder del espacio político una férrea restricción: sólo podrá recibir visitas dos veces por semana, con un máximo de tres personas y por un lapso no mayor a dos horas. Ninguno de estos parámetros se aplica a otros procesados en su misma condición, incluyendo a condenados por delitos de lesa humanidad.
La propia Fernández de Kirchner se refirió al caso a través de sus redes sociales, recordando que en ocasiones anteriores había recibido a grupos de personas sin que ello generara objeciones. “Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al gobierno de Milei es que hablamos de un modelo nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”, afirmó la expresidenta. En su mensaje, vinculó la persecución judicial con la crítica al actual modelo económico, al que responsabilizó por la desaparición de miles de empresas y la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo.
Esta maniobra judicial se enmarca en una ofensiva más amplia y vertiginosa. La Cámara de Casación, sin mediar recurso alguno, intervino en la causa conocida como «Cuadernos» para exigir más audiencias semanales y sin receso estival, en una clara intromisión que vulnera la independencia del tribunal y busca acelerar una nueva condena. La presión mediática ha sido un factor constante, orquestando una campaña que exige limitar las actividades políticas de la vicepresidenta.
En el horizonte de esta embestida aparecen también los intereses geopolíticos. Las declaraciones del embajador estadounidense, Peter Lamelas, quien ante el Senado de su país prometió asegurar que “Cristina Kirchner reciba la justicia que se merece”, resonaron como un eco siniestro de lo que hoy se ejecuta en los estrados judiciales. La avanzada del secretario de Estado Marco Rubio, quien solicitó sanciones contra la expresidenta y su familia, completa un cuadro donde la presión externa y la sumisión interna parecen confluir.
La conclusión de la vicepresidenta fue lapidaria. “Ya que esto es así y parece que no va a cambiar… ¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales que primero arman mediáticamente?”, se preguntó, en una ácida crítica a la colusión entre el poder mediático y el judicial. El aparato de persecución se muestra en su máxima expresión, confirmando que el objetivo último no es otro que el silenciamiento político de una voz que, pese a todo, se niega a callar.
